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El rostro del horror

Si el horror tuviera rostro sería el de ellas: las víctimas de los ataques con ácido. Estas mujeres inician una tortuosa nueva vida tras la agresión, signada por el autoaislamiento, el dolor físico, el estigma social, las operaciones reiteradas, las cicatrices imborrables y la impunidad de sus agresores. A nivel mundial,  tan sólo el 20% de los atacantes resulta castigado por este acto, con el que no buscan matar a sus víctimas, sino transformar su existencia, única e irrepetible, en una pesadilla de la que jamás puedan despertarse.

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Estos ataques  no se limitan a mujeres, también hay casos de hombres agredidos y cientos de niños y niñas. Los motivos van de la violencia familiar a la venganza y las disputas económicas, pero que siempre tienen como blanco al eslabón más desprotegido de la cadena. Por ello, el 80%  son mujeres y niñas. Este delito, que se cobra más de 1500 víctimas anuales en 20 países y que tiene mayor incidencia en la India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Nepal, comienza a causar gran preocupación, también, en nuestra región. En Colombia, la gran cantidad de casos, en franco aumento desde hace casi una década, está causando una fuerte conmoción interna, ha despertado la paranoia colectiva, está poniendo en jaque al gobierno y suscita la atención de los principales medios internacionales.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se vio muy cuestionado por haber dejado vencer el plazo de implementación de una nueva ley que condene con más severidad estos hechos y no bajo el mismo paraguas de otros ataques personales, como una golpiza, de los que la víctima puede recuperarse en un 100% con el paso del tiempo y atención médica. Frente a las críticas y al temor de la ciudadanía, Santos reaccionó con fuerza, ofreció recompensas de 40 mil dólares por información que conduzca a esclarecer delitos de este tipo, inauguró una línea telefónica de emergencias, restringió la venta al público de los químicos y ofreció atención médica gratuita a las damnificadas. Sin embargo, según datos de Medicina Legal de Colombia, esta modalidad delictiva ya se ha cobrado unas 1000 víctimas en ese país que registra más de 60 casos anuales y que afecta a todos los estratos sociales.

En el resto del mundo, especialmente en Asia, esta práctica propia de la Edad Media, es aún más difícil de combatir. El sencillo y económico acceso a los ácidos, la extrema pobreza combinada con la falta de educación y el machismo, perpetúan estos castigos que ni siquiera conllevan una condena social severa  contra el agresor. Además, como en el imaginario colectivo existe una asociación que vincula erróneamente a las marcas de ácidos con el adulterio, se termina convirtiendo al victimario en víctima y sumiendo a esas mujeres en la humillación y la vergüenza.

El derecho de una mujer o de una niña a rechazar a un candidato, a asistir a la escuela, a mirar a un hombre a los ojos o a negarse a tener relaciones sexuales con él, suelen ser los actos que con mayor frecuencia se penan con uso de ácidos que generan cicatrices físicas, sociales y psicológicas que se llevan de por vida. La mayoría de las víctimas pierde la vista o sufre quemaduras en las manos (por la reacción natural a protegerse con ellas) lo que luego les impide trabajar o hacer tareas cotidianas como alimentarse o higienizarse.

Los relatos  en primera persona estremecen. La película Saving Face, ganadora de un Premio Oscar, muestra en formato de documental, la realidad a la que se enfrenta un médico cirujano plástico pakistaní formado en Londres que vuelve a su tierra a ofrecer ayuda a estas mujeres, muchas de ellas privadas de atención médica y que llevan adelante lo que queda de sus vidas cubiertas de harapos y en la oscuridad. Se trata de historias verídicas muy duras pero a las que vale la pena abrir los ojos para ver lo que aún ocurren aún hoy, en nuestro tiempo.

Frente a este flagelo, las acciones más importantes vienen precisamente desde el tercer sector, de la mano de varias ONG como Acid Surviviors Trust International, Action Aid o la colombiana Reconstruyendo Rostros. Sin embargo, desde otras esferas, el compromiso es nulo o casi nulo y muestra todo lo que queda por hacer en la lucha contra la violencia machista, que se erige en diversas formas y matices, pero que sigue muy presente también en nuestra región, donde el cuerpo de la mujer no es la esencia que le pertenece a ella misma, sino un objeto que decora, que vende productos, del cual el hombre se adueña en el matrimonio, que puede comprar, alquilar o destruir con cierta levedad y hasta tolerancia social.

 

La salud de los presidentes

Sin dudas, una de las discusiones de las mesas de café, durante estos días, tuvo que ver con la obligación –o no– de informar sobre la salud de un presidente, con qué detalle y en qué momento debe hacerse.

Si tomamos como ejemplo lo que ocurre en otros países, nos encontraremos con concepciones y metodologías diferentes. Están los que optan por una manera más transparente de contar y de poner sobre la mesa la situación de la persona pública en cuestión y están aquellos que optan por un secretismo casi absoluto. Estas modalidades se encuentran en consonancia con la forma general en la que un gobierno administra todo el resto de la información de interés público: un país acostumbrado a no tener temas tabú y a exponer ante la opinión pública todos los asuntos, incluso aquellos que lo incomodan, tenderá a comentar, abierta y la salud de sus gobernantes. Un régimen cerrado y autoritario, pues se inclinará por impedir, desmentir, obstaculizar y retacear la información.

Un ejemplo de un modo muy eficiente de manejar estos asuntos lo encontramos en Brasil. Digo “eficiente” tomando en cuenta los resultados, con ausencia total de dudas, especulaciones, desmentidas y contradicciones. En su momento, todos los aspectos del cáncer de laringe que padeció Lula Da Silva fueron expuestos con claridad ante los brasileños. En ese entonces, él no era presidente pero todavía era una personalidad de gran peso político en un país en el que recién se estrenaba su sucesión. Lo mismo hizo su delfín, Dilma Rousseff. Su cáncer linfático fue diagnosticado cuando era ministra de Lula, pero ganó la presidencia peleando contra la enfermedad y, a nueve meses de haber asumido, pudo dar la noticia de su cura.

Esta manera de informar impidió que se genere esa  angustia que embarga cuando no se sabe bien lo que pasa o se sospecha de mentiras u ocultamientos. Además, como efecto secundario, las fotos de la mujer de Lula rapando la cabeza de su compañero de vida humanizaron la enfermedad y las explicaciones de Roussseff sobre su curación fueron una cátedra pública sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana. La misma estrategia utilizaron Juan Manuel Santos, en Colombia y Fernando Lugo, cuando era presidente de Paraguay. Siempre con buenos resultados.

Sin embargo, están quienes optan por el hermetismo, al estilo de Hugo Chávez, que en plena campaña presidencial y fecha de asunción del nuevo mandato, no daba información cierta sobre su enfermedad. Esto generó mucho malestar, incertidumbre, marchas en reclamo de mayor información, inestabilidad política y social, y hasta rumores de golpe de estado. Su estilo se asemejó al de Fidel Castro, quien, desde que delegó el poder en su hermano Raúl, en 2006, siempre restringió el acceso a los detalles de su estado de salud. El caso más extremo fue el de Kim Jong Il, líder supremo de Corea del Norte. Su muerte logró mantenerse totalmente oculta de la luz pública durante dos días, sin que se filtre ni un rumor.

Una situación semejante puede darse en caso de afecciones psicológicas. Cuando Alan García era presidente de Perú, eran muy comentadas sus actitudes violentas e impropias para su embestidura (como cuando en 2010 golpeó a un estudiante por decirle corrupto) pero nunca se dio información al respecto hasta que, con los cables de WikiLeaks, se filtraron especulaciones sobre un presunto trastorno bipolar.

La discusión tiene como base preguntas más profundas: ¿tiene un gobierno la obligación de informar sobre el estado de salud de los mandatarios? ¿Cuál es el nivel de detalle que se debe brindar? ¿En qué momento debe decidirse comunicar? ¿La información sobre la salud personal de un presidente es un derecho público?

Luis García-San Miguel Rodríguez-Arango (QEPD), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, en el libro Estudios sobre el derecho a la intimidad, afirma que los políticos aspirantes a un cargo de elección popular están obligados a informar sobre padecimientos graves en su salud, ya que el electorado tiene el derecho a conocer si su potencial representante está capacitado integralmente para desempeñar el cargo,  lo contrario implicaría un engaño”. ¿Vale lo mismo cuando está en pleno mandato?

Hay una esfera de las costumbres y del modo de vida de un mandatario que forma parte de su intimidad. Si fuma, si toma alcohol de forma moderada, si tiene amantes o una homosexualidad encubierta son aspectos de su vida privada y no tienen por qué ser comentados ni expuestos ante la luz pública. Pero si dicho gobernante padece alguna enfermedad inhabilitante, una afección como alcoholismo o trastornos psicológicos, que afecten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las tareas para las que ha sido elegido por medio del voto, entonces tiene la obligación de dar a conocer la información, con detalles y máxima transparencia.

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La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual está comenzando a ser tomada cada vez más en serio, especialmente por su vinculación con el crimen organizado transnacional.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.