Daniel Scioli plantea una política de ingresos, eufemismo para indicar un acuerdo o pacto social que, mencionado por su nombre, no es más que un cepo al salario. Su propósito de fondo sería imponer un acuerdo salarial por un período prolongado -por ejemplo, tres años- por un aumento del orden del 20 % bajo la promesa de metas de inflación decreciente. La modalidad sería un acuerdo marco tripartito que comprende a las cámaras empresarias, al Gobierno y a la burocracia sindical. En la mesa, la burocracia reclamará como prenda al rescate estatal de las obras sociales, algo que ya les ha prometido Scioli.
Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.
Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año. Continuar leyendo