Las reservas que no se agotan

Nos referimos a la solidaridad, y podemos dar cuenta de ello. Está en curso uno de los ataques más grandes que han sufrido los trabajadores a sus libertades democráticas en los últimos treinta años: la condena a cadena perpetua a petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras por haber reclamado contra el impuesto a las ganancias y por el fin de las tercerizaciones. Esa lucha terminó en una pueblada cuando encarcelaron a uno de los dirigentes petroleros, y, en la represión policial de dicha movilización, resultó muerto un efectivo.

Sin ninguna prueba que los avale, con testimonios arrancados bajo torturas fueron armando paso a paso una causa judicial que incluso fue declarada nula dos veces. Nada les impidió proseguir: las grandes empresas petroleras esperaban un castigo ejemplar para ese pueblo trabajador que se animó a desafiarlas. ¿Quién mató al oficial Sayago? No les importa o, al menos, lo que es seguro, no lograron demostrarlo en un juicio oral plagado de irregularidades y con apremios ilegales tan propios del método investigativo de las policías actuales; sabían desde el inicio a quiénes querían culpar del crimen.

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Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras

El presente artículo fue escrito en común con Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del CEPRODH, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

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