La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.
La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina foránea y berreta conocida como abolicionismo penal, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país. Continuar leyendo