A partir de hoy, muchas parejas verán hecho realidad su ferviente deseo de ser padres y/o madres: la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el Proyecto de Fertilización Asistida por el cual las obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública del país deberán prestar cobertura a los tratamientos de fertilidad para todos y todas en forma gratuita, sin discriminación alguna.

En 1978 comenzaron a utilizarse en el mundo las primeras técnicas de reproducción humana asistida. Desde entonces, varios países sancionaron leyes para regular estas técnicas. Argentina es pionera en Latino américa en la introducción de estas técnicas, que desde 1984 han seguido avanzando y con ellas los servicios públicos y centros privados especializados en esta materia.

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La preocupación por la cantidad -y calidad- de los vetos de Macri podría parecer un mero formalismo, pero no lo es. El sistema republicano de gobierno es un sistema político de división y control del poder. La finalidad perseguida es evitar el desborde de poder y el consiguiente peligro para los derechos de las personas. La extralimitación en el ejercicio de las atribuciones concedidas por la Constitución por parte de cualquiera de sus órganos implica una violación al principio republicano y su consecuencia directa es la vulneración de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, el jefe de Gobierno ha demostrado un absoluto desprecio por los valores que levanta como bandera en algún que otro show mediático previamente medido en encuestas. Habla del respeto a las instituciones pero no respeta ni siquiera a los otros dos poderes públicos: ni al Legislativo ni al Judicial. Todos hemos tomado conocimiento de varias medidas ordenadas por la Justicia que el Poder Ejecutivo no cumple. Uno de los últimos casos fue el incumplimiento de preservar la integralidad de los coches de la línea A, que se encuentran arrumbados, a la intemperie, sobre tierra despareja, en un predio de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que a estos delicados coches históricos de madera cualquier otra ciudad del mundo los estaría refaccionando, adaptando y preservando con fines turísticos y educativos. El jefe de Gobierno se burla de las órdenes judiciales, así como se burla de las leyes aprobadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando han sido votadas por su propio bloque.

Cuando se considera al veto como una herramienta para garantizar la gobernabilidad, sólo se justifica su uso excepcionalmente, cuando lo aprobado por la Legislatura afecta esa gobernabilidad de alguna manera y cuando el Poder Ejecutivo no posee mayoría en el Poder Legislativo. En cambio, su uso recurrente, cuando además se tiene, en la práctica concreta, mayoría parlamentaria, denota un claro desprecio por la función legislativa. Aun más cuando esta mayoría parlamentaria propia ha aprobado por unanimidad varias de las leyes vetadas.

Otra forma de burlarse e inhabilitar al Poder Legislativo es utilizar esa mayoría para obstaculizar el funcionamiento de las comisiones o evitar que los debates lleguen al recinto. Por ejemplo, la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, presidida por Raquel Herrero, legisladora del PRO, que debería seguir el cumplimiento de la Ley de Comunas, se ha reunido muy pocas veces en el año, prácticamente sin sacar ningún despacho ni obtener resultados de ningún tipo. De hecho, sólo el 6,5% de todo lo aprobado por la Legislatura durante 2011 son leyes con capacidad de impactar en el conjunto de la ciudadanía. El restante 93,5% de la producción legislativa son declaraciones, resoluciones, leyes particulares (aquellas que declaran ciudadanías ilustres, aceptan donaciones, etc.), leyes no publicadas, leyes vetadas, leyes derogadas, leyes caducadas, leyes no reglamentadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno ha vetado un total de 116 leyes, la mitad de las leyes vetadas en la historia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El 35% de sus vetos afecta directamente a las poblaciones más vulneradas. Algunos ejemplos de estos vetos son: un subsidio a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, la ley para incorporar en las facturas de ABL la leyenda “donar órganos salva muchas vidas”, la ley de abortos no punibles, la ley de fábricas recuperadas, una incorporación a la ley de tratamientos de fertilización humana asistida, entre otros. También hubo vetos parciales: la ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, la ley de creación del Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social y la ley del Programa de Prevención Civil en Situaciones de Riesgo, Catástrofes o Calamidad Pública, entre otras.

El desprecio de Macri por la tarea del Poder Legislativo y el Poder Judicial, además de poner en jaque al sistema republicano de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires -sistema de defensa de las garantías democráticas-, termina afectando directamente los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, nuestra identidad, y nuestros derechos humanos más básicos.

Hemos presentando varias iniciativas legislativas con el fin de poner límite a estos atropellos y que la Legislatura reasuma el protagonismo que le asigna la Constitución: 31 proyectos para lograr la reglamentación de 363 leyes; dos proyectos para que la Legislatura reconsidere las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo; y un proyecto para evitar la constante omisión y demora en la publicación de las leyes de la Ciudad. Un ejemplo de demora es el caso de la ley 3822, que fue publicada un año después de lo que obliga la Constitución.

Gobernar la Ciudad de Buenos Aires es mucho más que hacer playas, bicisendas y pistas de patinaje sobre hielo (más allá de que puedan ser avances para la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad). Gobernar Buenos Aires es, también, hacerse cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas: el transporte, la seguridad, el medio ambiente y, entre otras cosas, garantizar y respetar el funcionamiento democrático de las instituciones que tienen que trabajar para dar respuesta a estas necesidades. En definitiva, el jefe de Gobierno no resuelve ninguno de los problemas principales de la Ciudad de Buenos Aires; sólo se encarga de explicar ante los medios por qué nunca puede hacerse cargo de nada. Pero, lo que es peor aún, intenta concentrar en su persona todo el poder público, e impedir que los otros poderes del Estado sí se hagan cargo.