El sindicalismo peronista ya no puede movilizar

El 1º de mayo, fecha internacional de lucha de la clase obrera, queda una vez más en manos de la izquierda, que se hará presente la Plaza de Mayo y la mayoría de las plazas del país. El elemento convocante será el ascendente Frente de Izquierda y los Trabajadores, que cerrará el acto central a través de sus referentes y de Jorge Altamira, su principal figura. A la par hablarán una docena de oradores del sindicalismo combativo, clasista que desafía a la vieja burocracia sindical en los sindicatos de las cinco centrales.

El dato no es menor. Porque el sindicalismo peronista -tampoco el de centroizquierda-, no puede ser convocante sin la ayuda del retiro pactado de las empresas, o sin el componente de un abandono de tareas de los lugares de trabajo. El sindicalismo peronista no puede movilizar a sus aparatos en el día de los trabajadores. La militancia obrera está en manos de los socialistas, aunque la mayoría de los aparatos sindicales son dominados por la vieja burocracia.

El otro aspecto es que después del formidable paro del 10 de abril, los convocantes centrales se repliegan a distintas operaciones distraccionistas, incluso, divididos. Un acto el 8 de mayo de la CTA Micheli y otro el 14 de Moyano y Barrionuevo. Estos últimos, referenciados en la oposición de derecha, mutan las banderas del 10 de abril a la “seguridad”, un discurso que incluye la represión a las manifestaciones “no legítimas” y por lo tanto tributa hacia un Estado policial para garantizar el ajuste contra el cual lucha el movimiento obrero.

La contradicción está en el núcleo de la situación política que se expresará este 1º de mayo. Un gobierno en retirada que apela a una desesperada operación de salvataje del capital financiero vía la escandalosa indemnización a Repsol como eslabón de una cadena de endeudamiento. El golpe de timón del Banco Central con tasas siderales que agravan la parálisis económica. El kirchnerismo ha tomado las banderas de derecha de la oposición. En este escenario se produce la disgregación del peronismo y la derechización de la centroizquierda absorbida en el FA-Unen.

En tanto, se combinan las luchas salariales –la docencia de Salta en huelga general autoconvocada post-paritarias hace casi un mes- con una ola de despidos y suspensiones mecánicas que rápidamente serán metalmecánicas, otro tanto en la construcción donde la obra pública está paralizada y la privada caidísima. Marzo ha sido el octavo mes de caída de la producción industrial. Nuestra iniciativa política en el movimiento obrero este 1° de mayo es por la continuidad de un plan de lucha mediante un paro activo de 36 horas, es decir avanzar en una acción histórica de los trabajadores para quebrar el ajuste en marcha.

Llegamos con una acumulación política del Frente de Izquierda luego de una década de refutación política del kirchnerismo. El ascenso del FIT a un millón trescientos mil votos en octubre pasado y luego la victoria del Partido Obrero en Salta y más recientemente otra importante elección en Mendoza, hablan de una tendencia política profunda hacia la construcción de una nueva referencia política entre los trabajadores ante la crisis del peronismo la mencionada disolución de la centroizquierda.

Por lo tanto el significado de esta gran Plaza de Mayo masiva convocada por el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo expresa el comienzo de la concreción de un objetivo estratégico, de fondo, que es el objetivo mundial de los socialistas, la fusión del movimiento obrero y la izquierda. En esa dirección estamos y la Plaza será un escenario en el que Partido Obrero planteará a toda la militancia y ante el conjunto de los trabajadores esta perspectiva, inscripta en el programa estratégico del Frente de Izquierda y los Trabajadores que es el gobierno de los trabajadores. En un nuevo aniversario de los mártires de Chicago, en el Día Mundial de los Trabajadores, diremos con más respaldo que nunca: por la unidad mundial de los trabajadores y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

La agenda de la clase obrera en el Parlamento

El Parlamento estuvo y está al servicio de la agenda del gobierno, marcada por las diferentes fases del rescate capitalista, incluso delegando poderes y superpoderes en el Ejecutivo. El gobierno está jaqueado por el derrumbe de su propia política y se le han complicado sus mayorías parlamentarias. Pero en las horas de los motines policiales, le arrancó un acta falsamente “democrática” a los presidentes de todos los bloques de Diputados, con excepción del Frente de Izquierda. Fue la primera acción de la nueva Cámara de Diputados: aunque todos cedieron ante el motín policial en las provincias donde gobiernan, se apresuraron a lanzar un tiro por elevación, no a las policías bravas que ellos mismos promovieron, sino al reclamo de los trabajadores por un salario que cubra la canasta familiar.

Nuestra acción parlamentaria, que en la sesión inaugural debutó cuestionando la dirección política de toda una década, estará marcada por la intervención en la crisis política, social y económica. No será el mero resultado de refutar las iniciativas de la burguesía (Código Civil, impuestazos, etcétera) como tampoco se limitará a esperar los proyectos que surjan de las demandas obreras y populares. Propondremos una agenda por una salida obrera a la crisis. La conexión del trabajo parlamentario con la lucha de clases es la viga maestra de toda la acción que nos proponemos, puesto que no existe la conquista social al margen del sujeto que la obtiene. Desde allí, combatiremos cualquier idea o acción que fragmente las conquistas legislativas del Frente de Izquierda.

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El 19 de diciembre marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

Los amotinamientos policiales que se produjeron en prácticamente todo el país pusieron de manifiesto el estallido de la crisis inflacionaria y el derrumbe de la política económica del gobierno. De esta forma, la miseria salarial y la carestía galopante estallaron por un costado impensado. La policía -encargada de reprimir a quienes luchan por sus reclamos- puso en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con un piso de $ 8.500.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

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El verdadero contenido del paro de Moyano

Pocos saben que el paro camionero de Moyano por el impuesto al salario fue resultado de un levantamiento de sus bases el día miércoles de la semana anterior, en la que pararon los trabajadores de dos empresas de recolección, AESA y Cliba, al cobrar sus aguinaldos y ver las pérdidas de más de $2000 en sus salarios. Ese paro fue canalizado por los delegados, al margen de la dirección del gremio que reaccionó contra ellos en un primer momento.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

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