Parecería que las leyes laborales signan a los gobiernos democráticos de los últimos años. Ley Mucci, Banelco, ahora, ley veto, dado que la ley antidespidos terminó en el primer veto del presidente Macri. Lo cierto es que nunca el resultado de una decisión política es inocuo. La ley Mucci esencialmente buscó un reordenamiento para acotar el poder sindical del peronismo. Raúl Alfonsín debió, luego de este intento frustrado, concretar un pacto social dándole al sindicalismo el Ministerio de Trabajo: Carlos Alderete surgió de este acuerdo. La ley Banelco, o llamada de precarización laboral, mostró la fractura expuesta de la deshonra en el Senado de la nación, luego de que el sindicalista Hugo Moyano lo denunciara contando lo dicho por ex ministro Alberto Flamarique, con lo que enlodó para siempre al Gobierno de Fernando de la Rúa.
Con los presidentes Kirchner no hubo ley de por medio; algunos se fueron de entrada (Luis Barrionuevo), otros luego (Hugo Moyano), por el ninguneo en el manejo de los dineros de las obras sociales y la escasa presencia de representantes obreros en las listas de diputados nacionales.
La ley vetada esta semana no terminaba de convencer, como ya lo he mencionado, al sindicalismo en general. La preocupación pública de los actores sindicales quedó expuesta en los seis puntos que acordaron las tres cegetés y las dos centrales sindicales, leídos por Juan Carlos Schmid en el multitudinario acto del 29 de abril pasado. Continuar leyendo