Por: Luis Secco
En un intento por sacar a su Gobierno del shock y la parálisis que le produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman, Cristina Fernández de Kirchner se puso, a través de una contribución en Facebook, del lado de una abrumadora mayoría de la opinión pública que cree que al fiscal lo asesinaron (o como muchos prefieren decirlo, lo “suicidaron”). Claro que una vez que se plantea como posibilidad un homicidio, hace falta encontrar un móvil. Y el móvil que plantea la Presidente es el de ocasionarle un grave perjuicio a su Gobierno. En palabras de la mandataria: “La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller y al Secretario General de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.”
La Presidente dice no tener pruebas ni dudas que al fiscal Nisman lo hicieron volver para apurar la presentación de una denuncia falsa y floja de papeles, para después matarlo de forma de darle más entidad a la denuncia y dañar aún más la credibilidad y reputación de su administración. Más allá de la verosimilitud de sus hipótesis, y de lo oportuno o no que CFK se comporte como un cronista o periodista con tendencia a la auto-referencia, lo que está claro es que ella y su Gobierno, al igual que una buena parte de la opinión pública, están convencidos que estamos ante un evento que lo afecta dramáticamente. Según una encuesta preparada por Mariel Fornoni, el 63% de los encuestados cree que la muerte del fiscal Nisman afecta mucho la imagen presidencial y otro 21% que la afecta algo. Sólo un 13% cree que la imagen presidencial no se ve afectada por la muerte del fiscal.
Y esto es lo central, al menos para tratar de hacernos una idea de qué puede suceder de aquí en más en materia política y económica. El estado de los fundamentals económicos de la Argentina no difería ni difiere sustancialmente de los que en otras oportunidades llevaron a recordadas correcciones macro. Lo inédito era que esa macro desequilibrada, y la dinámica de deterioro progresivo mostrado en los últimos años, convivía con una situación política signada por una dosis significativa de poder y gobernabilidad presidencial. 2014 fue un claro ejemplo de esa combinación inédita: un desequilibrio fiscal y monetario creciente; una restricción externa asfixiante y una recesión generalizada; y un gobierno capaz de ejercer presiones y sesgar determinados comportamientos económicos y financieros, de aprobar todas las leyes que se propuso (la mayoría sin consenso en la opinión pública) y de manejar la agenda mediática a su voluntad.
El “ancla” político viene impidiendo entonces que el deterioro macro se acelere y desemboque en un episodio similar a los que experimentó la Argentina en 1976, 1982, 1989/1990 y 2001/2002. La pregunta clave ahora es qué sucederá con esa pata política. Estamos aún en el medio del impacto, pero ya se vislumbran algunas de sus principales consecuencias. La más relevante es una reducción significativa de las posibilidades del oficialismo para colocar a un candidato con alguna chance de alcanzar una segunda vuelta. Con menor margen para convertirse en gran electora y con menores chances de garantizar un sucesor “confiable”, la capacidad de controlar la agenda política, judicial y mediática irá en descenso. La gobernabilidad, el principal o tal vez el único activo anti-crisis macro de la gestión de CFK, se verá afectada y la capacidad del Gobierno para manejar los tiempos de la política y la economía será puesta a prueba progresivamente.
Qué tanto y cuán rápido el ancla político se volverá más liviano no será ajeno de lo que suceda con la investigación en torno a la muerte del fiscal Nisman y con la denuncia de encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA iniciada por el fiscal. Pero lo que haga o deje de hacer la oposición (y eventualmente el peronismo) tendrá un rol determinante. El oficialismo la tendrá más fácil para preservar gobernabilidad durante más tiempo si la oposición no se esfuerza en capitalizar de manera más enfática la preocupación y el descontento de la opinión pública. Pero atención, no sólo el gobierno sino también la oposición podrían ser desbordados por esos sentimientos de la opinión pública.
La muerte del fiscal Nisman ha puesto a la economía en un tercer plano (por detrás del político y del judicial/procesal) pero no por mucho tiempo. Sobre todo si se convalida en los hechos la dinámica de deterioro de la gobernabilidad que planteamos en el punto anterior. 2015, aún antes de este “cisne negro”, ya se perfilaba como un año complicado. La confluencia de una macro más desequilibrada y más recesión (producto de la continuidad de las actuales políticas económicas), con un contexto internacional menos favorable (apreciación del dólar y menor crecimiento, sobre todo en Brasil) y un largo proceso electoral, auguraba incertidumbre y volatilidad creciente. La dolarización de los excedentes financieros en años electorales ha sido, desde hace tiempo, una constante. Y esa dolarización se podría acelerar, y eventualmente alcanzar también a los stocks, en el caso que estemos frente a un evento que desmorona la gobernabilidad. Es cierto que el Gobierno ha cerrado muchos de los caminos disponibles para dolarizarse. Pero, la efectividad de esas acciones podría verse reducida sustancialmente en tales circunstancias.
Si bien hoy resulta más probable que la carrera presidencial se le haga cuesta arriba al oficialismo, mientras el mero paso del tiempo nos pone más cerca del cambio de gobierno, no parece que esto resulte suficiente como para impulsar un escenario menos incierto y traumático. No obstante, esa expectativa de cambio ha servido, y sirve aún hoy, de ancla adicional de los precios de los activos de riesgo argentinos.
Por último, me parece relevante hacer notar que la incompetencia, la mala praxis y la impericia que emanan de los procedimientos policiales y judiciales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman pueden inscribirse, sin apelar a ninguna hipótesis de encubrimiento, a lo que es la norma en la actuación del Estado argentino. Un Estado elefantiásico, en cuanto al tamaño de su gasto y su omnipresencia, pero tremendamente ineficiente y prácticamente inexistente a la hora de proveer bienes públicos elementales como seguridad y justicia. Claro está que resulta lógico pensar que en esta oportunidad pueda haber algo más.
En síntesis, la muerte del fiscal Nisman podría desencadenar un proceso de afectación de la gobernabilidad tal que “la política” deje de servir de ancla de la dinámica de deterioro macroeconómico. En tal caso, la proximidad de las elecciones presidenciales, que auguran un cambio de figuras y de políticas, ayudará a reducir la velocidad del deterioro pero difícilmente podrá evitarlo.