Por: Martín Pittón
Cristina Fernández de Kirchner le aplicó a la controversia con los fondos buitre la misma lógica que implementa en todos los problemas: escalar el conflicto. Primero atacó a los fondos, que ganaron el juicio en todas las instancias. Segundo acto, arremetió contra el juez Thomas Griesa y tomando las palabras del juez Raúl Zaffaroni, su principal aliado en la Corte Suprema, la calificó de juez municipal. Finalmente decidió una vez más ir por todo y atacó directamente al propio gobierno de los Estados Unidos, exigiéndole que modifique la sentencia contraria a la Argentina.
Primero fueron las palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof, que le exigió al gobierno de Barack Obama que hiciera algo con el juez. No se percató el ministro que en los Estados Unidos las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son similares a las de aquí, donde los “jueces amigos” actúan a golpe de teléfono. Finalmente, la Argentina decidió convertir el problema en un litigio entre naciones y demandó a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos por todo parece seguir siendo el lema del gobierno, aunque el precio sea cada vez más caro. Cristina Fernández de Kirchner ha decidido enfrascarse en una nueva guerra santa, donde una vez más subyace el clásico slogan “Liberación o Dependencia”.
Marcelo Kohen es integrante del equipo jurídico argentino ante el Tribunal de La Haya y en una columna que lleva su firma, publicada por el diario Página/12, explicó los argumentos de la demanda argentina: “La decisión del juez Thomas Griesa de bloquear el pago argentino a los tenedores de bonos reestructurados y de imponer a nuestro país el pago del ciento por ciento más intereses de los bonos detenidos por los fondos buitre es contraria al derecho internacional e incluso a las reglas elementales del debido proceso…Las declaraciones extrajudiciales del juez Griesa y de su mediador, Pollack, prueban de manera abrumadora tal falta de imparcialidad y son inadmisibles no sólo en relación con el trato debido a un Estado soberano en un proceso judicial, sino a cualquier justiciable”.
En suma, la posición argentina parece ser que, como perdió el juicio, ahora busca desconocer el fallo. Es difícil buscar encuadrar este litigio en un caso de derecho internacional, cuando en realidad es un tema doméstico de los Estados Unidos; independientemente que un estado soberano sea una de las partes. No hay que olvidarse que la Argentina voluntariamente se acogió a las leyes y a los jueces norteamericanos para dirimir cualquier litigio con los bonistas. Es decir, renunció a su propia legislación y a sus propios jueces y de esta manera también abandonó la prerrogativa soberana de reestructurar su propia deuda en este caso.
El hecho que una de las partes se trate de un estado soberano no significa que se trate de un litigio entre estados y que por ello deba aplicarse el derecho internacional. Pensar eso es muy rudimentario y, en este caso, totalmente incorrecto. Pero además, la Argentina convalidó la jurisdicción norteamericana en otras dos oportunidades. Cuando apeló a la Cámara de Apelaciones, que ratificó totalmente la sentencia de Griesa, y más tarde cuando recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así, sostener que el litigio con los fondos buitre es una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos jurídicamente no tiene ningún asidero. Además, no hay que perder de vista que la sentencia de Griesa tiene más de dos años. El dato no es menor y habría que preguntarse por qué recién ahora la Argentina se da cuenta que esa decisión afecta su inmunidad soberana. No parece ser serio el planteo desde este punto de vista tampoco. Una vez más, la conducta de la Argentina es contradictoria y hasta caprichosa. Y, desde el punto de vista jurídico, sumamente inconsistente. Es evidente que la estrategia jurídica y política de la Argentina ha sido errática, descuidada e incoherente.
La Presidente le ha solicitado a Obama que utilice una facultad que es la cláusula de separación de poderes, a través de la cual podría pedirle al juez que no interfiera en las relaciones exteriores con la Argentina. Y se pone como antecedente un caso de embargo de fondos del Congo que pretendía llevar a cabo Paul Singer y que frenó George Bush merced a esa facultad. Pero los casos no son comparables. En primer lugar, un embargo es una medida transitoria mientras que en este caso se trata de una sentencia firme, que indirectamente fue convalidada por la propia Corte Suprema. Un dato no menor porque no se trata de la decisión de Griesa, sino de todo el Poder Judicial norteamericano. Algo que el gobierno argentino ignora a sabiendas para demonizar a al juez. En segundo término, incluso dejando de lado lo anterior, la utilización de esa facultad se trata de un decisión política en la que Barack Obama debería sopesar muy bien las consecuencias. Como se sabe, las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son bastantes frías y distantes. La foto del canciller Héctor Timerman junto a un funcionario aduanero munido de tenazas para abrir una caja con secretos militares no parece un antecedente muy simpático para ir a pedirle un favor al presidente norteamericano.
En este sentido, no parece una preocupación para los Estados Unidos que las relaciones con la Argentina se enfríen todavía más. Así se desprende de la respuesta que dio un vocero del Departamento de Estado, quien dijo que la Corte Internacional de Justicia no era el lugar adecuado para resolver los problemas de la deuda argentina e instó a “que la Argentina trabaje con los tenedores de bonos para resolver el tema pendiente”, palabras que parecen salidas de los labios del propio Griesa.
La conclusión de la respuesta norteamericana es que no le preocupa la evolución de las relaciones bilaterales con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No reconoce a la cuestión planteada por la Argentina como una controversia entre ambos estados y tampoco va a buscar otro ámbito para resolver un conflicto que fue inventado por la Argentina y que no tiene sustento jurídico.
El bloqueo de fondos para los tenedores de bonos reestructurados es otra cuestión que podría resolverse con algo de sencillez y con buena voluntad. Hoy esos fondos que el gobierno argentino depositó de mala fe porque sabía que era improbable que llegaran a sus destinatarios, funciona lisa y llanamente como una garantía para que se cumpla la sentencia. Ahora bien, si la Argentina verdaderamente quisiera cumplir con el fallo lo único que tendría que hacer es depositar la misma suma en una cuenta indisponible y pedirle al juez que libere el pago a los acreedores que entraron al canje. Es un cambio de garantía, tan sencillo como eso. Sin embargo, el gobierno en vez de buscar una solución para el problema, cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves, prefiere agravarlo como una demostración de poder hacia adentro del país.
La presidente Fernández de Kirchner entiende que está librando una nueva guerra santa como aquella contra el campo, que le permite mantener la épica de un relato que hace meses dejo de surtir efecto. Entiende que va por el buen camino porque algunas encuestas le dieron una modesta suba de cinco puntos en la imagen positiva. Cree que está recuperando la iniciativa política frente al lastre cada vez más pesado en que se ha convertido el vicepresidente Amado Boudou y una economía cada vez más complicada y enrarecida que Kicillof no alcanza a solucionar. En este marco entablar una guerra dialéctica con los Estados Unidos es un oasis en el desierto. Cristina Fernández de Kirchner comenzó su última guerra santa, cuyos costos no pagará ella porque habrá dejado la Casa Rosada.