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Un nuevo pacto Roca-Runciman

El acuerdo que está votando el Congreso es un tratado colonial para la República Argentina. Fue escrito por el juez Thomas Griesa, la Corte norteamericana (que no tomó el caso) y Barack Obama, que llega al país para bendecirlo. Se trata de un golpe de endeudamiento por 12.500 millones de dólares que, con intereses, a diez años será el doble. Es un rescate al capital financiero contra la Argentina, y no al revés. Mauricio Macri y el ministro ahijado de la Banca Morgan completan la obra kirchnerista de los últimos años: Club de París, Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), indemnización a Repsol, ley Chevron de hidrocarburos, etcétera.

Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones. Continuar leyendo →

Hay que terminar con ganancias en los salarios

En el discurso de inauguración de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri se jactó de haber aumentado un 160% el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Se trata de un embauque. Fue un aumento muy por debajo de lo que corresponde por la inflación acumulada desde 2001. Alcanzará de inmediato a 220 mil asalariados y a 110 mil jubilados más. La falta de actualización de las escalas hace que, en un cuadro inflacionario y con paritarias de por medio, la distancia entre pagar el 9% o pagar el 35% se recorra rápidamente. Por último, los monotributistas —muchas veces asalariados precarizados— pagan desde los siete mil pesos.

La confiscación salarial que implica el impuesto a las ganancias es —una parte de— la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y al capital agrario. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los exportadores. Más aún, el impuesto al salario forma parte de la garantía de las condiciones de pago que Macri ofrece a los acreedores internacionales para el acuerdo con los fondos buitre y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su Gobierno.

En este sentido, la lucha contra el impuesto al salario es clave para enfrentar toda la política macrista. Justamente por eso, las centrales sindicales, en línea con el acuerdo al que han llegado con el Gobierno, dijeron que sus diputados “buscarán retocar el impuesto en el Congreso”. Un acto de absoluta adaptación y una sutileza para dejar en claro que no organizarán ninguna medida de lucha del movimiento obrero que ponga en jaque los planes del macrismo. Continuar leyendo →

Cocinan un pacto social del ajuste

Daniel Scioli plantea una política de ingresos, eufemismo para indicar un acuerdo o pacto social que, mencionado por su nombre, no es más que un cepo al salario. Su propósito de fondo sería imponer un acuerdo salarial por un período prolongado -por ejemplo, tres años- por un aumento del orden del 20 % bajo la promesa de metas de inflación decreciente. La modalidad sería un acuerdo marco tripartito que comprende a las cámaras empresarias, al Gobierno y a la burocracia sindical. En la mesa, la burocracia reclamará como prenda al rescate estatal de las obras sociales, algo que ya les ha prometido Scioli.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año. Continuar leyendo →

La crisis de las paritarias

Las contradicciones que llevaron al gran paro nacional del 31 de marzo empiezan a trasladarse a las paritarias. Varios gremios reclaman más del 40% de aumento, alimentación, aceiteros, fraternales, subte. Al mismo tiempo la UIA salió a reclamar un tope del 20% y a cuestionar las paritarias mismas. El gobierno fijó su pauta en el 27% otorgado en la paritaria nacional docente. A través de Carlos Tomada, salió a aclarar que todo acuerdo “deberá ser homologado”, recordando que en el país no rigen las paritarias libres, sino aquellas que entren en las pautas que el gobierno acuerda con la burocracia sindical adicta. De esto ya supieron los obreros rurales cuando les fue anulado un aumento hace un par de años. El gobierno presiona a firmar en sus guarismos bajo el chantaje de no mover el impuesto a las ganancias si los gremios no firman de acuerdo a esas pautas. Continuar leyendo →

La década “en negro”

Tomada prepara con la CGT Balcarce y la CTA-Yasky, o con lo que queda de ellas, una iniciativa para combatir el trabajo en negro. Se busca un acuerdo entre la burocracia sindical adicta, el gobierno y la Unión Industrial en el marco de los acuerdos que impulsó Cristina con los “titulares”, tras su derrota del 11 de agosto.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados. Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

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