Por: Nicolás del Caño
Hace unas semanas presentamos en el Congreso nacional un proyecto de ley que tiene por objeto la prohibición de los despidos y las suspensiones que en los últimos meses han recrudecido en fábricas y establecimientos de todo el país, siendo las terminales automotrices y autopartistas las que registran los números más preocupantes. Como venimos denunciando desde el Frente de Izquierda, el ajuste profundizado con la devaluación y los tarifazos -una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital más concentrado- es acompañado ahora por un importante aumento en los despidos y las suspensiones, pretendiendo las patronales descargar una vez más los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores.
Según informaciones periodísticas, a mediados de mayo de este año las suspensiones en la industria automotriz llegan a 14 mil trabajadores en estas condiciones, y a cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que vienen gozando de enormes beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido millonarias ganancias en los últimos años, siendo por ejemplo 2013 el año en que registraron ventas récord y enormes ganancias. Como dijo la propia Presidenta de la Nación, son parte de la clase social que “se la llevó en pala” en la última década.
Volkswagen, Citröen, Peugeot, Iveco, Fiat, Renault, Valeo, Montich, Gestamp, Ingenio Ledesma, Delphi, Calsa, Conmeca, son algunas de las empresas que ya están aplicando esta política contra sus trabajadores y son miles más los que ven en peligro sus empleos tanto del sector automotriz como de sectores que dependen indirectamente de la industria metal mecánica. También la caída de la actividad se traduce en caída de empleos en la construcción.
En la provincia de Córdoba hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. En esa provincia las empresas Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco ya están suspendiendo a miles de trabajadores.
En la Provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que cierra un turno en su planta de Villa Bosch y que dejará a 1.200 operarios suspendidos por tiempo indeterminado con reducción salarial al 65%. La autopartista Gestamp despidió a 67 obreros y militarizó la planta de la empresa ubicada en Escobar. Volkswagen de Gral. Pacheco pretende dar de baja a 720 trabajadores que “sobran” y ya dejó en la calle a decenas de trabajadores incluyendo a personal de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la planta. Asimismo, avanza con despidos encubiertos bajo la modalidad del retiro voluntario. También en Santa Fe y Mendoza se empiezan a denunciar despidos en las últimas semanas.
Debemos alertar también que, además de estos despidos y suspensiones conocidos por su repercusión mediática, hay miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no renovación de los contratos temporarios -en general de tres meses- han perdido sus empleos. Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios.
Las nuevas suspensiones y despidos en curso son otro recordatorio de que es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización, que se mantienen en esencia desde los noventa y que durante estos años ha sido usufructuada por las patronales para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores.
Esta grave situación es acompañada en numerosos casos de ataques contra activistas que se organizan para defender sus derechos. Esto se expresa en despidos y persecución contra representantes sindicales de los trabajadores -de hecho o de derecho- que se ponen al frente de la lucha y que tiene el objetivo de impedir la organización independiente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los casos recientes de despidos persecutorios en la empresa Shell de Dock Sud, Liliana SRL de Rosario o las trabajadoras de Jumbo Cencosud (Disco) son una muestra cabal de esto. Los empresarios se ensañan con quienes organizan la resistencia de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, techos salariales, mayor productividad, flexibilización laboral, despidos y suspensiones.
Por eso presentamos el proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones, porque creemos que ante la gravedad de la situación hay que aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Por eso proponemos prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador, en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Una vez más desde las esferas del poder político y económico se pretende que las mayorías nacionales pongan su esfuerzo al servicio de un pequeño grupo privilegiado que vive del trabajo ajeno. No lo podemos permitir.