Decreto supremo para terminar con la protesta social

Después de proponer un proyecto absolutamente reaccionario para controlar las manifestaciones públicas bajo el eufemismo de “ley antipiquetes”, en algún programa televisivo el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel aclaró que no piensan imponer su mayoría parlamentaria para votarlo. ¿Qué buscan entonces? Las respuestas son varias y ameritan el análisis porque, de aprobarse, estaríamos ante un ataque a las libertades democráticas de características históricas.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Capitanich y sus explicaciones sobre el espionaje

El año 2013 terminó cruzado por verdaderos motines de una Policía que organiza saqueos y desmanes varios. Los respectivos Gobiernos les otorgaron aumentos e impunidades exigidas mediante este particular método, y la cuestión se cerró en la superficie.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Seguridad: el Gobierno toma la agenda de la derecha

La fuga de votos desde el Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador de Sergio Massa hizo que el Gobierno de Cristina Fernández se proponga recuperarlos tomando la agenda clásica de la derecha, respondiendo a los reclamos de “seguridad” que vienen realizando parte de las clases medias y que son tema central en los grandes medios.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

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Chevron: entregan los recursos a fuerza de balas y gases lacrimógenos

Lo que vivimos en Neuquén quedará en nuestras memorias, sin duda. El estruendo de gases lacrimógenos, gas pimienta y el sonido de las balas también. La represión comenzó a las 10:00 en punto y eran las 19:00 y seguían lloviendo los gases que eran deliberadamente tirados al cuerpo de los  que nos manifestábamos. Presos (golpeados además), heridos, periodistas con la cabeza ensangrentada, eran las imágenes que se sucedían en el lugar.

Los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo quisieron encubrir el acto de entrega a la multinacional Chevron del petróleo alojado en los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). Por eso impidieron que los referentes del Frente de Izquierda que viajamos a esa provincia para denunciar esta entrega pudiéramos ingresar para realizar una conferencia de prensa, por eso desataron una brutal represión contra los manifestantes que incluyó gases, palos y hasta balas de plomo. Pretenden tapar con rejas y represión un acuerdo con cláusulas secretas, concesiones por décadas, a favor de empresas que se hacen cada vez más millonarias a costa de nuestros recursos naturales no renovables y la contaminación de nuestro suelo. Quieren saquear en forma rápida e irresponsable lo que la naturaleza tardó millones de años en producir.

Ese es el plan que las vallas y la represión pretenden ocultar. Un plan que en rigor es la continuación de la política energética kirchnerista en los últimos diez años. La misma que permitió que Repsol y otras empresas vaciaran las reservas petroleras y gasíferas, logrando que nuestro país pasase del autoabastecimiento a un enorme déficit energético que este año llevará -nuevamente- a la importación de combustible por miles de millones de dólares.  Ayer fue Repsol la beneficiaria, hoy lo es la Chevron gracias a la aprobación del proyecto en la legislatura neuquina.

Este acuerdo implica la explotación mediante el método de hidrofractura o fracking, un sistema altamente contaminante que ya produjo un desastre ambiental el Ecuador y es profundamente cuestionado, con muchas pruebas sobre su uso, por todas las organizaciones ambientalistas y por los hermanos de la comunidad mapuche.

Cuando denunciamos el “Proyecto X” y el espionaje ilegal que él representaba, descubrimos que unos de los sectores de los cuales la Gendarmería Nacional acumulaba información y producía inteligencia era sobre los ambientalistas, como asamblea de Gualeguaychú y de Esquel. También recordemos que el primer intento de aplicar la llamada Ley Antiterrorista fue contra los luchadores contra la megaminería contaminante. Esto no es casualidad, el espionaje y la represión se usan en defensa de las multinacionales, desde Kraft hasta Chevron, siempre contra los que luchan por sus legítimos derechos.

Desde el Frente de Izquierda nos opusimos desde el primer momento a esta nueva entrega. Denunciamos que venía a consagrar nuevamente un saqueo a nuestros recursos, como el que inició la privatización de YPF en 1994. Denunciamos también que era una nueva muestra de la sumisión de los Gobiernos nacional y provincial a las multinacionales petroleras. Lo habíamos adelantado cuando se expropiaron el 51% de las acciones de Repsol: no significó un avance en la “soberanía nacional”, sino una nueva entrega a las multinacionales.

Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS, ha denunciando dentro y fuera de la Legislatura desde el primer día este acuerdo entreguista que ni siquiera se ha dado a conocer a los propios diputados que tienen tenían que aprobarlo o rechazarlo, bajo el argumento que ellos sólo aprobaban la prórroga de la concesión a YPF. Saben de nuestra coherencia y por eso ayer cuando ingresamos a la Legislatura para exigir que no se apruebe el acuerdo, nos recibió la patota que el MPN tenía preparada para intimidarnos y amenazarnos. Nos hicieron pasar en medio de los patoteros que nos agredían para ingresar y salir de la sesión legislativa.

Pero no sólo nos opusimos en el ámbito legislativo, estamos dando esta pelea en las calles, impulsando la movilización y siendo parte de las acciones de lucha que están llevando adelante distintos sectores y en todo el país. El mismo día que se votaba este acuerdo, la CTA llamó a paro provincial y partió desde la Universidad del Comahue una enorme movilización de trabajadores  judiciales, docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, ambientalistas, de la comunidad mapuche, organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales nos expresamos en la calle para decirle no al acuerdo con Chevron. Personalidades y diputados nacionales viajaron desde Buenos Aires para acompañar esta marcha que el MPN quiere demonizar y culpar como la responsable de lo ocurrido.

Como dijo mi compañero Raúl Godoy desde su banca en la escandalosa sesión antes de exigir su levantamiento y retirarse junto al resto de la oposición: “La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, a Teresa Rodríguez, la que le metió 66 perdigones a un compañero de Zanon, esa misma policía está ahora acá. Hoy se está entregando el futuro de los neuquinos y de los recursos nacionales a una multinacional norteamericana. Hay más de 1500 millones de dólares en juego y no hay escrúpulos para reprimir”.

Este día quedará en la historia como la crónica de una nueva entrega, votada en la Legislatura neuquina con la complicidad del gobierno nacional kirchnerista y el MPN. Pero también porque mostró en gran parte de la sociedad un inmenso rechazo al saqueo, a la contaminación, al desplazamiento de los mapuches de sus tierras y a la entrega de nuestros recursos.  Allí están las fuerzas para luchar por la única salida favorable para el pueblo trabajador: la renacionalización sin pago de todo el petróleo y el gas, bajo el control de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches. Con los recursos naturales en manos de los trabajadores se podría hacer una explotación racional de los mismos, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades originarias, y ponerlos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.

El PTS en el Frente de Izquierda seguirá impulsando y acompañando la lucha por esta salida, así como repudiando la represión y el espionaje funcional a los intereses de las multinacionales que se llenan los bolsillos en el país.

El espionaje y el glaciar de la presidenta

El discurso de Cristina Kirchner en Tucumán este 9 de julio ratificó que el espionaje interno es política de Estado. Con su particular rejunte de palabras en castellano e inglés, nos acusó de no denunciar a la CIA y al espionaje de Estados Unidos. Hay que vivir dentro de un glaciar para afirmar que desde la izquierda no denunciamos al imperialismo o no repudiamos la provocación que sufrió Evo Morales. Esa temeraria afirmación tuvo por objeto desautorizar nuestra denuncia sobre la existencia de una red de espionaje interno sobre todos aquellos sectores populares que se han manifestado contra el Gobierno en estos años, red conocida por el nombre del software que entrecruza y almacena la información: “Proyecto X”.

Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

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Sergio Massa, WikiLeaks y el Proyecto X

En los últimos días, nuevamente el gobierno argentino, tan prolífero a la hora de adjudicarse el mote de defensor de los derechos humanos, ha sido ligado al espionaje. Esta vez nada más ni nada menos que por Julian Assange. El motivo es la implementación del sistema SIBIOS, creado por decreto en 2011. El cuestionamiento es importante: con este sistema que recoge y sistematiza diversos rasgos de una persona, todos estamos siendo tratados como criminales en potencia, se crea un estado de sospecha generalizado. El fundador de WikiLeaks advirtió que Argentina “tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región”.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

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