La comunidad internacional ha hecho demasiado poco hasta ahora, frente a los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado en Siria. La inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha permitido al régimen de Bashar al Assad cometer graves violaciones a los derechos humanos durante los últimos dos años y medio, con la confianza que le otorgó la protección de aliados como Rusia y China.

Si se hubiera dado intervención a la Corte Penal Internacional y se hubieran aplicado sanciones selectivas (como el congelamiento de los bienes del presidente Assad) es posible que la población siria se hubiese librado de los gravísimos abusos que padeció.

Hoy se ha llegado a una situación en la cual, salvo que cambie la dinámica y se ejerza una presión efectiva sobre todas las partes, es difícil que unas negociaciones resuelvan por sí solas la crisis. Las investigaciones y consultas a especialistas realizadas por Amnistía Internacional indican que muy probablemente se utilizaron armas químicas la semana pasada en las poblaciones de Zamalka y Ain Tarma, al este de Damasco. Sin embargo, la organización no tiene la información suficiente sobre quién utilizó o emitió esos agentes químicos y hace falta una investigación independiente en el lugar, para llegar a resultados concluyentes.

Sin perjuicio de que Amnistía Internacional no condena ni aprueba la posible intervención militar y tampoco adopta una posición sobre la legalidad o las bases morales para justificar esa acción, en caso de que concreten su anunciada intención de actuar contra el gobierno sirio, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia deben proteger a la acción civil. Esto significa concretamente: abstenerse de realizar ataques indiscriminados y desproporcionados, no situar objetivos militares en zonas densamente pobladas o en las proximidades de ellas y evitar utilizar a la población civil para proteger a objetivos militares (es decir, como escudos humanos).

En cuanto a Rusia y los demás aliados del gobierno sirio, deben dejar de suministrar armas y equipos a las fuerzas gubernamentales. Además, deben trabajar junto con otros Estados para presionar a Siria para que deje de cometer crímenes de derecho internacional y conceda el acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, a la Comisión de Investigación de la ONU y a las organizaciones de derechos humanos.

La comunidad internacional en general no puede seguir postergando la adopción de medidas para aliviar la terrible situación humanitaria existente dentro del país, donde se cree que hay más de cuatro millones de personas desplazadas de sus hogares. Se debe compartir la responsabilidad respecto de la asistencia y protección de los refugiados que han huido del conflicto, que hoy representan una enorme presión para los vecinos de Siria. Y todos deben, también, aceptar la responsabilidad compartida de investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria.