Código Penal: la continuidad del sistema está garantizada

Sergio Massa ha desatado un verdadero torbellino en torno al anteproyecto de reforma del Código Penal. A pesar de lo elementales que resultan las afirmaciones, han destapado un nuevo fenómeno en la actualidad política argentina. Hasta Zaffaroni ha tenido que salir a explicar que el anteproyecto en realidad es “conservador”.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

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Sergio Massa, WikiLeaks y el Proyecto X

En los últimos días, nuevamente el gobierno argentino, tan prolífero a la hora de adjudicarse el mote de defensor de los derechos humanos, ha sido ligado al espionaje. Esta vez nada más ni nada menos que por Julian Assange. El motivo es la implementación del sistema SIBIOS, creado por decreto en 2011. El cuestionamiento es importante: con este sistema que recoge y sistematiza diversos rasgos de una persona, todos estamos siendo tratados como criminales en potencia, se crea un estado de sospecha generalizado. El fundador de WikiLeaks advirtió que Argentina “tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región”.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

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