En el discurso de inauguración de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri se jactó de haber aumentado un 160% el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Se trata de un embauque. Fue un aumento muy por debajo de lo que corresponde por la inflación acumulada desde 2001. Alcanzará de inmediato a 220 mil asalariados y a 110 mil jubilados más. La falta de actualización de las escalas hace que, en un cuadro inflacionario y con paritarias de por medio, la distancia entre pagar el 9% o pagar el 35% se recorra rápidamente. Por último, los monotributistas —muchas veces asalariados precarizados— pagan desde los siete mil pesos.

La confiscación salarial que implica el impuesto a las ganancias es —una parte de— la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y al capital agrario. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los exportadores. Más aún, el impuesto al salario forma parte de la garantía de las condiciones de pago que Macri ofrece a los acreedores internacionales para el acuerdo con los fondos buitre y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su Gobierno.

En este sentido, la lucha contra el impuesto al salario es clave para enfrentar toda la política macrista. Justamente por eso, las centrales sindicales, en línea con el acuerdo al que han llegado con el Gobierno, dijeron que sus diputados “buscarán retocar el impuesto en el Congreso”. Un acto de absoluta adaptación y una sutileza para dejar en claro que no organizarán ninguna medida de lucha del movimiento obrero que ponga en jaque los planes del macrismo. Continuar leyendo →