Paz y administración, un imperativo vigente

Se cumplen hoy, 19 de octubre, cien años desde el fallecimiento del general Julio Argentino Roca, conquistador del desierto, dos veces presidente constitucional y constructor fundamental del Estado Nacional. Roca es, pese a las demonizaciones y falacias, el más grande estadista del siglo XIX.

La operación de ocupación de las vastas tierras que hoy forman las provincias patagónicas argentinas es el resultado, básicamente, de dos ideas centrales. La primera, la concepción de que la expansión territorial era una prioridad estratégica de las naciones: al tiempo que la Argentina realiza su campaña, iniciada por Rosas en la década de 1830 y completada por Roca cincuenta años después, los EEUU avanzan incesantemente hasta completar su inmenso señorío hasta el Pacífico. La segunda, es el resultado de una decisión política de envergadura histórica por su significación. Al comprender que Chile estaba en conflicto con Perú, en la denominada Guerra del Pacífico (1879-1883), es el entonces ministro de Guerra Roca quien entendió que esta era la oportunidad propicia para la Argentina para ocupar los territorios que hoy conforman la Patagonia argentina. En esa inteligencia, convence al presidente Nicolás Avellaneda de impulsar su decidida iniciativa. Después de encabezar la misión, conocida como “Conquista del Desierto” que determinó la posesión definitiva del sur del territorio nacional por parte de nuestro país, Roca, con tan sólo treinta y siete años se convierte en Presidente de la República por primera vez.

Bajo el lema de “Paz y Administración”, al asumir el poder el 12 de octubre de 1880, Roca pone en marcha el más exitoso programa de consolidación del Estado Nacional de toda la historia argentina. En materia de política exterior, establece el acuerdo de límites con Chile (1881) en el que se determina que es la línea divisoria de aguas, constituida por las más altas cumbres, la delimitación de la que es una de las más extensas fronteras del mundo. En su segunda presidencia (1898-1904) será Roca el primer jefe de Estado argentino en practicar activamente la llamada “diplomacia presidencial” al entrevistarse con sus pares brasileño y chileno.

Tras consolidar el territorio y la delimitación del mismo, el gobierno del general Roca pone en marcha políticas fundamentales para consolidar el Estado moderno. En materia educativa, la administración roquista impulsó y aprobó la ley 1420 que establece la educación obligatoria y universal que extiende la instrucción básica al conjunto de la población incluyendo los sectores más postergados. La iniciativa, además no se agota en el plano legislativo: el país pasa de tener 1214 escuelas en 1880 a 1804 seis años más tarde. La cantidad de maestros, en tanto, aumenta de 1915 a 5348 durante el sexenio. La verdadera “revolución educativa” del gobierno de Roca, sumada a la política de poner en cabeza del Estado la función de llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, tarea que hasta entonces realizaba la Iglesia, envenenarán las relaciones con la jerarquía eclesiástica, que llevarán incluso a la ruptura de relaciones con el Vaticano, reestablecidas posteriormente, durante su segundo mandato presidencial.

En materia militar, Roca establece la uniformidad del Ejército Nacional, clausurando la actuación de las milicias provinciales clausurando décadas de inestabilidad institucional. En su segunda presidencia creará el Servicio Militar Obligatorio, modernizando en los criterios de la época el funcionamiento de las fuerzas armadas de nuestro país. Al mismo tiempo, Roca unifica la moneda estableciendo un signo monetario nacional que elimina la emisión de monedas provinciales generando las condiciones fundamentales para permitir, en el plano de la realidad económica, el mandato constitucional de libre intercambio comercial en todo el territorio argentino.

Al completar su primer período, Roca habrá consolidado los elementos clave del Estado-nación moderno al unificar el territorio, la identidad cultural -a través de la educación-, el Ejército nacional y la unidad monetaria. Roca será el líder político más destacado, por su actuación, de la llamada Generación del 80. Al momento de su fallecimiento, hace cien años, la Argentina era el octavo país más rico del mundo y el segundo en materia de inmigración europea, solo superado por los Estados Unidos. El producto bruto argentino era equivalente al de todos los países de la región sudamericana sumados, incluyendo Brasil.

La política llevada adelante por los gobiernos de la Generación del 80 resultó en un extraordinario éxito histórico. Hoy el orden público resulta asolado por una feroz ola de violencia, que amenaza permanentemente la vida y la propiedad de los argentinos. La calidad educativa exhibe un alarmante deterioro, tal como vemos en cada medición nacional o internacional de nuestro desempeño cultural y la moneda es castigada por una altísima inflación solo superada por la que sufre el pueblo venezolano.

El programa de “Paz y Administración”, lejos de ser una consigna del pasado, constituye un imperativo categórico de la Argentina del futuro.

Venezuela, ¿democracia o dictadura?

Una suerte de “primavera” recorre las capitales sudamericanas. El año pasado, el proyecto re-reeleccionista eternizador de la familia gobernante encontró un severo límite en las elecciones parlamentarias celebradas en la Argentina. Dos de cada tres votantes expresaron su rechazo al modelo del vamos-por-todo con el que el gobierno pretendió producir en nuestro país un verdadero cambio de régimen para instaurar el decisionismo cesarista en manos de una dinastía familiar. Hace pocos días, Rafael Correa sufrió un serio revés en las elecciones locales en Ecuador. La crisis venezolana, iniciada hace tres semanas pone de relieve cómo, hartos del modelo de atraso, millones reclaman por el legítimo derecho a rebelarse frente a la opresión.

Ahí están, asustados, los amos del modelo: los hermanos Fidel y Raúl Castro temen que la caída del presidente títere Nicolás Maduro provoque el fin del régimen venezolano, que a control remoto les suministra las divisas indispensables con las que han reemplazado a las que otrora proveía la Unión Soviética. Pero, en el caso de Venezuela, el régimen chavista, tras quince años de gobierno ininterrumpido, ¿sigue siendo democrático?

Resulta evidente, a esta altura, que el socialismo-bolivariano del siglo XXI, inspirado en la Cuba de los Castro, ya no puede ser catalogado como una democracia. Cuando un gobierno mantiene preso a uno de los principales dirigentes políticos de la oposición, controla desde el Poder Ejecutivo el sistema electoral, promete cortar el suministro de combustibles a los estados en los que hay manifestaciones opositoras, reprime estudiantes que ejercen el derecho natural a peticionar a las autoridades y busca eternizarse en el poder, ese gobierno se ha colocado a si mismo en una posición en la que el resto del sistema interamericano debe condenar por no cumplir los mínimos requisitos institucionales de la democracia y la república.

Los defensores del proyecto bolivariano sostienen que deben respetarse a rajatabla los gobiernos por su origen democrático. Cuando la democracia se reduce al ejercicio de una simulación electoral cada dos o cuatro años, en los que el oficialismo y la oposición compiten en condiciones políticas, físicas, mediáticas y económicas diametralmente opuestas y el sistema se transforma en el otorgamiento de un cheque en blanco al ganador, ¿merece tal cosa el nombre de democracia o se trata tan solo de una ficción institucional? ¿Es popular y democrático quien una vez llegado al poder por vía electoral utiliza todos los recursos del Estado para perpetuarse en el gobierno mediante la reelección indefinida, el control de la prensa, la sumisión de todos los poderes públicos, la anulación de la República a través del sometimiento de todos los resortes de la vida institucional y el control total de la economía nacional?

No es la primera vez en la historia en que una persona o un partido acceden al gobierno por vía democrática y legal y una vez en poder se transforman en una dictadura. Napoleón III, Mussolini, Bordaberry y tantos otros ejemplos ilustran el cesarismo que el chavismo nos propone en pleno siglo XXI. Resulta penoso y lamentable que un gobierno como el argentino, que hace once años hace de la declamación de los derechos humanos su leitmotiv, haya respaldado a un gobierno cuya legitimidad democrática de origen es dudoso y cuya legitimidad de ejercicio está indudablemente cuestionada por las violaciones de derechos humanas cometidas. Por el contrario, leemos con alegría que el Congreso de la hermana República de Chile ha votado una declaración exigiendo la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Bien han hecho, entre nosotros, Sergio Massa y Mauricio Macri en expresar su solidaridad con los manifestantes oprimidos por el régimen chavista y en representar el sentimiento de hermandad democrática que la inmensa mayoría del pueblo argentino siente por el venezolano. Llamar a las cosas por su nombre contribuye en mucho a simplificar el debate político y ayuda a esclarecer el camino que debemos recorrer para que la democracia funcione en serio desde Alaska a Tierra del Fuego. El silencio de la OEA ante lo que es una evidente violación de la Carta Interamericana, no debe ser óbice para afirmar que el gobierno de Venezuela ha dejado de ser una dictadura y que su presidente se ha colocado a sí mismo en la categoría de dictador.

La relación con Chile es algo más que un “hangarcito”

Sin duda uno de los mayores pecados en política consiste en transformar el capricho en error. Más grave aún resulta el caso cuando se daña una relación de Estado de carácter estratégico. El titular de nuestra línea de bandera acaba de señalar que todo el conflicto con LAN gira en torno de un “hangarcito”. Quizás el funcionario conozca de aviones (o no) pero ciertamente no ha medido las implicancias de Estado que su política implica.

Más allá de la obviedad (la competencia mejora el servicio, el monopolio lo destruye), el caso de la actual disputa del gobierno argentino con la empresa LAN nos invita a reflexionar. Nos une a Chile la que quizás sea la segunda o tercera frontera más extensa del mundo. Años de trabajo diplomático en pos de alejar la desconfianza que durante décadas primó entre ambas naciones. La experiencia -aquí y en todas partes- indica que los lazos de amistad entre los pueblos se fomentan especialmente mediante el intercambio cultural, económico y comercial.

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