Nos referimos a la solidaridad, y podemos dar cuenta de ello. Está en curso uno de los ataques más grandes que han sufrido los trabajadores a sus libertades democráticas en los últimos treinta años: la condena a cadena perpetua a petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras por haber reclamado contra el impuesto a las ganancias y por el fin de las tercerizaciones. Esa lucha terminó en una pueblada cuando encarcelaron a uno de los dirigentes petroleros, y, en la represión policial de dicha movilización, resultó muerto un efectivo.
Sin ninguna prueba que los avale, con testimonios arrancados bajo torturas fueron armando paso a paso una causa judicial que incluso fue declarada nula dos veces. Nada les impidió proseguir: las grandes empresas petroleras esperaban un castigo ejemplar para ese pueblo trabajador que se animó a desafiarlas. ¿Quién mató al oficial Sayago? No les importa o, al menos, lo que es seguro, no lograron demostrarlo en un juicio oral plagado de irregularidades y con apremios ilegales tan propios del método investigativo de las policías actuales; sabían desde el inicio a quiénes querían culpar del crimen.