Por: Néstor Pitrola
El acuerdo que está votando el Congreso es un tratado colonial para la República Argentina. Fue escrito por el juez Thomas Griesa, la Corte norteamericana (que no tomó el caso) y Barack Obama, que llega al país para bendecirlo. Se trata de un golpe de endeudamiento por 12.500 millones de dólares que, con intereses, a diez años será el doble. Es un rescate al capital financiero contra la Argentina, y no al revés. Mauricio Macri y el ministro ahijado de la Banca Morgan completan la obra kirchnerista de los últimos años: Club de París, Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), indemnización a Repsol, ley Chevron de hidrocarburos, etcétera.
Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones.
La perspectiva de este acuerdo es abrir un espiral de endeudamiento. Los gobernadores defienden este pacto en función de más endeudamiento para sus provincias. Pero nunca los ciclos de endeudamiento —que llevaron a ocho defaults en la Argentina— fueron inversiones para el desarrollo nacional. La función de este acuerdo es financiar fuga de capitales y pasivos, no inversión, cuando la corriente internacional es inversa.
El ajuste no sólo no se evita, es la precondición del acuerdo y ya está en marcha. Mientras que en los defaults anteriores contaban con el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar el patrimonio nacional, hoy, eso no existe más. Entonces, la deuda se garantiza con más ajuste contra los trabajadores. El Partido Obrero ha propuesto en Diputados otro ajuste para financiar al país: no pagarle los cien mil millones de pesos que el Gobierno Macri reconoció y terminará costando el negociado de Axel Kicillof con el dólar futuro; ajustar a las mineras y a las petroleras, a quienes se premió con rebaja de retenciones o se les paga el doble del precio internacional; ajustar a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente con títulos públicos (no prestando para la producción).
Es una vulgaridad confundir al público con la máxima de: “Las deudas se pagan”. Las deudas externas han sido y son un factor de opresión por parte de los centros del poder económico y sus Estados contra los pueblos. Este acuerdo votado en el Congreso Nacional se celebra en Wall Street y en la City porteña. En contraposición a esta sumisión, el Frente de Izquierda-Partido Obrero defiende que se suspenda el pago y se investigue la deuda, para desnudar su carácter ilegítimo e ilegal, y que un referéndum vinculante decida sobre ella. Contra el ajuste, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar; abolición del impuesto a las ganancias en los salarios.
Por eso no coincidimos con Cristina Kirchner: si Macri arregla con los fondos buitre, no “dura doce años”. El movimiento obrero, más temprano que tarde, se va a levantar contra este pacto hecho a costa del sudor y las lágrimas del pueblo argentino, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste con el discurso de la “unidad nacional” que es funcional a los buitre.
La movilización masiva del 24 de marzo constituye un primer eslabón de la respuesta popular a la política en curso.