El Gobierno nacional y los provinciales han fracasado, hasta el momento, en su intento de neutralizar los cortes de calles, avenidas, rutas y puentes. El piquete se ha transformado en una parte de la geografía urbana y suburbana argentina, y no hay protocolo, directiva, sugerencia u orden que pueda desterrarlo o, al menos, reglamentarlo, pese al esfuerzo de las autoridades constituidas.

Para los fundamentalistas de esta modalidad, el piquete es la materialización del ejercicio pleno de la garantía constitucional de “peticionar ante las autoridades”, dimanante del artículo 14 de la ley fundamental argentina. Para los moderados, entre los que me encuentro, el piquete es un exceso en el ejercicio de un derecho que vulnera los derechos de los demás; destruye de este modo el equilibrio dinámico de prerrogativas y obligaciones que surgen de los textos constitucionales de la república.

Dejando de lado las discusiones doctrinarias sobre la existencia o no del derecho a la protesta (el plexo constitucional vigente habla del derecho a peticionar a las autoridades), lo cierto es que los cortes de calles, rutas y puentes constituyen —para quienes no están formando parte de ellos— una de las causas de irritación más grandes de la vida en comunidad. Continuar leyendo →