Por: Néstor Pitrola
Daniel Scioli plantea una política de ingresos, eufemismo para indicar un acuerdo o pacto social que, mencionado por su nombre, no es más que un cepo al salario. Su propósito de fondo sería imponer un acuerdo salarial por un período prolongado -por ejemplo, tres años- por un aumento del orden del 20 % bajo la promesa de metas de inflación decreciente. La modalidad sería un acuerdo marco tripartito que comprende a las cámaras empresarias, al Gobierno y a la burocracia sindical. En la mesa, la burocracia reclamará como prenda al rescate estatal de las obras sociales, algo que ya les ha prometido Scioli.
Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.
Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.
El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.
Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.
Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.
Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.
Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.
El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.