El rostro del horror

Si el horror tuviera rostro sería el de ellas: las víctimas de los ataques con ácido. Estas mujeres inician una tortuosa nueva vida tras la agresión, signada por el autoaislamiento, el dolor físico, el estigma social, las operaciones reiteradas, las cicatrices imborrables y la impunidad de sus agresores. A nivel mundial,  tan sólo el 20% de los atacantes resulta castigado por este acto, con el que no buscan matar a sus víctimas, sino transformar su existencia, única e irrepetible, en una pesadilla de la que jamás puedan despertarse.

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Estos ataques  no se limitan a mujeres, también hay casos de hombres agredidos y cientos de niños y niñas. Los motivos van de la violencia familiar a la venganza y las disputas económicas, pero que siempre tienen como blanco al eslabón más desprotegido de la cadena. Por ello, el 80%  son mujeres y niñas. Este delito, que se cobra más de 1500 víctimas anuales en 20 países y que tiene mayor incidencia en la India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Nepal, comienza a causar gran preocupación, también, en nuestra región. En Colombia, la gran cantidad de casos, en franco aumento desde hace casi una década, está causando una fuerte conmoción interna, ha despertado la paranoia colectiva, está poniendo en jaque al gobierno y suscita la atención de los principales medios internacionales.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se vio muy cuestionado por haber dejado vencer el plazo de implementación de una nueva ley que condene con más severidad estos hechos y no bajo el mismo paraguas de otros ataques personales, como una golpiza, de los que la víctima puede recuperarse en un 100% con el paso del tiempo y atención médica. Frente a las críticas y al temor de la ciudadanía, Santos reaccionó con fuerza, ofreció recompensas de 40 mil dólares por información que conduzca a esclarecer delitos de este tipo, inauguró una línea telefónica de emergencias, restringió la venta al público de los químicos y ofreció atención médica gratuita a las damnificadas. Sin embargo, según datos de Medicina Legal de Colombia, esta modalidad delictiva ya se ha cobrado unas 1000 víctimas en ese país que registra más de 60 casos anuales y que afecta a todos los estratos sociales.

En el resto del mundo, especialmente en Asia, esta práctica propia de la Edad Media, es aún más difícil de combatir. El sencillo y económico acceso a los ácidos, la extrema pobreza combinada con la falta de educación y el machismo, perpetúan estos castigos que ni siquiera conllevan una condena social severa  contra el agresor. Además, como en el imaginario colectivo existe una asociación que vincula erróneamente a las marcas de ácidos con el adulterio, se termina convirtiendo al victimario en víctima y sumiendo a esas mujeres en la humillación y la vergüenza.

El derecho de una mujer o de una niña a rechazar a un candidato, a asistir a la escuela, a mirar a un hombre a los ojos o a negarse a tener relaciones sexuales con él, suelen ser los actos que con mayor frecuencia se penan con uso de ácidos que generan cicatrices físicas, sociales y psicológicas que se llevan de por vida. La mayoría de las víctimas pierde la vista o sufre quemaduras en las manos (por la reacción natural a protegerse con ellas) lo que luego les impide trabajar o hacer tareas cotidianas como alimentarse o higienizarse.

Los relatos  en primera persona estremecen. La película Saving Face, ganadora de un Premio Oscar, muestra en formato de documental, la realidad a la que se enfrenta un médico cirujano plástico pakistaní formado en Londres que vuelve a su tierra a ofrecer ayuda a estas mujeres, muchas de ellas privadas de atención médica y que llevan adelante lo que queda de sus vidas cubiertas de harapos y en la oscuridad. Se trata de historias verídicas muy duras pero a las que vale la pena abrir los ojos para ver lo que aún ocurren aún hoy, en nuestro tiempo.

Frente a este flagelo, las acciones más importantes vienen precisamente desde el tercer sector, de la mano de varias ONG como Acid Surviviors Trust International, Action Aid o la colombiana Reconstruyendo Rostros. Sin embargo, desde otras esferas, el compromiso es nulo o casi nulo y muestra todo lo que queda por hacer en la lucha contra la violencia machista, que se erige en diversas formas y matices, pero que sigue muy presente también en nuestra región, donde el cuerpo de la mujer no es la esencia que le pertenece a ella misma, sino un objeto que decora, que vende productos, del cual el hombre se adueña en el matrimonio, que puede comprar, alquilar o destruir con cierta levedad y hasta tolerancia social.

 

La salud de los presidentes

Sin dudas, una de las discusiones de las mesas de café, durante estos días, tuvo que ver con la obligación –o no– de informar sobre la salud de un presidente, con qué detalle y en qué momento debe hacerse.

Si tomamos como ejemplo lo que ocurre en otros países, nos encontraremos con concepciones y metodologías diferentes. Están los que optan por una manera más transparente de contar y de poner sobre la mesa la situación de la persona pública en cuestión y están aquellos que optan por un secretismo casi absoluto. Estas modalidades se encuentran en consonancia con la forma general en la que un gobierno administra todo el resto de la información de interés público: un país acostumbrado a no tener temas tabú y a exponer ante la opinión pública todos los asuntos, incluso aquellos que lo incomodan, tenderá a comentar, abierta y la salud de sus gobernantes. Un régimen cerrado y autoritario, pues se inclinará por impedir, desmentir, obstaculizar y retacear la información.

Un ejemplo de un modo muy eficiente de manejar estos asuntos lo encontramos en Brasil. Digo “eficiente” tomando en cuenta los resultados, con ausencia total de dudas, especulaciones, desmentidas y contradicciones. En su momento, todos los aspectos del cáncer de laringe que padeció Lula Da Silva fueron expuestos con claridad ante los brasileños. En ese entonces, él no era presidente pero todavía era una personalidad de gran peso político en un país en el que recién se estrenaba su sucesión. Lo mismo hizo su delfín, Dilma Rousseff. Su cáncer linfático fue diagnosticado cuando era ministra de Lula, pero ganó la presidencia peleando contra la enfermedad y, a nueve meses de haber asumido, pudo dar la noticia de su cura.

Esta manera de informar impidió que se genere esa  angustia que embarga cuando no se sabe bien lo que pasa o se sospecha de mentiras u ocultamientos. Además, como efecto secundario, las fotos de la mujer de Lula rapando la cabeza de su compañero de vida humanizaron la enfermedad y las explicaciones de Roussseff sobre su curación fueron una cátedra pública sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana. La misma estrategia utilizaron Juan Manuel Santos, en Colombia y Fernando Lugo, cuando era presidente de Paraguay. Siempre con buenos resultados.

Sin embargo, están quienes optan por el hermetismo, al estilo de Hugo Chávez, que en plena campaña presidencial y fecha de asunción del nuevo mandato, no daba información cierta sobre su enfermedad. Esto generó mucho malestar, incertidumbre, marchas en reclamo de mayor información, inestabilidad política y social, y hasta rumores de golpe de estado. Su estilo se asemejó al de Fidel Castro, quien, desde que delegó el poder en su hermano Raúl, en 2006, siempre restringió el acceso a los detalles de su estado de salud. El caso más extremo fue el de Kim Jong Il, líder supremo de Corea del Norte. Su muerte logró mantenerse totalmente oculta de la luz pública durante dos días, sin que se filtre ni un rumor.

Una situación semejante puede darse en caso de afecciones psicológicas. Cuando Alan García era presidente de Perú, eran muy comentadas sus actitudes violentas e impropias para su embestidura (como cuando en 2010 golpeó a un estudiante por decirle corrupto) pero nunca se dio información al respecto hasta que, con los cables de WikiLeaks, se filtraron especulaciones sobre un presunto trastorno bipolar.

La discusión tiene como base preguntas más profundas: ¿tiene un gobierno la obligación de informar sobre el estado de salud de los mandatarios? ¿Cuál es el nivel de detalle que se debe brindar? ¿En qué momento debe decidirse comunicar? ¿La información sobre la salud personal de un presidente es un derecho público?

Luis García-San Miguel Rodríguez-Arango (QEPD), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, en el libro Estudios sobre el derecho a la intimidad, afirma que los políticos aspirantes a un cargo de elección popular están obligados a informar sobre padecimientos graves en su salud, ya que el electorado tiene el derecho a conocer si su potencial representante está capacitado integralmente para desempeñar el cargo,  lo contrario implicaría un engaño”. ¿Vale lo mismo cuando está en pleno mandato?

Hay una esfera de las costumbres y del modo de vida de un mandatario que forma parte de su intimidad. Si fuma, si toma alcohol de forma moderada, si tiene amantes o una homosexualidad encubierta son aspectos de su vida privada y no tienen por qué ser comentados ni expuestos ante la luz pública. Pero si dicho gobernante padece alguna enfermedad inhabilitante, una afección como alcoholismo o trastornos psicológicos, que afecten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las tareas para las que ha sido elegido por medio del voto, entonces tiene la obligación de dar a conocer la información, con detalles y máxima transparencia.