Chau privilegios

Cuando hace unos meses me ofrecieron la posibilidad de encabezar la lista nacional del frente Cambiemos a parlamentarios del Mercosur en las elecciones del año pasado, acepté sabiendo que el desafío que tenía por delante era enorme, que el Parlasur era un órgano sumamente desprestigiado —y con razón— ante los ojos de los argentinos y que la pelea que teníamos por delante era todo menos fácil.

En el Protocolo Constitutivo del Parlasur, se había establecido que habría dos etapas de transición hasta que el órgano estuviera integrado y funcionando como lo estipulaba su carta orgánica. La primera etapa sería entre los años 2006 y 2010, y la segunda etapa, entre los años 2011 y 2014. Llegado el último año de la segunda etapa, el Parlasur debía estar integrado plenamente por parlamentarios electos por el voto directo de la gente y no por enviados de los gobiernos de turno. De más está decir que este cronograma nunca fue cumplido. Por esta razón es que se decidió prorrogar la etapa de transición hasta el año 2020, momento en que finalmente el Parlasur quedaría integrado como lo indica su carta orgánica. Al día de la fecha, sólo Paraguay y Argentina se han adelantado al cronograma final y han realizado elecciones directas para seleccionar a sus parlamentarios. En consecuencia, la integración actual del Parlasur (y hasta el año 2020) no responde a lo establecido por el Protocolo Constitutivo, por el Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur y por el propio reglamento interno del organismo. Continuar leyendo

Manotazo de ahogado

En una maniobra sorpresiva y de evidente ilegalidad, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 4 de noviembre de 2015, el Frente para la Victoria (FPV) nombró como nuevos auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN) a dos fieles representantes de La Cámpora, por un mandato de ocho años, al ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón y al secretario de Justicia, Julián Álvarez, aún en funciones en el Poder Ejecutivo, en reemplazo de los auditores Oscar Lamberto y Vicente Brusca, nombrados por el mismo FPV. Entendieron, erróneamente, que el mandato de ocho años de los reemplazados terminaba el 5 de septiembre, en lugar del 10 de diciembre, como lo indica el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Evidentemente, este cambio debía ser realizado por el Congreso renovado el 10 de diciembre de 2015, en su nueva integración. Pero no, el kirchnerismo se adelantó. El procedimiento de designación de los nuevos auditores fue inconstitucional y estuvo teñido de irregularidades graves. Fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo antirreglamentariamente, en una sesión especial, sin estar incluida en el orden del día y sin ser votada su incorporación posterior por una mayoría de las tres cuartas partes de los votos, que el oficialismo no reunía, jurando sin el quórum requerido.

Continuar leyendo

Chau fueros para el Parlasur

El día jueves de la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral dictó la nulidad de la inmunidad de arresto para los parlamentarios del Mercosur. La decisión de la Cámara no es sino un avance para todos aquellos que estamos convencidos de que la Argentina que viene es un país en el que todos, independientemente de nuestra filiación partidaria, ocupación, estatus social o religión, somos iguales ante la ley.

Cuando el kirchnerismo adelantó las elecciones para parlamentarios del Mercosur, un órgano que recién quedará íntegramente formado, como su Carta Orgánica lo indica, en el año 2020, era evidente que el objetivo que perseguían era buscar protección para algunos de sus dirigentes. No es casualidad que la lista de parlamentarios del Frente para la Victoria la integren personajes como Milagro Sala, la dirigente de la agrupación que responsabilizan de la muerte del joven que repartía boletas de Cambiemos en Jujuy, dirigente que ahora debe ir a juicio oral y público por amenazar y escrachar a dirigentes de la oposición. O personajes como Oscar Parrilli, actual secretario de Inteligencia de una agencia estatal cuyo único objetivo pareciera ser el de espiar opositores, fabricar operaciones y apretar a quienes tengan el tupé de esbozar una opinión distinta de la que emana de la Casa Rosada. Tampoco es casualidad que sancionaran una ley que extendía los fueros que el propio Parlasur había dictado para sus miembros de manera que no pudieran ser arrestados. Continuar leyendo