El “prontuario” del juez Piombo

Columna escrita en colaboración con Andrea D’Atri

Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual. Continuar leyendo

Un adelantamiento a la medida del PRO

Después de varios meses de incertidumbre, el Jefe de Gobierno ha decidido convocar a las elecciones porteñas. Será la primera vez que se utilizará el sistema de las PASO y la boleta única. Las primarias están previstas para el 26 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 5 de julio. La demora se debió a las propias internas dentro del oficialismo que cuenta con cuatro precandidatos con intenciones de enfrentarse en las primarias abiertas, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Cristian Ritondo y Diego Santilli.  Y también a las presiones de su gurú Durán Barba.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

Decreto supremo para terminar con la protesta social

Después de proponer un proyecto absolutamente reaccionario para controlar las manifestaciones públicas bajo el eufemismo de “ley antipiquetes”, en algún programa televisivo el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel aclaró que no piensan imponer su mayoría parlamentaria para votarlo. ¿Qué buscan entonces? Las respuestas son varias y ameritan el análisis porque, de aprobarse, estaríamos ante un ataque a las libertades democráticas de características históricas.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Seguridad: el Gobierno toma la agenda de la derecha

La fuga de votos desde el Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador de Sergio Massa hizo que el Gobierno de Cristina Fernández se proponga recuperarlos tomando la agenda clásica de la derecha, respondiendo a los reclamos de “seguridad” que vienen realizando parte de las clases medias y que son tema central en los grandes medios.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

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Chevron: entregan los recursos a fuerza de balas y gases lacrimógenos

Lo que vivimos en Neuquén quedará en nuestras memorias, sin duda. El estruendo de gases lacrimógenos, gas pimienta y el sonido de las balas también. La represión comenzó a las 10:00 en punto y eran las 19:00 y seguían lloviendo los gases que eran deliberadamente tirados al cuerpo de los  que nos manifestábamos. Presos (golpeados además), heridos, periodistas con la cabeza ensangrentada, eran las imágenes que se sucedían en el lugar.

Los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo quisieron encubrir el acto de entrega a la multinacional Chevron del petróleo alojado en los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). Por eso impidieron que los referentes del Frente de Izquierda que viajamos a esa provincia para denunciar esta entrega pudiéramos ingresar para realizar una conferencia de prensa, por eso desataron una brutal represión contra los manifestantes que incluyó gases, palos y hasta balas de plomo. Pretenden tapar con rejas y represión un acuerdo con cláusulas secretas, concesiones por décadas, a favor de empresas que se hacen cada vez más millonarias a costa de nuestros recursos naturales no renovables y la contaminación de nuestro suelo. Quieren saquear en forma rápida e irresponsable lo que la naturaleza tardó millones de años en producir.

Ese es el plan que las vallas y la represión pretenden ocultar. Un plan que en rigor es la continuación de la política energética kirchnerista en los últimos diez años. La misma que permitió que Repsol y otras empresas vaciaran las reservas petroleras y gasíferas, logrando que nuestro país pasase del autoabastecimiento a un enorme déficit energético que este año llevará -nuevamente- a la importación de combustible por miles de millones de dólares.  Ayer fue Repsol la beneficiaria, hoy lo es la Chevron gracias a la aprobación del proyecto en la legislatura neuquina.

Este acuerdo implica la explotación mediante el método de hidrofractura o fracking, un sistema altamente contaminante que ya produjo un desastre ambiental el Ecuador y es profundamente cuestionado, con muchas pruebas sobre su uso, por todas las organizaciones ambientalistas y por los hermanos de la comunidad mapuche.

Cuando denunciamos el “Proyecto X” y el espionaje ilegal que él representaba, descubrimos que unos de los sectores de los cuales la Gendarmería Nacional acumulaba información y producía inteligencia era sobre los ambientalistas, como asamblea de Gualeguaychú y de Esquel. También recordemos que el primer intento de aplicar la llamada Ley Antiterrorista fue contra los luchadores contra la megaminería contaminante. Esto no es casualidad, el espionaje y la represión se usan en defensa de las multinacionales, desde Kraft hasta Chevron, siempre contra los que luchan por sus legítimos derechos.

Desde el Frente de Izquierda nos opusimos desde el primer momento a esta nueva entrega. Denunciamos que venía a consagrar nuevamente un saqueo a nuestros recursos, como el que inició la privatización de YPF en 1994. Denunciamos también que era una nueva muestra de la sumisión de los Gobiernos nacional y provincial a las multinacionales petroleras. Lo habíamos adelantado cuando se expropiaron el 51% de las acciones de Repsol: no significó un avance en la “soberanía nacional”, sino una nueva entrega a las multinacionales.

Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS, ha denunciando dentro y fuera de la Legislatura desde el primer día este acuerdo entreguista que ni siquiera se ha dado a conocer a los propios diputados que tienen tenían que aprobarlo o rechazarlo, bajo el argumento que ellos sólo aprobaban la prórroga de la concesión a YPF. Saben de nuestra coherencia y por eso ayer cuando ingresamos a la Legislatura para exigir que no se apruebe el acuerdo, nos recibió la patota que el MPN tenía preparada para intimidarnos y amenazarnos. Nos hicieron pasar en medio de los patoteros que nos agredían para ingresar y salir de la sesión legislativa.

Pero no sólo nos opusimos en el ámbito legislativo, estamos dando esta pelea en las calles, impulsando la movilización y siendo parte de las acciones de lucha que están llevando adelante distintos sectores y en todo el país. El mismo día que se votaba este acuerdo, la CTA llamó a paro provincial y partió desde la Universidad del Comahue una enorme movilización de trabajadores  judiciales, docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, ambientalistas, de la comunidad mapuche, organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales nos expresamos en la calle para decirle no al acuerdo con Chevron. Personalidades y diputados nacionales viajaron desde Buenos Aires para acompañar esta marcha que el MPN quiere demonizar y culpar como la responsable de lo ocurrido.

Como dijo mi compañero Raúl Godoy desde su banca en la escandalosa sesión antes de exigir su levantamiento y retirarse junto al resto de la oposición: “La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, a Teresa Rodríguez, la que le metió 66 perdigones a un compañero de Zanon, esa misma policía está ahora acá. Hoy se está entregando el futuro de los neuquinos y de los recursos nacionales a una multinacional norteamericana. Hay más de 1500 millones de dólares en juego y no hay escrúpulos para reprimir”.

Este día quedará en la historia como la crónica de una nueva entrega, votada en la Legislatura neuquina con la complicidad del gobierno nacional kirchnerista y el MPN. Pero también porque mostró en gran parte de la sociedad un inmenso rechazo al saqueo, a la contaminación, al desplazamiento de los mapuches de sus tierras y a la entrega de nuestros recursos.  Allí están las fuerzas para luchar por la única salida favorable para el pueblo trabajador: la renacionalización sin pago de todo el petróleo y el gas, bajo el control de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches. Con los recursos naturales en manos de los trabajadores se podría hacer una explotación racional de los mismos, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades originarias, y ponerlos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.

El PTS en el Frente de Izquierda seguirá impulsando y acompañando la lucha por esta salida, así como repudiando la represión y el espionaje funcional a los intereses de las multinacionales que se llenan los bolsillos en el país.