Es digno de análisis y reflexión el fenómeno de los llamados “grupos de autodefensa” que operan en el sudoeste de México, especialmente en el estado de Michoacán. Se trata de pobladores que, cansados de vivir bajo el yugo de extorsiones y terror, impuesto por el cartel de Los Caballeros Templarios y frente a la falta de respuestas del Estado, decidieron alzarse en armas para protegerse a sí mismos, a sus negocios y a sus familias. Sin embargo, estos grupos de civiles armados, que surgieron hace 11 meses, han experimentado un crecimiento espectacular y despertaron resquemores frente a la posibilidad de que haya narcotraficantes de bandas contrarias infiltradas en sus filas y porque sus actividades –aunque justificables para muchos- están totalmente al margen de la ley.
Los grupos de autodefensas ya operan en 40 de los 113 municipios de Michoacán, realizando tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad como patrullajes, cacheo, etcétera. Pero, lo más alarmante es que han tomado por la fuerza a 10 de ellos (y continúan ejerciendo presión sobre otros). Estas “tomas” son, concretamente, golpes de estado de un microsistema, como es una alcaldía. Por ejemplo, en Parácuaro, ciudad de 20 mil habitantes, irrumpieron unos 200 hombres y mujeres armados que, a su vez, eran recibidos a los tiros desde los techos de vecinos que se oponían a su llegada. Una imagen digna del lejano oeste. Una vez en el pueblo, encarcelaron a los policías de la comisaría, se hicieron de sus armas y, seguidamente, destituyeron al alcalde, dejando a la ciudad en la anarquía total.