Lamentablemente, en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, realizada en Nueva York hace pocos días, a 20 años de la trascendental reunión de El Cairo, nuestro país dio señales de no jerarquizar la participación en ese ámbito y expresar allí su mensaje sobre temas de gran interés para la población, que se refieren a la vida, la salud y las posibilidades de acceso al desarrollo para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes que hoy ven coartadas sus posibilidades de una vida digna.
Si bien la delegación argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas contó con una amplia comitiva, encabezada por la propia Presidenta e integrada por ministros, secretarios de Estado, diputados y senadores, la represtación en la sesión sobre Población y Desarrollo fue de menor nivel. Los funcionarios argentinos se interesaron casi exclusivamente en lo relativo a discutir con los fondos buitre en las sesiones donde se podía focalizar en ese tema. Ningún ministro, mucho menos la propia Presidenta, se interesaron por participar de la reunión sobre Población y Desarrollo, a diferencia de otros de la región, como Michele Bachelet y Evo Morales, entre otros. Esto contrastó con el papel fundamental que en agosto de 2103 y abril de este año nuestro país ejerció, facilitando lograr consensos regionales y globales en este tema. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole.
Esto decepciona a quienes desde hace décadas luchamos por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hace veinte anos en la Conferencia de El Cairo, que marco un hito en estos derechos, Argentina se opuso al reconocimiento de estos derechos y el entonces presidente Menem, adalid de la lucha contra el aborto, dejó a la Argentina alineada con los países más retrógrados y conservadores del mundo. Ahora, Argentina se mantuvo silenciosa y casi como queriendo pasar desapercibida frente a algo que la mayoría de los países celebraban. El programa de Cairo se refiere a los derechos básicos de mujeres y jóvenes, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, a vivir una vida libre de violencia, a no padecer discriminaciones inaceptables, porque no pueden seguir muriendo mujeres por problemas vinculados a la maternidad. Sin negar los avances alcanzados en los ultimos años, que fueron principalmente legales, nos hubiera gustado que Argentina tuviera una voz fuerte y clara en este final de Cairo. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole. ¿Será que los derechos humanos no son para todos, que se recortan los que interesan y se desechan los otros? En este caso concreto, se desecharon los de jóvenes y mujeres, y que afectan la vida y el futuro de las naciones.
Si bien hubo avances no se lograron todas las metas y objetivos, especialmente respecto a la razón de mortalidad materna que no bajó, la violencia contra mujeres y niñas que sigue creciendo y si bien tenemos una ley modelo no se implementa y por tanto el Estado no protege a quienes padecen violencia, incluso en forma cada vez mas grave y que en muchos llega a la muerte. Una alta proporción de jóvenes no terminan la enseñanza secundaria y tendrán empleos de baja calidad, mal remunerados, perpetuando el ciclo de la pobreza. El embarazo en la adolescencia aumenta, la educación sexual en las escuelas no llega a todas y los servicios de salud públicos aun no informan y atienden a las niñas y adolescentes, a pesar de las leyes que garantizan teóricamente estos derechos.
Otro ejemplo del recorte del respeto a los derechos humanos es la aprobación sin discusión del nuevo Código Civil y Comercial, que rige nuestra vida y que nos afecta para bien o para mal a todos y todas. El Gobierno avanzó con mirada de corto plazo, con visión electoralista, sin tener presente que es una reforma que perdurará por muchos años y que cambia de manera radical muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Por eso es condenable que, como en tantas otras oportunidades, luego de comenzar a discutir las modificaciones haciendo amplias convocatorias y consultas a dirigentes y organizaciones sociales muy diversos, luego el Poder Ejecutivo envió un nuevo texto y lo impuso con su mayoría sin posibilidad de discutir. De esta manera, despreciaron el aporte hecho con mucho esfuerzo por personas de gran reconocimiento y experiencia junto a ciudadanos y ciudadanas que se ocuparon del tema.
Este nuevo código tiene aspectos sumamente polémicos e incongruencias, como el reconocimiento de la vida desde la concepción, eliminando el reconocimiento desde la anidación, generando vacios legales para los casos de fertilización asistida y en otros que crearan serias dificultades a la ciudadania. También en lo referido a la custodia parental, que pasa a ser compartida y podría favorecer a los varones que se desentienden de los hijos pero que ahora tendrían derechos sobre ellos en detrimento de la madre que asume la responsabilidad de cuidado y crianza. Se termina imponiendo un nuevo código con aspectos controvertidos respecto a la perspectiva de género y por tanto sin contribuir claramente a la igualdad, algo fundamental para la plana vigencia de los derechos humanos de las mujeres.
Esta es otra evidencia de que este Gobierno tiene una política de Derechos Humanos recortada.