Columna escrita en colaboración con Andrea D’Atri

Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual.

La familia del niño exige que se revierta el fallo aberrante de Piombo porque además la víctima, que ya tiene 11 años, vive a pocas cuadras del domicilio de quien abusó de él hace cinco años.

El currículum del juez, un verdadero prontuario

El juez Piombo parece tener un currículum que abunda en fallos ejemplares… verdaderos ejemplos de machismo, homofobia, discriminación y gorilismo antiobrero. El año pasado, aprobó la reducción de 40 a 25 años de la pena a un profesor de música que abusó de cuatro niñas de entre 6 y 9 años. Su justificación fue que semejante pena era exagerada para el delito que se juzgaba, ya que era equivalente a la que se podía aplicar a un asesino serial.

En el 2012, aprobó la libertad asistida para un hombre que había sido condenado por la violación de su hijastra de 12 años. En 2011, falló a favor de la libertad de un pastor, que había sido condenado en primera instancia por el abuso sexual de dos niñas de 14 y 16 años a las que había dejado embarazadas. Piombo justificó su decisión alegando que no había configuración del delito de “corrupción de menores”, porque se trataba de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”.

Ese mismo año, favoreció con una reducción sustentable de la pena que se había aplicado a un hombre por femicidio. El asesino, que había acuchillado a su esposa y luego la había matado a martillazos, se vio favorecido por Piombo quien consideró que la víctima habría “influenciado” para provocar la acción del femicida. Como el condenado confesó su crimen expresando que su pareja había puesto en duda su heterosexualidad y que le habría confesado que tenía un amante, el juez consideró que el femicida tenía un estado emocional provocado por “la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”.

En 2006 le redujo la pena a un violador, sustentando su fallo en una supuesta psicopatología del victimario. El condenado, consiguió que su pena se redujera de 17 a 14 años.

En 2002, cuando la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua para el comisario Alfredo Franchiotti por el asesinato a mansalva de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el juez Piombo votó en disidencia.

No podemos dejar de señalar que el juez Horacio Piombo es uno de los tantos funcionarios judiciales cómplices del terrorismo de Estado, que se encuentran aún en ejercicio.

Una casta judicial medieval y antiobrera

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata están exigiendo la destitución de Piombo de los cargos que hoy tiene como docente en esas casas de estudio. Los fallos de esta escoria del Poder Judicial no sorprenden, aunque sí indignan. No hacen más que reafirmar la necesidad de terminar con esta casta de jueces reaccionarios.

Los legisladores y legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda proponen el inmediato cese en funciones de todos los jueces y fiscales vitalicios que fueron elegidos por los gobiernos peronistas, radicales o por la mismísima dictadura militar.

Levantamos la necesidad de luchar por la elección por voto popular de todos los jueces. Pero también decimos que eso no es suficiente: es necesario insistir en que deben ganar lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables. Junto con esto, proponemos que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares.

Si así fuera, no cabe duda que serían inmediatamente revocados por el pueblo trabajador, los jueces que siempre culpabilizan a la víctima como Piombo o el juez Oyarbide que sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria acusados de contratar talleres clandestinos donde trabajaban inmigrantes en condiciones de semi-esclavitud, argumentando que ese modo de explotación era la herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los costureros.

O aquellos vergonzosos jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes que dejaron libre al policía de gatillo fácil que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, alegando que la militancia política de Carla y su lucha por justicia eran “una presión para los jueces” y entonces, la condena al policía que la dejó, de por vida, en una silla de ruedas, terminaba siendo “arbitraria” y “desproporcionada”.

Por eso como Carla Lacorte, como las miles de familias que perdieron a sus hijos por las balas policiales, como los trabajadores y trabajadoras que siguen exigiendo justicia contra los despidos arbitrarios de las empresas multimillonarias, como las mujeres que reclaman #NiUnaMenos y siguen exigiendo que no queden impunes los femicidios, sabemos que es necesaria la lucha y la movilización para enfrentar a las instituciones de este régimen putrefacto.

Esta casta judicial medieval y antipopular no tiene nada de justicia que ofrecer al pueblo trabajador, las mujeres oprimidas y las víctimas inocentes de los delitos más aberrantes. Nada más que la revictimización de las víctimas y la justificación y perversa legitimación de un régimen social de miseria e injurias inauditas para las grandes mayorías.