La pseudo-doctrina foránea conocida como abolicionismo penal ha influido notoriamente en la formación de abogados, magistrados judiciales y estudiantes de derecho de todo el país. Ha marcado a fuego muchas de las decisiones jurisprudenciales más controvertidas de los últimos treinta años. Ha colocado -hasta hace muy poco tiempo- en uno de los sillones del más alto Tribunal de la República a su máximo referente (Zaffaroni). Y, actualmente, el Poder Ejecutivo puja por reemplazarlo por uno de sus discípulos predilectos (Carlés).

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos asola, dónde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que -además- se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o “de la gente”, como indican los modernos manuales de marketing político).

“Más policías en las calles”; “camaritas, botones de pánico y alarmas”; “policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas”, etc., parecieran ser las palabras mágicas con las que los candidatos se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas “de la gente”.

Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos y jovencitas con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas… Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, si. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal.

Sin embargo, nada de esto sucede con la Policía actual…

Desde hace años, diversos fallos judiciales han neutralizado -o directamente, eliminado- normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conducta pre-delictuales (vgr. merodeo, omisión de identificación, vagancia, etc.), eliminación de los álbumes de “modus operandi”, satanización del denominado “instinto policial” o de la llamada “actitud sospechosa”, etc.

Abolir es la cuestión.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, la fuerza policial se fue quedando -exclusivamente- con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000… Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti…

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito… Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

¿Y el Gobierno?

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a la prevención delictual, los poderes ejecutivos “acataban respetuosamente” las decisiones de la Justicia…

Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para argumentar, respecto de los delincuentes, “la policía los atrapa, el poder judicial los libera”…

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, y ganar más adeptos.

La tercera, todavía no había nacido el “partido judicial”, y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.