La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual está comenzando a ser tomada cada vez más en serio, especialmente por su vinculación con el crimen organizado transnacional.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.