Llama la atención que los planes de seguridad presentados últimamente por políticos oficiales y opositores carecen de uno de infraestructura carcelaria.
He escrito muchas veces sobre lo que el Estado debe trabajar en Política Criminal (esencialmente desaceleradores de entrada de personas al circuito criminal, por ejemplo, programas anti-drogas desde la escuela primaria) y en su Plan de Seguridad, basado en sus 3 pilares: Policía, Sistema Judicial y Sistema Penitenciario.
Transcribo aquí algunos criterios a tener en cuenta por el gobernante, en base a modelos de otros países y a una experiencia propia, en una provincia argentina.
La Política Criminal del Estado debe prever metas a mediano y largo plazo para evitar la entrada de actores al sistema penal, por ejemplo, elaborando planes de rescate y cuidado de menores en riesgo, de fortalecimiento de la familia evitando la violencia doméstica, y sobre todo poniendo especial énfasis en los programas educativos antidroga en las escuelas desde los primeros grados (está probado que los alumnos “tratados” con estos programas son menos proclives a experimentar drogas y caer en el delito).
Por el contrario, el Plan de Seguridad, debe contener medidas para la solución rápida del problema de la delincuencia urbana, es decir apuntado a prevenir hechos delictivos y a separar del seno social a quien agrede a sus integrantes. La gente necesita soluciones ya, no a 10 o 20 años. Los Planes que esporádicamente se muestran en Argentina como exitosos, no lo son. Un plan eficiente debe mostrar al menos una baja sostenida en la tasa de criminalidad del 20% anual.
