El kirchnerismo avaló la impunidad de la SIDE

Ante los anuncios de la Presidente de la Nación sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, y cuando el gobierno nacional intenta mostrarse como víctima de esos servicios, se renueva la necesidad de tener presente cómo han actuado los tenebrosos agentes en algunas de las principales causas que conmovieron el país, en épocas de muy buenas relaciones con el kirchnerismo.

Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.

Capitanich y sus explicaciones sobre el espionaje

El año 2013 terminó cruzado por verdaderos motines de una Policía que organiza saqueos y desmanes varios. Los respectivos Gobiernos les otorgaron aumentos e impunidades exigidas mediante este particular método, y la cuestión se cerró en la superficie.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Código Penal: la continuidad del sistema está garantizada

Sergio Massa ha desatado un verdadero torbellino en torno al anteproyecto de reforma del Código Penal. A pesar de lo elementales que resultan las afirmaciones, han destapado un nuevo fenómeno en la actualidad política argentina. Hasta Zaffaroni ha tenido que salir a explicar que el anteproyecto en realidad es “conservador”.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

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Seguridad: el Gobierno toma la agenda de la derecha

La fuga de votos desde el Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador de Sergio Massa hizo que el Gobierno de Cristina Fernández se proponga recuperarlos tomando la agenda clásica de la derecha, respondiendo a los reclamos de “seguridad” que vienen realizando parte de las clases medias y que son tema central en los grandes medios.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

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Las pruebas contra Milani las tiene el Gobierno

Lejos de las internas de “los servicios”; lejos de las peleas entre el kirchnerismo, sus medios aliados y “la Corpo”; lejos de cualquier disputa electoral, está la verdad. Y esa verdad la venimos denunciando hace años la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes del Gobierno.

En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

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