La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación creó la semana pasada el Programa de Evaluación de Políticas Públicas en la órbita de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa. La resolución apunta a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en materia de evaluación y a propender a una mejor adecuación entre los objetivos, los recursos y los productos de la política pública, y entre los resultados, objetivos y los impactos a nivel político de las políticas públicas sobre el conjunto de la sociedad. Además, se propone contribuir a institucionalizar la evaluación en la Administración Pública y potenciar las capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas y los resultados en la gestión de los asuntos públicos.

Pero no sólo se trata de institucionalizar de tal o cual manera un método. La evaluación es un asunto de naturaleza política. En cualquier sociedad fluyen de manera constante una multitud de valores, datos, juicios y observaciones sobre la realidad, cuya definición no es compartida por el conjunto. Evaluar es tomar partido, entrar en conflicto con distintos recortes de la realidad con base en datos nunca homogéneos. Negarla como método sería negar la aplicación práctica de las ciencias sociales. Negarla como ejercicio individual, organizacional o colectivo sería no reconocer las distintas subjetividades que intervienen a la hora de asignar valor a los hechos sociales.

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