El pasado 7 de octubre el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que declara de orden público los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana que establece la resolución A/RES/69/319 de la ONU.
El principio 9 dispone: “La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”.
Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo nacional solicite de los acreedores externos un trato digno y les reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias que integran la nación.
Hace unos meses, la provincia de Río Negro fue injustamente castigada y discriminada, ya que no recibió la convocatoria en tiempo y forma para renegociar su deuda pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar su deuda y amenazarlos con descontar montos de la coparticipación de cada una de estas provincias. Luego, en período electoral, el comportamiento fue el mismo. A Río Negro se le descontaron de la coparticipación, entre abril y mayo, aproximadamente 54 millones de pesos; y otros 29 millones más en el mes de julio. Este trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al pueblo de la provincia de Río Negro.
Nuestro país viene poniendo en funcionamiento, para cumplir con sus obligaciones, una lógica anacrónica que nos lleva a pagar la deuda vieja con deuda nueva. Durante los noventa, la deuda se pagaba a través de la privatización de las empresas públicas; aun así no alcanzó para pagar todos los intereses y la deuda siguió creciendo indiscriminadamente. Hoy, en cambio, se pretende abonar los intereses y las próximas deudas a través de la industria extractivista: el gas y el petróleo no convencional, la megaminería contaminante, la siembra de alimentos transgénicos y del uso de agrotóxicos, los bosques nativos arrasados para ampliar la frontera agrícola intensiva. Esa parece ser la forma en que pretenderemos pagar nuestra futura deuda externa.
Es preciso tener en cuenta que la historia de la deuda externa es la de una gran estafa en la Argentina, que lamentablemente se ha perpetuado en el tiempo. Esta cita le corresponde al doctor Alejandro Olmos Gaona, hijo de aquel ciudadano que dedicó dieciocho años de su vida —enfermo y muchas veces en soledad— a desentrañar esa deuda que luego el juez Jorge Ballestero llamó ilegítima, ilegal, fraudulenta e inmoral.
Esta gran estafa afectó, evidentemente, los derechos humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje de 2000 el Fondo Monetario Internacional puso como condición el congelamiento del gasto público nacional y provincial por cinco años, la reforma del sistema previsional —que llevó la edad jubilatoria a los 65 años— y recortes en educación y en salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento, que significaban los llamados canjes de 2005 y 2010, eran eso, desendeudamiento. Lo que no nos dijeron es que nos endeudábamos con la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Banco Central, y que así afectábamos los ahorros de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados; recursos que podrían haber sido destinados a pagar el 82% móvil o a pagar las miles de sentencias que muchos jubilados aún esperan que se efectivicen.
Hago mías las palabras del papa Francisco: “Es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Pocos prosperan recurriendo a las especulaciones financieras, mientras muchos son los que sufren duramente sus consecuencias”.