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La nueva guerra santa de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner le aplicó a la controversia con los fondos buitre la misma lógica que implementa en todos los problemas: escalar el conflicto. Primero atacó a los fondos, que ganaron el juicio en todas las instancias. Segundo acto, arremetió contra el juez Thomas Griesa y tomando las palabras del juez Raúl Zaffaroni, su principal aliado en la Corte Suprema, la calificó de juez municipal. Finalmente decidió una vez más ir por todo y atacó directamente al propio gobierno de los Estados Unidos, exigiéndole que modifique la sentencia contraria a la Argentina.

Primero fueron las palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof, que le exigió al gobierno de Barack Obama que hiciera algo con el juez. No se percató el ministro que en los Estados Unidos las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son similares a las de aquí, donde los “jueces amigos” actúan a golpe de teléfono. Finalmente, la Argentina decidió convertir el problema en un litigio entre naciones y demandó a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos por todo parece seguir siendo el lema del gobierno, aunque el precio sea cada vez más caro. Cristina Fernández de Kirchner ha decidido enfrascarse en una nueva guerra santa, donde una vez más subyace el clásico slogan “Liberación o Dependencia”.

Marcelo Kohen es integrante del equipo jurídico argentino ante el Tribunal de La Haya y en una columna que lleva su firma, publicada por el diario Página/12, explicó los argumentos de la demanda argentina: “La decisión del juez Thomas Griesa de bloquear el pago argentino a los tenedores de bonos reestructurados y de imponer a nuestro país el pago del ciento por ciento más intereses de los bonos detenidos por los fondos buitre es contraria al derecho internacional e incluso a las reglas elementales del debido proceso…Las declaraciones extrajudiciales del juez Griesa y de su mediador, Pollack, prueban de manera abrumadora tal falta de imparcialidad y son inadmisibles no sólo en relación con el trato debido a un Estado soberano en un proceso judicial, sino a cualquier justiciable”.

En suma, la posición argentina parece ser que, como perdió el juicio, ahora busca desconocer el fallo. Es difícil buscar encuadrar este litigio en un caso de derecho internacional, cuando en realidad es un tema doméstico de los Estados Unidos; independientemente que un estado soberano sea una de las partes. No hay que olvidarse que la Argentina voluntariamente se acogió a las leyes y a los jueces norteamericanos para dirimir cualquier litigio con los bonistas. Es decir, renunció a su propia legislación y a sus propios jueces y de esta manera también abandonó la prerrogativa soberana de reestructurar su propia deuda en este caso.

El hecho que una de las partes se trate de un estado soberano no significa que se trate de un litigio entre estados y que por ello deba aplicarse el derecho internacional. Pensar eso es muy rudimentario y, en este caso, totalmente incorrecto. Pero además, la Argentina convalidó la jurisdicción norteamericana en otras dos oportunidades. Cuando apeló a la Cámara de Apelaciones, que ratificó totalmente la sentencia de Griesa, y más tarde cuando recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así, sostener que el litigio con los fondos buitre es una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos jurídicamente no tiene ningún asidero. Además, no hay que perder de vista que la sentencia de Griesa tiene más de dos años. El dato no es menor y habría que preguntarse por qué recién ahora la Argentina se da cuenta que esa decisión afecta su inmunidad soberana. No parece ser serio el planteo desde este punto de vista tampoco. Una vez más, la conducta de la Argentina es contradictoria y hasta caprichosa. Y, desde el punto de vista jurídico, sumamente inconsistente. Es evidente que la estrategia jurídica y política de la Argentina ha sido errática, descuidada e incoherente.

La Presidente le ha solicitado a Obama que utilice una facultad que es la cláusula de separación de poderes, a través de la cual podría pedirle al juez que no interfiera en las relaciones exteriores con la Argentina. Y se pone como antecedente un caso de embargo de fondos del Congo que pretendía llevar a cabo Paul Singer y que frenó George Bush merced a esa facultad. Pero los casos no son comparables. En primer lugar, un embargo es una medida transitoria mientras que en este caso se trata de una sentencia firme, que indirectamente fue convalidada por la propia Corte Suprema. Un dato no menor porque no se trata de la decisión de Griesa, sino de todo el Poder Judicial norteamericano. Algo que el gobierno argentino ignora a sabiendas para demonizar a al juez. En segundo término, incluso dejando de lado lo anterior, la utilización de esa facultad se trata de un decisión política en la que Barack Obama debería sopesar muy bien las consecuencias. Como se sabe, las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son bastantes frías y distantes. La foto del canciller Héctor Timerman junto a un funcionario aduanero munido de tenazas para abrir una caja con secretos militares no parece un antecedente muy simpático para ir a pedirle un favor al presidente norteamericano.

En este sentido, no parece una preocupación para los Estados Unidos que las relaciones con la Argentina se enfríen todavía más. Así se desprende de la respuesta que dio un vocero del Departamento de Estado, quien dijo que la Corte Internacional de Justicia no era el lugar adecuado para resolver los problemas de la deuda argentina e instó a “que la Argentina trabaje con los tenedores de bonos para resolver el tema pendiente”, palabras que parecen salidas de los labios del propio Griesa.

La conclusión de la respuesta norteamericana es que no le preocupa la evolución de las relaciones bilaterales con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No reconoce a la cuestión planteada por la Argentina como una controversia entre ambos estados y tampoco va a buscar otro ámbito para resolver un conflicto que fue inventado por la Argentina y que no tiene sustento jurídico.

El bloqueo de fondos para los tenedores de bonos reestructurados es otra cuestión que podría resolverse con algo de sencillez y con buena voluntad. Hoy esos fondos que el gobierno argentino depositó de mala fe porque sabía que era improbable que llegaran a sus destinatarios, funciona lisa y llanamente como una garantía para que se cumpla la sentencia. Ahora bien, si la Argentina verdaderamente quisiera cumplir con el fallo lo único que tendría que hacer es depositar la misma suma en una cuenta indisponible y pedirle al juez que libere el pago a los acreedores que entraron al canje. Es un cambio de garantía, tan sencillo como eso. Sin embargo, el gobierno en vez de buscar una solución para el problema, cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves, prefiere agravarlo como una demostración de poder hacia adentro del país.

La presidente Fernández de Kirchner entiende que está librando una nueva guerra santa como aquella contra el campo, que le permite mantener la épica de un relato que hace meses dejo de surtir efecto. Entiende que va por el buen camino porque algunas encuestas le dieron una modesta suba de cinco puntos en la imagen positiva. Cree que está recuperando la iniciativa política frente al lastre cada vez más pesado en que se ha convertido el vicepresidente Amado Boudou y una economía cada vez más complicada y enrarecida que Kicillof no alcanza a solucionar. En este marco entablar una guerra dialéctica con los Estados Unidos es un oasis en el desierto. Cristina Fernández de Kirchner comenzó su última guerra santa, cuyos costos no pagará ella porque habrá dejado la Casa Rosada.

Fatiga de material

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aparece cada vez más radicalizada en sus discursos, es un síntoma que se acabaron las ideas, hay escasez de victorias políticas y la billetera del poder ya no es lo que era.

El relato épico ya no convence y lo que muestra grandes debilidades es la misma gestión del gobierno. Guillermo Moreno es producto de estos tiempos de estrechez del cristinismo y su protagonismo es directamente proporcional al crispamiento de la Presidente. Moreno es el conductor del quinteto económico, un grupo que registra un balance de mayores derrotas que victorias. Moreno no es sólo Moreno, es el emergente de un gobierno cuyo margen de maniobra se estrecha.

El congelamiento de precios que se derrite, la inflación que se acelera, el CEDIN que no arranca, la derrota de la Reforma Judicial que desencadenó la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, los trenes que se han convertido en una pesadilla, los casos de corrupción que se multiplican y pican cada vez más cerca de lo más alto del poder. A esta lista se suma el peligro de la reunificación de la CGT, el pan que se está convirtiendo en un artículo de lujo, YPF que mendiga fondos, las inversiones que no tienen a la Argentina como destino pero también los capitales que buscan otros horizontes, el cepo cambiario y el aumento de la desocupación. Éstos son algunos de los problemas a los que el gobierno se enfrenta pero que en sus discursos la Presidente se empeña en ignorar. Así, el gobierno que iba por todo puede terminar sin nada, pero luchará hasta el final. Martín Insaurralde y Guillermo Moreno son dos exponentes de la fatiga de material que hoy exhibe el cristinismo.

Martín Insaurralde, casi un perfecto desconocido  fuera de los límites de Lomas de Zamora, fue el Plan “C” de Cristina Fernández. La Presidenta se vio obligada  a descartar como candidatos a Alicia Kirchner, que fue arrasada por las inundaciones en La Plata y a Florencio Randazzo que dejó de ser una alternativa electoral luego de la tragedia de Castelar.

El bajo nivel de conocimiento de Insaurralde, aproximadamente del 57% según las primeras encuestas, obliga a la Presidente a convertirse en la verdadera candidata del Frente para la Victoria secundada por Daniel Scioli. Ella deberá cargar con la victoria pero también con la derrota, en unas elecciones que lo que está verdaderamente en juego es la continuidad del modelo que sólo será posible con la continuidad en el poder de Cristina Fernández. Es lo que en definitiva quiere decir la diputada Diana Conti cuando sostiene que “Cristina es imprescindible”.

El rol protagónico del Guillermo Moreno como el funcionario más importante del gobierno encuentra su explicación en el estilo de gobierno de Cristina Fernández. Es un soldado dispuesto a obedecer ciegamente y no llevar malas noticias a su jefa; esas malas noticias que la realidad se empeña en generar. La vigencia de Moreno demuestra un gobierno con serios problemas de management, un sistema que premian a los que obedecen sin importar su grado de eficacia en la resolución de los problemas. Es claro que el Secretario de Comercio no ha resuelto ninguno de los problemas que han pasado por su escritorio, en el mejor de los casos ha conseguido retrasar sus efectos que luego han sobrevenido con mayor potencia.

El gobierno de Cristina Fernández no es un gobierno de los mejores, sino de los más obedientes y Moreno es un claro exponente de este estilo de ejercer el poder. Por eso quienes forman parte de gabinete no son importantes porque su poder de decisión es casi siempre nulo o demasiado estrecho como para imprimir un estilo distinto del que no sea la obediencia ciega. Guillermo Moreno es parte de la fatiga de material de un gobierno conducido con mano de hierro y donde se permite el debate. Sería muy difícil imaginar que alguien de prestigio y con pensamiento propio se uniera a un gobierno que únicamente requiere soldados con fe ciega y vean la realidad como una conspiración.

En este contexto la radicalización de cristinismo es inexorable, independientemente del resultado de las elecciones. Si gana entenderá que el cheque en blanco que resultó el 54% de los votos con que Cristina Fernández se alzó con la reelección se habrá revalidado. Si pierde interpretará que habrá que redoblar la apuesta para garantizar la continuidad del modelo; al igual que lo hizo Néstor Kirchner después de la derrota del 2009 a manos de Francisco De Narvaéz. El escollo en uno y otro caso siempre será la Constitución y la Corte Suprema de Justicia, pero la radicalización de la Presidenta y sus seguidores está garantizada.

Es probable que una señal de esa radicalización que está por venir sea el ascenso del general César Milani como Jefe de Estado Mayor del Ejército. Por primera vez un oficial de inteligencia llega a la más alta jerarquía del arma más importante del país. En un país sin hipótesis de conflicto y con la prohibición de hacer inteligencia fronteras adentro, la inteligencia militar debería ser una especie en extinción. Sin embargo, cuenta con un presupuesto de algo más de $ 300 millones y trabajan en ella más de 700 personas. Es extraño y preocupante y no son pocos los que creen que la inteligencia del ejército pudiera utilizarse con fines internos. Tal vez un nuevo Proyecto X, que en su discurso por el Día de la Independencia la Presidente volvió a desmentir su existencia. La causa tramita en el juzgado de Norberto Oyarbide. El 9 de marzo de este año, Infobae informó que fuentes allegadas a la causa confirmaron la existencia de unos 500 documentos distribuidos en cinco discos obtenidos en un allanamiento al Centro de Reunión de Información de la Gendarmería en Campo de Mayo. A través del Proyecto X se habría espiado durante años a dirigentes sociales y políticos.

La preocupación de muchos dirigentes de la oposición es que ahora sea la inteligencia del Ejército la que se encargue de esos menesteres. Por eso, tuvieron mucha repercusión las palabras del General Milani cuando en el acto de juramento de las nuevas cúpulas militares dijo que quiere un ejército que acompañe el proyecto nacional. Todo esto no es una casualidad y también tiene que ver con un gobierno que exhibe fatiga de material y por lo tanto entiende que necesita endurecerse. No hay adversarios, hay enemigos que acechan.

La declaración de Milani es interesante porque  y también apuntaría a borrar una de las diferencias del modelo nacional y popular con el chavista. Hugo Chávez era militar y desde un primer momento las Fuerzas Armadas fueron su base de sustentación política, siempre fueron parte del modelo. En la Argentina no sucedió lo mismo. Primero fue necesario depurarlas de las secuelas de la dictadura pero diez años después ese trabajo parece estar terminado y Milani podría ser el jefe que las lleve a integrar el modelo.

El analista político Rosendo Fraga cree que ese proceso tuvo su primer paso en las inundaciones de La Plata donde efectivos del Ejército trabajaron codo a codo con los militantes de La Cámpora. Una especie de Operativo Dorrego de estas épocas.

Los próximos meses serán intensos y determinantes. El gobierno muestra, que después de diez años en el poder, padece de una fatiga de material que se demuestra en la falta de candidatos y de funcionarios capacitados para resolver los problemas. El único detalle es que Cristina Fernández de Kirchner cree que esos problemas no existen o que, en el mejor de los casos, son culpa de los conspiradores de siempre.

Guerra a los jueces

La Presidente Cristina Fernández de Kirchner está enojada y su furioso discurso en Rosario fue un sincericidio honesto y brutal. Eso también es efecto del fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la ley que modifica el Consejo de la Magistratura. Cristina Fernández equiparó el instituto del veto presidencial con el control de constitucional, tal vez la principal función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada más alejado de la realidad.

Es curioso que la Presidenta no pensara que la voluntad popular era doblegada cuando vetó la ley que le garantizaba a los jubilados percibir el 82% móvil. En aquella oportunidad el Congreso, que representa el ciento por ciento de la voluntad popular, le dio fuerza de ley a un viejo reclamo de los jubilados y la doctora Kirchner tomó su lapicera y la borró de un plumazo. Se pudo estar de acuerdo o en desacuerdo con su decisión, pero nadie dijo que la Presidenta era golpista y atentaba contra la democracia. Era el juego de la división de poderes, en definitiva lo mismo que sucede ahora con el fallo de la Corte que le causa tanta bronca. Pero ya se sabe que el kirchnerismo y en particular la Presidenta las contradicciones no son importantes y más bien son inherentes a la revolución que creen estar llevando adelante.

Los voceros de siempre del oficialismo ya no lo disimulan, piden una reforma constitucional urgente porque entienden que la Constitución tal como está es un obstáculo para profundizar el modelo. La misma idea que en su momento utilizó Hugo Chávez para convertir a Venezuela en una república bolivariana. Hoy los opositores venezolanos sostienen que ese fue el punto de inflexión para que el chavismo se convirtiera en la única alternativa de poder. La Presidenta y sus seguidores empiezan a transitar el mismo camino.

En las últimas horas Cristina Fernández ha reafirmado que no acepta ningún límite a su poder. El kirchnerismo pide la reforma constitucional, que si la consiguiera el punto menos preocupante sería la reelección ilimitada. El senador oficialista Marcelo Fuentes fue claro al respecto: “Hay un debate necesario sobre la reforma de la Constitución que ha sido bastardeado, limitado y condicionado por el tema de la reelección. Pero es necesaria una reforma de la Constitución y no solamente por ese tema”. Las palabras del legislador no dejan lugar a dudas, una reforma constitucional pergeñada  por el kirchnerismo se trataría de un verdadero cambio de régimen que daría el nacimiento de una Argentina con otra fisonomía seguramente más parecida a la venezolana que a la republicana. En ese proyecto el Poder Judicial  pasaría a convertirse en un mero convalidador de las iniciativas del Ejecutivo. El control de constitucionalidad, una de las principales funciones de la Corte Suprema, sería borrado y emergería un gobierno que efectivamente habrá ido por todo. Eso es lo que está en el fondo de toda esta discusión, donde a medida que pasan las horas se demuestra que el fallo de la Corte se ha convertido en un verdadero disparador para que el oficialismo termine por desnudar todos sus objetivos.

Los voceros del kirchnerismo se han encargado de dejar en claro dos cuestiones. La primera es que ha comenzado una discusión sobre el papel que tiene que tener el Poder Judicial en un contexto político donde el modelo encarnado por la Presidenta es la Patria. Así, cualquier límite al gobierno o a Cristina Fernández es una ataque al modelo y por ende un acto de traición a la Patria. El fallo de la Corte es eso y por eso sus miembros son ni más ni menos que traidores y un escollo a remover. La segunda cuestión, todavía no develada, es qué forma tomará la represalia del gobierno contra la Corte. Hoy una reforma constitucional parece irreal. El oficialismo no tiene el número suficiente de legisladores para llevarla adelante y las perspectivas para alcanzarlo luego de las elecciones de octubre también parece impensada.

“Hay países latinoamericanos que, por fallos de la Corte Suprema, sacaron a un presidente. Hay que estar preparados para resistirlo”, declaró la diputada Diana Conti, ubicando a la Corte Suprema directamente como un órgano golpista que atenta contra la democracia. Pero la legisladora dijo más: “Creo que el pueblo no lo toleraría, pero si la ametralladora mediática intenta mostrar que sólo lo que dice la Corte es lo que dice la Constitución, vamos a tener que estar atentos“. En esta última frase está la clave de lo que quiere el gobierno. En nuestro sistema la Corte tiene la última palabra sobre lo que dice la Constitución y por ende lo que es o no constitucional. Por eso, es el poder del Estado que termina las discusiones y no el que las comienza y por lo tanto es quien le pone límites al poder político. En suma, la Corte es la que marca la cancha en donde se juega el partido.

Las declaraciones de Diana Conti están en perfecta sintonía con la ironía furiosa de Cristina Fernández anunciando que en el 2015 quiere ser jueza “para tener una lapicera, una cautelar y firmar. ¡Y qué me importa lo que vota la gente, los diputados, el presidente! Así que ya saben: Cristina jueza 2015“. La Presidenta entiende que los jueces no tienen límites y en su sincericidio transmitido por cadena nacional reconoció que es lo quiere para ella. Que nadie contradiga sus deseos y mucho menos que alguien le diga “no se puede”.

Hasta ahora el gobierno respondió con palabras, pero bien es sabido que el kirchnerismo no se queda en ellas. Las represalias de la Presidente nunca son testimoniales. Hace un año la Cristina Fernández anunció que iba por todo y hasta ahora nunca ha retrocedido, es difícil pensar que lo vaya a hacer ahora. En Rosario, la Presidente le declaró la guerra a los jueces, que se han convertido para el kirchnerismo en una amenaza para la continuidad del modelo. Es seguro que en los próximos días el kirchnerismo terminará por descubrir su juego y en ese momento se sabrá la verdadera dimensión de la bronca presidencial y de la forma que tomará la guerra contra los jueces. Ahora, el kirchnerismo vela las armas. Rosario ha sido el lugar elegido para declarar una guerra que todavía no comenzó pero que sin lugar a dudas comenzará.