“Apoyo el reclamo, pero no los métodos” es una de las clásicas frases argentinas ante los distintos conflictos que se suceden a lo largo y a lo ancho del país. La pregunta que sigue es, ¿y entonces, cómo? Es decir, ¿qué otro método más efectivo conocen quienes comprenden la “legitimidad” de los reclamos pero no están de acuerdo con las formas en que se llevan adelante?
Lo que ha ocurrido en estos días en Lugano con el problema de la vivienda es paradigmático. El conflicto viene de arrastre: a fines de 2010, ante una ocupación de terrenos por parte de los vecinos, el gobierno nacional y el porteño desalojaron juntos con una violenta represión. El saldo fue de tres muertos, y la promesa de incluir a los ocupas en un plan de viviendas. Ningún funcionario fue preso, y nadie –ni Nación ni Ciudad- puso un peso para el plan de viviendas. Frente al papel vergonzoso –en ese entonces y ahora- del PRO y el FPV, el Legislador porteño del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal lo dijo clarísimo y sin medias tintas: “Si queda algo de justicia en este país, los que gobiernan el país y la Ciudad deberían ir a juicio político por dejar a 500 mil personas en la ciudad de Buenos Aires sin vivienda”.