Acceso al lago Escondido: privilegios, negocios y privación de derechos

Desde el año 2005, el acceso público a las costas del lago Escondido se ha convertido en una lucha emblemática que fue cobrando trascendencia en todo el territorio nacional. Se reclama el cumplimiento del artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro, que asegura “el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”.

La causa por el acceso público al lago cuenta con el apoyo de nueve (9) presentaciones de amicus curiae, impulsadas por distintas organizaciones sociales que manifestaron su interés en la causa aduciendo una serie de derechos que no habían sido reconocidos por el Estado, dado que el lago se mantiene virtualmente “privatizado” para el acceso de los ciudadanos, salvo que medie una invitación o un recorrido programado por la empresa Hidden Lake S. A., perteneciente al millonario británico Joseph Lewis.

Amicus curiae, o “amigos del tribunal” es una institución del derecho clásico que en Río Negro se encuentra vigente a través de una ley específica. Son presentaciones que realizan terceros ajenos a una causa judicial que tengan un interés demostrable en la resolución final del litigio y quieran expresar sus opiniones para contribuir en el proceso judicial en marcha. Continuar leyendo

Los principios de la ONU deben aplicarse a la deuda de las provincias

El pasado 7 de octubre el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que declara de orden público los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana que establece la resolución A/RES/69/319 de la ONU.

El principio 9 dispone: “La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”.

Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo nacional solicite de los acreedores externos un trato digno y les reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias que integran la nación.

Hace unos meses, la provincia de Río Negro fue injustamente castigada y discriminada, ya que no recibió la convocatoria en tiempo y forma para renegociar su deuda pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar su deuda y amenazarlos con descontar montos de la coparticipación de cada una de estas provincias. Luego, en período electoral, el comportamiento fue el mismo. A Río Negro se le descontaron de la coparticipación, entre abril y mayo, aproximadamente 54 millones de pesos; y otros 29 millones más en el mes de julio. Este trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al pueblo de la provincia de Río Negro.

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Reconocer la emergencia de las economías regionales

La grave situación que atraviesan los productores frutícolas rionegrinos exige que se busquen soluciones extraordinarias para sostener el sistema integral de una actividad regional que es motor de la economía.
Esto implica el desarrollo de un programa regulado por las exigencias de la propia actividad, donde tanto el Gobierno nacional como el provincial aporten los recursos financieros teniendo en cuenta que las reglas de juego impuestas por el Estado nacional son las que causan el mayor daño.
Las políticas del Gobierno nacional han dejado al sector productivo-exportador con márgenes de rentabilidad negativos. Además, las demoras en destrabar el conflicto con Brasil retrasaron las operaciones comerciales y provocaron pérdidas millonarias que deben ser absorbidas por el sector frutícola.
Hay que decir que los pequeños y los medianos productores perciben desde hace varios años valores que rondan el 60 % del costo de producción de sus peras y sus manzanas, es decir, todos los años pierden rentabilidad. A esto se suman los bajos volúmenes de fruta comercializada este año, la pérdida de miles de kilos de fruta en las chacras y la falta de transparencia en las operaciones comerciales que sigue perjudicando a los productores. Continuar leyendo

El mal ejemplo de YPF en Río Negro

El Código de Aguas, ley 2952 de Rio Negro, rige todo lo concerniente a la “tutela, gobierno administración y policía del agua pública, sus fuentes, lechos, cauces, riberas y playas; su uso y goce por las personas particulares, así como lo relativo a la construcción, administración y mantenimiento de las obras que posibiliten su aprovechamiento y preservación o la protección contra sus efectos nocivos”, siendo la autoridad de aplicación el Departamento Provincial de Aguas (DPA), quien tiene a su cargo todos los aspectos regidos por la ley, y debe asegurar su efectivo cumplimiento.

Recientemente, el DPA respondió a un pedido de informes del legislador Jorge Ocampos, y en su explicación señalaba que respecto a los controles a la industria hidrocarburifera, se verifican incumplimientos tales como la información en tiempo y forma de los incidentes (derrames) producidos en las áreas, la presentación de documentación referida a los monitoreos de las operaciones de inyección de aguas de purga y de los acuíferos freáticos y confinados, entre los más importantes. Mencionó en forma puntual la situación de la empresa YPF SA, la que desconocería arbitrariamente el Código de aguas, a partir de negarse en forma permanente a dar la información de carácter técnico solicitada todos los años, bajo la excusa que no se producen efluentes líquidos industriales que usen cuerpos hídricos receptores. La empresa, por tanto, no se siente obligada a presentar las declaraciones juradas, ni a pagar el canon de uso de cuerpo receptor hídrico establecido en dicha norma. Esto hace que el DPA no pueda implementar los monitoreos sobre calidad de aguas, ni evaluar los pasivos ambientales generados y los controles, para de ese modo en forma rápida y efectiva, proceder con medidas concretas a la protección de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

A su vez, toda vez que el DPA pretende verificar la contaminación generada por la pérdida de los tanques de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, YPF interpondría recursos de revocatoria no reconociendo en este organismo la competencia ambiental. La actitud irresponsable de YPF SA podría esperarse de una empresa privada cuyo fin último, en su lógica acumulativa, es el lucro sin importar cuánto contamina a su paso. Pero en el caso YPF, reciente y parcialmente estatizada, con un 51% en manos del Estado, podríamos esperar una actitud más respetuosa de las leyes en las jurisdicciones provinciales. Quizás también el reconocimiento histórico de las malas prácticas de esta industria que hoy hace que, por poner un ejemplo, la cuenca del río Colorado tenga una contaminación alarmante.

Recordemos que un estudio del 2012 expuso que las empresas petroleras en el río Colorado denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. Y serian solo los incidentes denunciados.  De los casi 2000 sucesos de 2011, 1.057 se debieron a una falla por corrosión, situación que es recurrente desde el año 2.000. Esto indicaría en todos los casos fallas en el mantenimiento y la necesidad de reemplazo materiales. En 2011 se vertieron en esa cuenca 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente cargados.

Ante esta situación desalentadora, resulta contradictorio el mensaje del CEO de YPF SA, Miguel Galuccio, cuando se refiere a la conciencia ambiental: “Las compañías petroleras que han evolucionado y la conciencia medio ambiental que existía en una compañía petrolera, en las prácticas, los procesos, las técnicas cincuenta años atrás, no son del mismo rigor que tienen hoy”.

Para empezar, la misma YPF no está dando el ejemplo pues desconoce autoridad a los organismos establecidos por las jurisdicciones provinciales que deben controlar el estado de las fuentes hídricas y prevenir la contaminación. En el contexto de la nueva ley de hidrocarburos, la situación se vuelve aun más compleja, ya que se habilita con todo tipo de facilidades y prebendas, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking y la promoción de las explotaciones off shore.

El doble discurso K

La década kirchnerista podría ser llamada también como la del doble discurso. Afirmar una cosa y hacer la contraria se ha convertido en una constante del gobierno nacional. Hay un tema en que esto se percibe con mayor elocuencia: los enclaves coloniales que se siguen manteniendo en nuestro país. Uno de ellos queda en la provincia que represento como senadora nacional, Río Negro: se trata del aeródromo privado Bahía Dorada a tan solo horas de vuelo de las Islas Malvinas, que fue habilitado y puesto en marcha durante la gestión como ministra de Defensa de Nilda Garré.

Es un aeropuerto que opera sin ningún tipo de control por parte del Estado, que es propiedad del ciudadano ingles Joe Lewis y para el cual venimos reclamando una urgente radarización. Esta terminal tiene un tamaño similar al de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Con una pista de dos mil metros (es casi tan larga como la de Aeroparque) cuenta con hangares y está ubicada a sólo mil metros del mar. Dicho de otro modo: un ciudadano inglés es dueño de uno de los aeropuertos más grandes de la Patagonia y opera sin control alguno por parte del Estado.

En la última exposición del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación ante el Senado, Jorge Capitanich afirmaba que el “sesenta por ciento del territorio nacional está radarizado”. El funcionario desconocía la situación de este aeropuerto privado, que opera sin ningún tipo de control por radar, en manos de ingleses y en el área de seguridad de frontera.  No es esa la única agresión a la integridad nacional. La zona que rodea al Lago Escondido es de una gravedad similar, que queda explícita en la ultima y nueva traza propuesta por el gobierno kirchnerista de Rio Negro y que no es otra cosa que seguir garantizando los privilegios del magnate inglés Joe Lewis de disfrutar en forma exclusiva de ese espejo de agua.

El manejo impune del territorio nacional no terminó tras nueve años de juicio. Pese a una sentencia que obliga a abrir el camino público, el gobierno provincial sigue actuando a favor del magnate  Joe Lewis. Vale un ejemplo reciente: hace pocos días, un turista que intentó llegar al lago realizó una denuncia ante el municipio de El Bolsón por encontrarse prohibido el ingreso. No fue una sorpresa para nosotros, porque este impedimento se hizo moneda corriente desde que la empresa de Lewis, Hidden Lake S.A., compró el predio. Así, de la misma manera que no existe un camino accesible, seguro y gratuito para el ingreso a Lago Escondido, está garantizado el tránsito sin control de radares para el mismo empresario que tiene un enorme aeropuerto a horas de las Islas Malvinas