Por: Muriel Balbi
Sin dudas, una de las discusiones de las mesas de café, durante estos días, tuvo que ver con la obligación –o no– de informar sobre la salud de un presidente, con qué detalle y en qué momento debe hacerse.
Si tomamos como ejemplo lo que ocurre en otros países, nos encontraremos con concepciones y metodologías diferentes. Están los que optan por una manera más transparente de contar y de poner sobre la mesa la situación de la persona pública en cuestión y están aquellos que optan por un secretismo casi absoluto. Estas modalidades se encuentran en consonancia con la forma general en la que un gobierno administra todo el resto de la información de interés público: un país acostumbrado a no tener temas tabú y a exponer ante la opinión pública todos los asuntos, incluso aquellos que lo incomodan, tenderá a comentar, abierta y la salud de sus gobernantes. Un régimen cerrado y autoritario, pues se inclinará por impedir, desmentir, obstaculizar y retacear la información.
Un ejemplo de un modo muy eficiente de manejar estos asuntos lo encontramos en Brasil. Digo “eficiente” tomando en cuenta los resultados, con ausencia total de dudas, especulaciones, desmentidas y contradicciones. En su momento, todos los aspectos del cáncer de laringe que padeció Lula Da Silva fueron expuestos con claridad ante los brasileños. En ese entonces, él no era presidente pero todavía era una personalidad de gran peso político en un país en el que recién se estrenaba su sucesión. Lo mismo hizo su delfín, Dilma Rousseff. Su cáncer linfático fue diagnosticado cuando era ministra de Lula, pero ganó la presidencia peleando contra la enfermedad y, a nueve meses de haber asumido, pudo dar la noticia de su cura.
Esta manera de informar impidió que se genere esa angustia que embarga cuando no se sabe bien lo que pasa o se sospecha de mentiras u ocultamientos. Además, como efecto secundario, las fotos de la mujer de Lula rapando la cabeza de su compañero de vida humanizaron la enfermedad y las explicaciones de Roussseff sobre su curación fueron una cátedra pública sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana. La misma estrategia utilizaron Juan Manuel Santos, en Colombia y Fernando Lugo, cuando era presidente de Paraguay. Siempre con buenos resultados.
Sin embargo, están quienes optan por el hermetismo, al estilo de Hugo Chávez, que en plena campaña presidencial y fecha de asunción del nuevo mandato, no daba información cierta sobre su enfermedad. Esto generó mucho malestar, incertidumbre, marchas en reclamo de mayor información, inestabilidad política y social, y hasta rumores de golpe de estado. Su estilo se asemejó al de Fidel Castro, quien, desde que delegó el poder en su hermano Raúl, en 2006, siempre restringió el acceso a los detalles de su estado de salud. El caso más extremo fue el de Kim Jong Il, líder supremo de Corea del Norte. Su muerte logró mantenerse totalmente oculta de la luz pública durante dos días, sin que se filtre ni un rumor.
Una situación semejante puede darse en caso de afecciones psicológicas. Cuando Alan García era presidente de Perú, eran muy comentadas sus actitudes violentas e impropias para su embestidura (como cuando en 2010 golpeó a un estudiante por decirle corrupto) pero nunca se dio información al respecto hasta que, con los cables de WikiLeaks, se filtraron especulaciones sobre un presunto trastorno bipolar.
La discusión tiene como base preguntas más profundas: ¿tiene un gobierno la obligación de informar sobre el estado de salud de los mandatarios? ¿Cuál es el nivel de detalle que se debe brindar? ¿En qué momento debe decidirse comunicar? ¿La información sobre la salud personal de un presidente es un derecho público?
Luis García-San Miguel Rodríguez-Arango (QEPD), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, en el libro Estudios sobre el derecho a la intimidad, afirma que los políticos aspirantes a un cargo de elección popular están obligados a informar sobre padecimientos graves en su salud, ya que el electorado tiene el derecho a conocer si su potencial representante está capacitado integralmente para desempeñar el cargo, lo contrario implicaría un engaño”. ¿Vale lo mismo cuando está en pleno mandato?
Hay una esfera de las costumbres y del modo de vida de un mandatario que forma parte de su intimidad. Si fuma, si toma alcohol de forma moderada, si tiene amantes o una homosexualidad encubierta son aspectos de su vida privada y no tienen por qué ser comentados ni expuestos ante la luz pública. Pero si dicho gobernante padece alguna enfermedad inhabilitante, una afección como alcoholismo o trastornos psicológicos, que afecten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las tareas para las que ha sido elegido por medio del voto, entonces tiene la obligación de dar a conocer la información, con detalles y máxima transparencia.