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Prohibir ya los despidos y suspensiones

Hace unas semanas presentamos en el Congreso nacional un proyecto de ley que tiene por objeto la prohibición de los despidos y las suspensiones que en los últimos meses han recrudecido en fábricas y establecimientos de todo el país, siendo las terminales automotrices y autopartistas las que registran los números más preocupantes. Como venimos denunciando desde el Frente de Izquierda, el ajuste profundizado con la devaluación y los tarifazos -una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital más concentrado- es acompañado ahora por un importante aumento en los despidos y las suspensiones, pretendiendo las patronales descargar una vez más los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores.

Según informaciones periodísticas, a mediados de mayo de este año las suspensiones en la industria automotriz llegan a 14 mil trabajadores en estas condiciones, y a cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que vienen gozando de enormes beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido millonarias ganancias en los últimos años, siendo por ejemplo 2013 el año en que registraron ventas récord y enormes ganancias. Como dijo la propia Presidenta de la Nación, son parte de la clase social que “se la llevó en pala” en la última década.

Volkswagen, Citröen, Peugeot, Iveco, Fiat, Renault, Valeo, Montich, Gestamp, Ingenio Ledesma, Delphi, Calsa, Conmeca, son algunas de las empresas que ya están aplicando esta política contra sus trabajadores y son miles más los que ven en peligro sus empleos tanto del sector automotriz como de sectores que dependen indirectamente de la industria metal mecánica. También la caída de la actividad se traduce en caída de empleos en la construcción.
En la provincia de Córdoba hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. En esa provincia las empresas Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco ya están suspendiendo a miles de trabajadores.

En la Provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que cierra un turno en su planta de Villa Bosch y que dejará a 1.200 operarios suspendidos por tiempo indeterminado con reducción salarial al 65%. La autopartista Gestamp despidió a 67 obreros y militarizó la planta de la empresa ubicada en Escobar. Volkswagen de Gral. Pacheco pretende dar de baja a 720 trabajadores que “sobran” y ya dejó en la calle a decenas de trabajadores incluyendo a personal de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la planta. Asimismo, avanza con despidos encubiertos bajo la modalidad del retiro voluntario. También en Santa Fe y Mendoza se empiezan a denunciar despidos en las últimas semanas.

Debemos alertar también que, además de estos despidos y suspensiones conocidos por su repercusión mediática, hay miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no renovación de los contratos temporarios -en general de tres meses- han perdido sus empleos. Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios.

Las nuevas suspensiones  y despidos en curso son otro recordatorio de que es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización, que se mantienen en esencia desde los noventa y que durante estos años ha sido usufructuada por las patronales para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores.

Esta grave situación es acompañada en numerosos casos de ataques contra activistas que se organizan para defender sus derechos. Esto se expresa en despidos y persecución contra representantes sindicales de los trabajadores -de hecho o de derecho- que se ponen al frente de la lucha y que tiene el objetivo de impedir la organización independiente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los casos recientes de despidos persecutorios en la empresa Shell de Dock Sud, Liliana SRL de Rosario o las trabajadoras de Jumbo Cencosud (Disco) son una muestra cabal de esto. Los empresarios se ensañan con quienes organizan la resistencia de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, techos salariales, mayor productividad, flexibilización laboral, despidos y suspensiones.

Por eso presentamos el proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones, porque creemos que ante la gravedad de la situación hay que aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Por eso proponemos  prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador, en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Una vez más desde las esferas del poder político y económico se pretende que las mayorías nacionales pongan su esfuerzo al servicio de un pequeño grupo privilegiado que vive del trabajo ajeno. No lo podemos permitir.

Sobran motivos para parar el 10

Más allá del “relato”, el gobierno nacional resolvió que, una vez más en la historia, la variable de ajuste sean los trabajadores. Junto a los gobernadores y a los grupos económicos concentrados, está empeñado en descargar la crisis sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Aun con discursos de tinte electoral, la oposición de derecha encabezada por Sergio Massa y Mauricio Macri está comprometida con esta política de ajuste: devaluación, tarifazos a los servicios públicos domiciliarios (con excepción de los grandes empresarios), imparables aumentos de las naftas y de los productos de primera necesidad popular. A las pruebas me remito: ninguno de estos opositores apoyó las demandas de los maestros, que nos dieron, durante diecisiete días, una clase magistral de lucha y dignidad en la provincia de Buenos Aires.

Al igual que sus mandamases de la UIA, de las asociaciones de banqueros y de la Mesa de Enlace agropecuaria, apoyan acuerdos paritarios que implican una pérdida del salario real para los trabajadores. Para el año en curso se pronostica un aumento inflacionario promedio del 40 %. Las patronales se frotan las manos con acuerdos salariales del 30 % y en cuotas, como los que ya firmaron los dirigentes oficialistas de la UOM y de la UOCRA. Los capitalistas ganan, los trabajadores pierden. Tan sencillo como trágico, si no se lo enfrenta y derrota.

La convergencia política entre el kirchnerismo y la oposición de derecha no se reduce solo a esto. Complementariamente, la presidenta de la Nación habló el primero de marzo de promover una ley antipiquetes, apoyando a Sergio Berni, que se la pasa demonizando a mi persona y a mis compañeros, como el diputado Christian Castillo. Como no podía ser de otra manera, la bancada del PRO aplaudió a rabiar esa parte del discurso. Pocas semanas después, el Frente Renovador de Massa “primereó” al Gobierno y anunció la presentación de un proyecto de cercenamiento del derecho de protesta. Todos estos actores políticos apoyaron el increíble fallo de un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires que intentaba obligar a los maestros a que cesen de ejercer su derecho a la huelga para defender la educación pública. Si aceptáramos que porque se afectan intereses de terceros una huelga es ilegal, quedaría directamente abolido este derecho constitucional, ya que por naturaleza un paro siempre afecta otros derechos.

Es en este marco que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocan a un paro nacional para el próximo jueves 10. Los innegables lazos de estos dirigentes con políticos como Massa demuestran que sus intereses están detrás de una sucesión presidencial opuesta a los intereses de los trabajadores. Por eso, a meses de iniciado el ajuste, promueven un paro aislado y “dominguero”.

Por el contrario, los dirigentes antiburocráticos nucleados en el Encuentro Sindical Combativo llaman a un paro activo, con piquetes y movilizaciones, reclamando un verdadero plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste y los tarifazos contra el pueblo. Allí están mis compañeros del PTS como Javier Hermosilla de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, junto con el “Perro” Santillán, el “Pollo” Sobrero y centenares de referentes que día a día enfrentan a las patronales y a la burocracia sindical en sus lugares de trabajo.

Uno de los puntos que levantan los convocantes al paro es el de la “inseguridad”. En  los últimos días nos fuimos enterando de linchamientos que repudiamos con todas nuestras fuerzas. El tema de la inseguridad debe enfocarse hacia sus verdaderos responsables: la asociación mafiosa entre el poder político, el judicial y las Policías que ampara y alienta el narcotráfico, los desarmaderos, el sistema de robos, la trata de personas. La campaña de oficialistas y de la oposición patronal contra el pequeño delito los oculta y encubre. Rechazamos la persecución y estigmatización de los jóvenes pobres.

Como le dijimos al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el recinto de la Cámara de Diputados, hacemos responsable al Gobierno nacional de cualquier tipo de provocación o represión que viole el legítimo derecho de protesta y movilización que tienen los trabajadores que decidan ir al paro este próximo jueves.

Sobran motivos para parar el 10. Por un salario mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, indexado mensualmente según la inflación real. Tres mil pesos de emergencia para todos. Paritarias sin techo. La eliminación del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y suspensiones, como sostenemos en el proyecto de ley que presentamos en Diputados. Contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral. Por el triunfo de las luchas de los docentes en nueve provincias. Contra el ajuste y los tarifazos. Por la absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas por haber participado de una pueblada en el marco de un conflicto laboral. Contra la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los más de cinco mil luchadores populares. Por el rechazo a toda legislación represiva y antihuelga que promueve tanto el oficialismo como la oposición patronal.

El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que apoya y llama a todas las organizaciones sindicales a la huelga, incluyendo aquellas conducidas por dirigentes oficialistas. Los diputados nacionales, provinciales y concejales del FIT de todo el país nos sumamos para, como dijimos en la campaña electoral, fortalecer la lucha de los trabajadores y de la juventud. Para que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.

Emergencia

Devaluación, inflación desbocada de los productos de primera necesidad, tarifazo en el transporte, suspensiones y despidos en varios establecimientos: está claro que una vez más el Gobierno pretende que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo.

Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

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