Legisladores sensibles

La semana pasada, la Legislatura porteña volvió a dar una muestra de que en la Argentina existe una casta de políticos que viven de la política y están decididos a legislar para mantener sus privilegios. Incluso llamó la atención el encono con el que los diputados tanto del PRO como Cristian Ritondo o kirchneristas como Jorge Aragón defendieron sus abultados sueldos ante el cuestionamiento de sólo cuatro diputados. Los únicos que votaron a favor de limitar los sueldos de los legisladores fueron Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bien Común), Alejandro Bodart (MST) y mi compañero del FIT Marcelo Ramal (PO).

El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación. Continuar leyendo

Capitanich y sus explicaciones sobre el espionaje

El año 2013 terminó cruzado por verdaderos motines de una Policía que organiza saqueos y desmanes varios. Los respectivos Gobiernos les otorgaron aumentos e impunidades exigidas mediante este particular método, y la cuestión se cerró en la superficie.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras

El presente artículo fue escrito en común con Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del CEPRODH, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

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