La pseudo-doctrina foránea conocida como abolicionismo penal ha influido notoriamente en la formación de abogados, magistrados judiciales y estudiantes de derecho de todo el país. Ha marcado a fuego muchas de las decisiones jurisprudenciales más controvertidas de los últimos treinta años. Ha colocado -hasta hace muy poco tiempo- en uno de los sillones del más alto Tribunal de la República a su máximo referente (Zaffaroni). Y, actualmente, el Poder Ejecutivo puja por reemplazarlo por uno de sus discípulos predilectos (Carlés).

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Continuar leyendo →