Gobernabilidad afectada

En un intento por sacar a su Gobierno del shock y la parálisis que le produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman, Cristina Fernández de Kirchner se puso, a través de una contribución en Facebook, del lado de una abrumadora mayoría de la opinión pública que cree que al fiscal lo asesinaron (o como muchos prefieren decirlo, lo “suicidaron”). Claro que una vez que se plantea como posibilidad un homicidio, hace falta encontrar un móvil. Y el móvil que plantea la Presidente es el de ocasionarle un grave perjuicio a su Gobierno. En palabras de la mandataria: “La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller y al Secretario General de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.”

La Presidente dice no tener pruebas ni dudas que al fiscal Nisman lo hicieron volver para apurar la presentación de una denuncia falsa y floja de papeles, para después matarlo de forma de darle más entidad a la denuncia y dañar aún más la credibilidad y reputación de su administración. Más allá de la verosimilitud de sus hipótesis, y de lo oportuno o no que CFK se comporte como un cronista o periodista con tendencia a la auto-referencia, lo que está claro es que ella y su Gobierno, al igual que una buena parte de la opinión pública, están convencidos que estamos ante un evento que lo afecta dramáticamente. Según una encuesta preparada por Mariel Fornoni, el 63% de los encuestados cree que la muerte del fiscal Nisman afecta mucho la imagen presidencial y otro 21% que la afecta algo. Sólo un 13% cree que la imagen presidencial no se ve afectada por la muerte del fiscal.

Y esto es lo central, al menos para tratar de hacernos una idea de qué puede suceder de aquí en más en materia política y económica. El estado de los fundamentals económicos de la Argentina no difería ni difiere sustancialmente de los que en otras oportunidades llevaron a recordadas correcciones macro. Lo inédito era que esa macro desequilibrada, y la dinámica de deterioro progresivo mostrado en los últimos años, convivía con una situación política signada por una dosis significativa de poder y gobernabilidad presidencial. 2014 fue un claro ejemplo de esa combinación inédita: un desequilibrio fiscal y monetario creciente; una restricción externa asfixiante y una recesión generalizada; y un gobierno capaz de ejercer presiones y sesgar determinados comportamientos económicos y financieros, de aprobar todas las leyes que se propuso (la mayoría sin consenso en la opinión pública) y de manejar la agenda mediática a su voluntad.

El “ancla” político viene impidiendo entonces que el deterioro macro se acelere y desemboque en un episodio similar a los que experimentó la Argentina en 1976, 1982, 1989/1990 y 2001/2002. La pregunta clave ahora es qué sucederá con esa pata política. Estamos aún en el medio del impacto, pero ya se vislumbran algunas de sus principales consecuencias. La más relevante es una reducción significativa de las posibilidades del oficialismo para colocar a un candidato con alguna chance de alcanzar una segunda vuelta. Con menor margen para convertirse en gran electora y con menores chances de garantizar un sucesor “confiable”, la capacidad de controlar la agenda política, judicial y mediática irá en descenso. La gobernabilidad, el principal o tal vez el único activo anti-crisis macro de la gestión de CFK, se verá afectada y la capacidad del Gobierno para manejar los tiempos de la política y la economía será puesta a prueba progresivamente.

Qué tanto y cuán rápido el ancla político se volverá más liviano no será ajeno de lo que suceda con la investigación en torno a la muerte del fiscal Nisman y con la denuncia de encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA iniciada por el fiscal. Pero lo que haga o deje de hacer la oposición (y eventualmente el peronismo) tendrá un rol determinante. El oficialismo la tendrá más fácil para preservar gobernabilidad durante más tiempo si la oposición no se esfuerza en capitalizar de manera más enfática la preocupación y el descontento de la opinión pública. Pero atención, no sólo el gobierno sino también la oposición podrían ser desbordados por esos sentimientos de la opinión pública.

La muerte del fiscal Nisman ha puesto a la economía en un tercer plano (por detrás del político y del judicial/procesal) pero no por mucho tiempo. Sobre todo si se convalida en los hechos la dinámica de deterioro de la gobernabilidad que planteamos en el punto anterior. 2015, aún antes de este “cisne negro”, ya se perfilaba como un año complicado. La confluencia de una macro más desequilibrada y más recesión (producto de la continuidad de las actuales políticas económicas), con un contexto internacional menos favorable (apreciación del dólar y menor crecimiento, sobre todo en Brasil) y un largo proceso electoral, auguraba incertidumbre y volatilidad creciente. La dolarización de los excedentes financieros en años electorales ha sido, desde hace tiempo, una constante. Y esa dolarización se podría acelerar, y eventualmente alcanzar también a los stocks, en el caso que estemos frente a un evento que desmorona la gobernabilidad. Es cierto que el Gobierno ha cerrado muchos de los caminos disponibles para dolarizarse. Pero, la efectividad de esas acciones podría verse reducida sustancialmente en tales circunstancias.

Si bien hoy resulta más probable que la carrera presidencial se le haga cuesta arriba al oficialismo, mientras el mero paso del tiempo nos pone más cerca del cambio de gobierno, no parece que esto resulte suficiente como para impulsar un escenario menos incierto y traumático. No obstante, esa expectativa de cambio ha servido, y sirve aún hoy, de ancla adicional de los precios de los activos de riesgo argentinos.

Por último, me parece relevante hacer notar que la incompetencia, la mala praxis y la impericia que emanan de los procedimientos policiales y judiciales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman pueden inscribirse, sin apelar a ninguna hipótesis de encubrimiento, a lo que es la norma en la actuación del Estado argentino. Un Estado elefantiásico, en cuanto al tamaño de su gasto y su omnipresencia, pero tremendamente ineficiente y prácticamente inexistente a la hora de proveer bienes públicos elementales como seguridad y justicia. Claro está que resulta lógico pensar que en esta oportunidad pueda haber algo más.

En síntesis, la muerte del fiscal Nisman podría desencadenar un proceso de afectación de la gobernabilidad tal que “la política” deje de servir de ancla de la dinámica de deterioro macroeconómico. En tal caso, la proximidad de las elecciones presidenciales, que auguran un cambio de figuras y de políticas, ayudará a reducir la velocidad del deterioro pero difícilmente podrá evitarlo.

La Argentina se encamina al default

El rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) al pedido de apelación presentado por la Argentina se produjo sin realizar ninguna consulta al gobierno de los Estados Unidos (al Procurador General). En consecuencia, dado que ese era el escenario más probable para el mercado, produjo una fuerte corrección en el precio de los activos de riesgo de la Argentina, tanto los soberanos como los privados. Y produjo que la agencia calificadora de riesgo S&P redujera dos escalones la calificación del soberano argentino de CCC+ a CCC-.

Pero ese no fue el único resultado adverso que recibió la estrategia argentina en los tribunales americanos. La Corte Suprema habilitó también el proceso de descubrimiento (Discovery) que les da a los holdouts la capacidad de descubrir activos no solo del Estado argentino, si no también de sus autoridades actuales o pasadas.

Ayer por la tarde, el ministro de Economía Axel Kicillof dio algunas precisiones sobre cuál será de ahora en más el curso de acción de Argentina, siguiendo los lineamientos políticos expuestos por la presidente Cristina Kirchner el día anterior en cadena nacional. Respecto del pago a los holdouts, esgrimió varias veces el argumento de que no se trata sólo de 1.500 millones de dólares sino de USD 15 mil millones y que el país no puede pagar eso. Mencionó que los abogados de la Argentina irán a ver al juez Thomas Griesa para averiguar por qué él dice que su fallo no empuja a la Argentina al default, cuando, según el gobierno, sí lo hace (eso fue lo que dijo el ministro; muy vago, por cierto).

Algunos interpretan esto como una instancia de negociación. Pero para que el juez interprete que Argentina está negociando, los abogados de Argentina deberían presentar algo más que un planteo y formular una propuesta concreta, lo que luce casi imposible después del planteo general tanto de Cristina Kirchner como del ministr Kicillof.

Además, no es una buena idea mandar abogados para hablar con el juez y al mismo tiempo decir que ya se iniciaron los procedimientos para canjear la deuda bajo legislación New York a deuda bajo legislación argentina para que se pueda seguir pagando los bonos pero en nuestro país. Esta es una clara señal que se intenta eludir el fallo de los tribunales americanos. Un flaco favor si realmente se espera que el juez Griesa abra una nueva instancia de negociación. La posibilidad que Argentina intente eludir (“puentear”) el fallo de los tribunales de los Estados Unidos, que surgió durante las audiencias previas a la sentencia, ya había motivado el enojo tanto de Griesa como de algunos jueces de la Cámara de Apelaciones.

Respecto de los pagos de la deuda corriente, que deberán hacerse en lo que resta del año, el ministro Kicillof sostuvo que el fallo a favor de los holdouts impide que se sigan haciendo como hasta ahora. Porque de querer hacerlo, los fondos serían embargados y destinados al pago de la sentencia que favorece al fondo de inversión Elliot. Por lo tanto, anunció el canje de jurisdicción de los bonos corrientes de la jurisdicción New York a la jurisdicción argentina.

En este último sentido, completar el procedimiento para que el cambio de jurisdicción no lleve a un default de los bonos productos del canje no es una tarea sencilla. Las cláusulas de acción colectiva incluidas en el prospecto de emisión de dichos bonos requieren que cuanto menos los bonistas que representan el 85% del capital del bono acepten el canje. Las dificultades para alcanzar semejante porcentaje de aceptación radica en varios aspectos. Algunos que hacen a las limitaciones estatutarias que enfrentan algunos tenedores de deuda argentina (que no pueden invertir en bonos que no tengan jurisdicción Nueva York) y otros que se relacionan con la protección de derechos que a priori se espera de ambos sistemas judiciales (más aún después de la protección recibida por los holdouts en este fallo).

Asimismo, es muy difícil realizar dicho cambio de jurisdicción sin la colaboración de las entidades que hoy son los agentes pagadores de la Argentina en Nueva York. Porque tales entidades no podrán colaborar o participar en el proceso de canje de jurisdicción sin que ello signifique desconocer el fallo del juez Griesa, que explícitamente las señaló como eventuales co-responsables de un intento de evasión del fallo de parte de la Argentina.

Por lo tanto, Argentina se encamina, de no modificar la estrategia actual del gobierno, primero a estar en rebeldía con los tribunales de Nueva York (“in contempt of the court”), y luego a entrar en default de toda su deuda. Asimismo, cabe recalcar que si Argentina no cumple con lo dispuesto por los tribunales americanos e intenta eludir el fallo original del juez Griesa, Elliott y el resto de los holdouts pueden ahora descubrirle las cuentas bancarias -en teoría en cualquier parte del mundo conectada a EE.UU.-y otros activos reales a Cristina Kirchner y otros miembros del gobierno. Si el gobierno se inclinase por desobedecer la orden de Griesa, correrá el riesgo que se embarguen todo tipos de activos conectados con la Argentina y sus autoridades.

Las consecuencias prácticas

Ahora bien, independientemente de cuán efectiva resulte la estrategia anunciada por el gobierno, y que reiteramos consiste en no cumplir e intentar eludir el fallo del juez Griesa, las principales consecuencias de la aceleración del proceso producto de los fallos de ayer son a nuestro juicio las siguientes: (i) La posibilidad de contar con dólares frescos provenientes del endeudamiento externo, que habrían permitido aliviar la restricción externa en la segunda mitad del año, ha dejado prácticamente de existir; (ii) Alentar la expectativa de que hay y habría dólares suficientes, se convirtió en el eje de la política económica llevada adelante por el gobierno desde la devaluación de enero. Ahora sin posibilidad de recurrir al financiamiento externo, las estrategias llevadas adelante para preservar dólares hasta tanto ingresaran los dólares de la cosecha primero (durante la primera mitad del año) y los dólares del endeudamiento externo (durante la segunda mitad), probablemente se mantengan y se extiendan por tiempo indefinido. Esto complica sobre todo a la industria manufacturera que ha sufrido las consecuencias de no poder importar o de no contar con los dólares necesarios para pagar sus importaciones; (iii) La restricción externa o la escasez de dólares se agrava frente a la abundancia de pesos que se emiten para financiar el déficit fiscal. Lo ocurrido ayer torna aún más imprescindible y urgente que antes encarar un ajuste fiscal que reduzca dichas necesidades de financiamiento en pesos.

De más está decir que un escenario de dólares escasos más un probable default tendrá un impacto negativo sobre el mercado cambiario -tanto formal como informal- sobre las tasas de interés y sobre las expectativas inflacionarias. En este contexto, las políticas activas de manejo de demanda agregada, las cuales ya sospechábamos de inefectivas, serán aún más inefectivas por cuanto sus efectos inflacionarios estarán descontados mucho tiempo antes. Lo más probable entonces, si el gobierno no modifica la estrategia anunciada hoy, es que el nivel de actividad se contraiga aún más, lo cual tendrá un impacto considerable sobre el empleo y, por ende, sobre la conflictividad política y social.