Sergio Massa ha desatado un verdadero torbellino en torno al anteproyecto de reforma del Código Penal. A pesar de lo elementales que resultan las afirmaciones, han destapado un nuevo fenómeno en la actualidad política argentina. Hasta Zaffaroni ha tenido que salir a explicar que el anteproyecto en realidad es “conservador”.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

Si lo que pretenden los referentes políticos de las clases dominantes es combatir la llamada inseguridad, es bastante hipócrita pensar que eso se logrará con aumento de penas, o que cárceles atestadas hacen “más segura” una sociedad cada vez más marcada por la desigualdad. Cíclicamente nos entretienen con estos debates, que pasan de reclamar bajar la edad de imputabilidad o penas más altas a generar estigmatizaciones varias; tratan de tapar los escándalos que estallan en sus caras y que dejan claro que las fuerzas de seguridad están involucradas en el gran delito, en el crimen organizado. Recordemos los casos de Julio López o de Candela Sol Rodríguez y el rol de la Bonaerense. ¿Quieren hablar de narcotráfico y qué pena le corresponde? Hablemos de las Policías de Córdoba y Santa Fe. ¿Quieren combatir la trata de personas? Hablemos de la Policía de Tucumán y tantas otras.

No son discusiones diferentes porque no puede existir el narcotráfico, los desarmaderos de autos, la trata de mujeres y niñas, los secuestros extorsivos y los piratas del asfalto sin el concurso del Estado. El Servicio Penitenciario es parte de la red, tortura a detenidos y hasta utiliza a personas privadas de su libertad para cometer delitos en su propio beneficio.

Como bien se le ha respondido a Massa, y por eso no avanzamos en ello, condiciones de excarcelación, reincidencia y demás seguirán, en definitiva, siendo decididas por jueces y fiscales. Aquellos que provienen de la dictadura, o esos que llegaron envueltos en una servilleta del menemismo, o los que llegan a transar con Pedraza ante el asesinato de Mariano Ferreyra. La continuidad del sistema está garantizada. La selectividad penal, la portación de cara, los métodos de las policías seguirán funcionando como verdaderas puertas de entrada al sistema penal. Los pobres seguirán poblando las cárceles porque continuará existiendo un instituto tan cuestionable como la prisión preventiva (verdadera pena anticipada), que mantiene las cárceles con un 70 % de inocentes, y ni siquiera existe el llamado “dos por uno”.

Hecha la ley

Sin adentrarnos en consideraciones más profundas sobre la expresión necesaria de intereses de clase que contiene toda legislación represiva, recordamos simplemente que delito es lo que las clases dominantes dicen que es. El delito es una institución política, no es un hecho de la naturaleza. Si el anteproyecto de Código incorpora algunos principios menos reaccionarios que el anterior, no quita que, de aprobarse, reafirma el hecho de que las clases dominantes hacen aparecer sus intereses (y la protección de los mismos, en este caso) como los intereses del conjunto de la sociedad. Los intereses privados de la burguesía se entremezclan con los intereses del Estado; el Estado en definitiva representa los intereses de los poseedores. Marx desnudó cómo el interés del Estado en realidad es el interés privado del propietario con el simple ejemplo de cómo se comienza a castigar como delito la ancestral costumbre de juntar leña.

Hace muy poco, fuimos conmovidos por grandes hechos que pueden parecer tragedias, pero no lo son, como la Masacre de Once o las inundaciones de La Plata. Decía en forma brillante Engels: “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida […], cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen”. Esos crímenes no están contemplados ni estarán en estos códigos penales porque el crimen es una acción, el “delito” la atribución de ilicitud a una acción, y en una sociedad dominada por una clase social minoritaria y parasitaria nunca se penarán esas conductas.

Por eso el debate es profundo y rechaza los análisis superficiales y estridentes. Toda forma de castigar históricamente ha tenido un correlato con la organización económica y con la estructura social de un momento dado. Llegado al poder después de la crisis del 2001, el kirchnerismo ha intentado la reconstrucción del régimen burgués, de algunas de sus instituciones y de su clase política. En primer lugar fue la autoridad presidencial y la Corte Suprema, en los últimos años incluso intenta hacerlo con las Fuerzas Armadas. Acompañando este proceso de reconstrucción también se fue forjando un relato que pretendió artificialmente ser democratizador y que en definitiva legitimará el ejercicio del poder de los mismos de siempre sobre los mismos de siempre. Tal vez esta reforma surgió contextualizada en esta postura, sobre un Código Penal vetusto e inquisidor como el actual y en el intento de darle un barniz acorde a esa estrategia del relato. Pero incluso esto ahora tiene un final incierto considerando tanto el enorme giro derechista que viene dando el Gobierno de Cristina Kirchner como la agenda reaccionaria de la oposición burguesa.

Donde hay una necesidad no hay derecho sino delito

Lo que tanta reacción ha evitado es hablar de algunos temas que afectarán profundamente los derechos de las mujeres y a los que luchan. Veamos resumidamente solo algunos ejemplos. El aborto para los casos de violación ya está despenalizado en el Código vigente desde 1921. La Iglesia Católica y sectores rancios de la justicia han generado un movimiento tendiente a interpretar el artículo 86 de un modo restrictivo, ilegal. Casi un siglo después, la Corte Suprema tuvo que fallar sobre esto en el caso “F.A.L.”, de marzo del 2012.

El anteproyecto ratifica el retroceso ya iniciado con el proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial en el que la Iglesia Católica tuvo plena injerencia. Mientras se decía públicamente que el tema del aborto no se iba a tocar porque aún es un debate abierto en la sociedad -contrariando incluso la propia encuesta del Vaticano que indica que en Argentina casi el 80 % de los católicos está a favor del aborto en algunos o en todos los casos-, por abajo y en silencio se introdujeron reformas contrarias a la histórica lucha que viene dando el movimiento de mujeres en la Argentina. En el capítulo del aborto se incorporan tipos penales y se introduce un nuevo delito, el aborto culposo.

De más está decir, tal vez, que aquellos que se oponen al derecho al aborto arrogándose la defensa de la vida tienen una postura tan mentirosa como aquellos que se autoerigen en defensores de la “seguridad ciudadana” intentando enviar a miles de personas a las cárceles.
El diputado Nicolás del Caño, como todos los diputados del Frente de Izquierda, acompañará este 27 de marzo la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. A su vez, el anteproyecto ratifica un Código históricamente armado para la criminalización de la protesta social. No es un dato menor cuando en Argentina hay más de cinco mil procesados por participar de diversas luchas.

Uno de los tipos penales más utilizado es el artículo 194 del Código Penal, conocido como “corte de ruta”. En el anteproyecto pasaría a ser el artículo 190 con un apartado que dice que “en caso de impedimento o interrupción de servicios de transporte por tierra, agua o aire, el delito solo se configurará mediante desobediencia a la pertinente intimación judicial”. Así, en forma inédita e inconstitucional, con una simple orden judicial un derecho constitucional se transforma en delito. Esto no solo llevará a nuevos procesos penales contra los sectores que salgan a luchar, sino que abre una puerta directa para que un juez intime e inmediatamente se desate la represión, máxime después del discurso de apertura del año legislativo donde la presidenta cargó contra la protesta social y los trabajadores petroleros de Las Heras.

La proyectada reforma se queda incluso muy por detrás de algunos recientes fallos y dictámenes fiscales de la Cámara de Casación Penal, por ejemplo. Claro que todos sabemos de qué hablan cuando se exige endurecer las penas para este tipo de acciones. No les preocupa el “derecho a circular”, sino impedir el repudio a sus políticas antipopulares. Por eso el bloque de Macri en el Congreso aplaudió a rabiar a la presidenta cuando expuso sus ansias de reprimir la protesta social. Para ninguno de ellos hay “corte de calle” cuando cierran media ciudad para una carrera de autos, los corsos de carnaval, los vecinos salen a protestar el #8N o el oficialismo hace un acto como el del 1º de marzo en el Congreso.

Para otro debate quedarán las penas a los genocidas. Varios de ellos hoy cuentan con prisión perpetua (pena que algunos como Diana Conti adelantan que debería mantenerse). Los que peleamos desde hace años por que se condene por genocidio decimos que la verdadera pelea continúa siendo para que se castigue a aquellos que ya cometieron un genocidio y siguen impunes, y en algunos casos formando parte de las fuerzas armadas y de seguridad actuales. O más aún: que se avance contra los civiles. Venimos denunciando que con el sistema de juzgamiento actual se deja impune a la enorme mayoría de los genocidas. Y esto no cambiará un ápice si el anteproyecto es ley. Milani continuará al mando del Ejército Argentino.

Más allá de la eliminación de algunos institutos reaccionarios, que son mostrados como bandera de defensa del anteproyecto, y por motivos diametralmente opuestos a los de Massa y a quienes los siguen en su cruzada, la banca del PTS en el Frente de Izquierda en el Congreso rechazará esta reforma, planteando abrir un debate en serio sobre la criminalización de la protesta, los derechos de las mujeres, los juicios a los genocidas, la participación del Estado a través de sus políticos y fuerzas de seguridad en el delito organizado, y el nefasto rol de las cárceles como instrumentos deshumanizantes.