Por: Mariana Zuvic
Cuando hace unos meses me ofrecieron la posibilidad de encabezar la lista nacional del frente Cambiemos a parlamentarios del Mercosur en las elecciones del año pasado, acepté sabiendo que el desafío que tenía por delante era enorme, que el Parlasur era un órgano sumamente desprestigiado —y con razón— ante los ojos de los argentinos y que la pelea que teníamos por delante era todo menos fácil.
En el Protocolo Constitutivo del Parlasur, se había establecido que habría dos etapas de transición hasta que el órgano estuviera integrado y funcionando como lo estipulaba su carta orgánica. La primera etapa sería entre los años 2006 y 2010, y la segunda etapa, entre los años 2011 y 2014. Llegado el último año de la segunda etapa, el Parlasur debía estar integrado plenamente por parlamentarios electos por el voto directo de la gente y no por enviados de los gobiernos de turno. De más está decir que este cronograma nunca fue cumplido. Por esta razón es que se decidió prorrogar la etapa de transición hasta el año 2020, momento en que finalmente el Parlasur quedaría integrado como lo indica su carta orgánica. Al día de la fecha, sólo Paraguay y Argentina se han adelantado al cronograma final y han realizado elecciones directas para seleccionar a sus parlamentarios. En consecuencia, la integración actual del Parlasur (y hasta el año 2020) no responde a lo establecido por el Protocolo Constitutivo, por el Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur y por el propio reglamento interno del organismo.
Las consecuencias directas de esto son que, en primer lugar, todas las decisiones tomadas por el organismo están sujetas a impugnación en virtud de su irregular composición. En segundo lugar, que ninguna de las decisiones que tome la institución tiene poder vinculante para los países miembros del Mercosur. Dicho en otras palabras, el Parlamento del Mercosur, que constituye su organismo parlamentario, es una institución que no puede legislar.
Durante la campaña pusimos sobre el tapete las intenciones del Frente para la Victoria de convertir al Parlasur en un refugio de impunidad y un lugar para generar cargos y favores. Sabíamos que el objetivo era proteger a algunos dirigentes con fueros parlamentarios y garantizarles ingresos de donde pudieran seguir haciendo política a expensas de los contribuyentes argentinos. Sin embargo, propusimos el debate y logramos una notable adhesión de los ciudadanos. Y aunque hoy el Frente para la Victoria es la primera minoría entre los parlamentarios argentinos (en parte por un sistema electoral diseñado en favor de ellos), gracias al apoyo de todos ustedes a la campaña “Chau fueros” y al esfuerzo de muchos otros, como Gerardo Milman, pudimos lograr que aquellos que habíamos sigo elegidos para representar a los argentinos en el Parlamento del Mercosur no tuviéramos inmunidad de arresto, como cualquier otro ciudadano de a pie.
Si queremos que el Parlasur recupere el prestigio que nunca debió haber perdido y cumpla la función para la que fue creado, que es promover la integración y el desarrollo de los países miembros del Mercosur, tenemos la obligación ética, social y política de trabajar para demostrarles a quienes nos pusieron en este lugar que estamos protegiendo sus intereses y no los de la clase política. Con este único objetivo es que hemos decidido promover un proyecto para que los parlamentarios del Mercosur no cobremos sueldo hasta tanto el órgano no esté integrado como lo indica su Protocolo Constitutivo. No es ético que les pidamos a los ciudadanos de nuestros países, que ya de por sí tienen muchísimas necesidades, que nos paguen un sueldo por un trabajo que no podremos hacer plenamente hasta que el órgano esté completamente integrado por parlamentarios escogidos por voto directo y tengamos la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los Estados que integran el Mercosur.
Aparecerán las críticas de aquellos que siempre han vivido a costa de los argentinos, de aquellos que no conciben la posibilidad de trabajar en pos de los intereses del prójimo en lugar de los propios y de aquellos que creen que el Estado es un botín para repartirse entre los amigos.
Pero como dijo el Presidente: “El Estado no puede ser el aguantadero de la política”. Nosotros estaremos siempre trabajando en función de los intereses de los argentinos, para que cada día vivamos un poco mejor.