Más allá del “relato”, el gobierno nacional resolvió que, una vez más en la historia, la variable de ajuste sean los trabajadores. Junto a los gobernadores y a los grupos económicos concentrados, está empeñado en descargar la crisis sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Aun con discursos de tinte electoral, la oposición de derecha encabezada por Sergio Massa y Mauricio Macri está comprometida con esta política de ajuste: devaluación, tarifazos a los servicios públicos domiciliarios (con excepción de los grandes empresarios), imparables aumentos de las naftas y de los productos de primera necesidad popular. A las pruebas me remito: ninguno de estos opositores apoyó las demandas de los maestros, que nos dieron, durante diecisiete días, una clase magistral de lucha y dignidad en la provincia de Buenos Aires.

Al igual que sus mandamases de la UIA, de las asociaciones de banqueros y de la Mesa de Enlace agropecuaria, apoyan acuerdos paritarios que implican una pérdida del salario real para los trabajadores. Para el año en curso se pronostica un aumento inflacionario promedio del 40 %. Las patronales se frotan las manos con acuerdos salariales del 30 % y en cuotas, como los que ya firmaron los dirigentes oficialistas de la UOM y de la UOCRA. Los capitalistas ganan, los trabajadores pierden. Tan sencillo como trágico, si no se lo enfrenta y derrota.

La convergencia política entre el kirchnerismo y la oposición de derecha no se reduce solo a esto. Complementariamente, la presidenta de la Nación habló el primero de marzo de promover una ley antipiquetes, apoyando a Sergio Berni, que se la pasa demonizando a mi persona y a mis compañeros, como el diputado Christian Castillo. Como no podía ser de otra manera, la bancada del PRO aplaudió a rabiar esa parte del discurso. Pocas semanas después, el Frente Renovador de Massa “primereó” al Gobierno y anunció la presentación de un proyecto de cercenamiento del derecho de protesta. Todos estos actores políticos apoyaron el increíble fallo de un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires que intentaba obligar a los maestros a que cesen de ejercer su derecho a la huelga para defender la educación pública. Si aceptáramos que porque se afectan intereses de terceros una huelga es ilegal, quedaría directamente abolido este derecho constitucional, ya que por naturaleza un paro siempre afecta otros derechos.

Es en este marco que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocan a un paro nacional para el próximo jueves 10. Los innegables lazos de estos dirigentes con políticos como Massa demuestran que sus intereses están detrás de una sucesión presidencial opuesta a los intereses de los trabajadores. Por eso, a meses de iniciado el ajuste, promueven un paro aislado y “dominguero”.

Por el contrario, los dirigentes antiburocráticos nucleados en el Encuentro Sindical Combativo llaman a un paro activo, con piquetes y movilizaciones, reclamando un verdadero plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste y los tarifazos contra el pueblo. Allí están mis compañeros del PTS como Javier Hermosilla de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, junto con el “Perro” Santillán, el “Pollo” Sobrero y centenares de referentes que día a día enfrentan a las patronales y a la burocracia sindical en sus lugares de trabajo.

Uno de los puntos que levantan los convocantes al paro es el de la “inseguridad”. En  los últimos días nos fuimos enterando de linchamientos que repudiamos con todas nuestras fuerzas. El tema de la inseguridad debe enfocarse hacia sus verdaderos responsables: la asociación mafiosa entre el poder político, el judicial y las Policías que ampara y alienta el narcotráfico, los desarmaderos, el sistema de robos, la trata de personas. La campaña de oficialistas y de la oposición patronal contra el pequeño delito los oculta y encubre. Rechazamos la persecución y estigmatización de los jóvenes pobres.

Como le dijimos al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el recinto de la Cámara de Diputados, hacemos responsable al Gobierno nacional de cualquier tipo de provocación o represión que viole el legítimo derecho de protesta y movilización que tienen los trabajadores que decidan ir al paro este próximo jueves.

Sobran motivos para parar el 10. Por un salario mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, indexado mensualmente según la inflación real. Tres mil pesos de emergencia para todos. Paritarias sin techo. La eliminación del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y suspensiones, como sostenemos en el proyecto de ley que presentamos en Diputados. Contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral. Por el triunfo de las luchas de los docentes en nueve provincias. Contra el ajuste y los tarifazos. Por la absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas por haber participado de una pueblada en el marco de un conflicto laboral. Contra la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los más de cinco mil luchadores populares. Por el rechazo a toda legislación represiva y antihuelga que promueve tanto el oficialismo como la oposición patronal.

El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que apoya y llama a todas las organizaciones sindicales a la huelga, incluyendo aquellas conducidas por dirigentes oficialistas. Los diputados nacionales, provinciales y concejales del FIT de todo el país nos sumamos para, como dijimos en la campaña electoral, fortalecer la lucha de los trabajadores y de la juventud. Para que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.