Ley de hidrocarburos: un proyecto alternativo de la izquierda en el Congreso

Este miércoles el oficialismo buscará sancionar en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, acordado entre el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias con producción de hidrocarburos agrupados en la Ofephi. El mismo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, aprobado por mayoría por el bloque oficialista y sus aliados.

El proyecto del Gobierno, entre sus puntos más “destacados”, establece los plazos de las concesiones en 25 años para el petróleo y gas convencional y 35 años para el no convencional, pudiendo las empresas pedir prórroga de 10 años más en ambos casos. Asimismo dispone un tope de 12%  para el cobro de regalías (que se pueden reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone) y, en caso de prórroga, se establece un porcentaje del 18%. También se baja el piso para entrar al “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” (decreto 929/13) a 250 millones de dólares en 3 años, cuando aquel decreto establecía U$S 1.000 millones en 5 años. Una vez cumplidos esos 3 años, se permite exportar con 0% de alícuota un 20% de lo producido en el caso del petróleo y gas convencional y no convencional, y un 60% del “off shore”. Continuar leyendo →

Por qué no votamos al pañuelo blanco como “emblema nacional”

En la sesión de Diputados del pasado miércoles 2 de julio, los dos bloques del Frente de Izquierda (PO y PTS) nos abstuvimos en la votación que le dio media sanción al proyecto para nombrar al “pañuelo blanco” de las Madres de Plaza de Mayo como “emblema nacional”. Cuando se lo trató, un acuerdo cerrado entre los principales bloques (FPV, Frente Renovador, UCR y PRO) nos impidió hacer uso de la palabra.

La votación por la afirmativa -sin debate ni discusión- fue casi unánime, incluyendo a la mayoría de los diputados de la UCR, del Frente Renovador y del PRO. Solo siete legisladores de la derecha votaron en contra. A partir de ese día, se montó una insistente campaña en las redes sociales y en diarios como Página/12 para intentar dejar pegados a los diputados del FIT con la derecha más recalcitrante, una verdadera estafa que intenta completar la operación que el oficialismo quiso montar con la media sanción.

La votación del “pañuelo blanco” como “emblema nacional” ha sido el último acto de un proceso de cooptación estatal de históricas y emblemáticas luchadoras como Hebe de Bonafini, y por eso contó con el beneplácito de todos los partidos que garantizaron la impunidad de los genocidas y hasta le dieron centenares de intendentes, funcionarios y embajadores a la dictadura, como la UCR.

La izquierda es el único sector político que puede reivindicar sin fisuras ni contradicciones la historia de lucha intransigente de las Madres contra la represión, la impunidad y la entrega nacional que significa el pago de la deuda externa. Con esa autoridad rechazamos su cooptación, cuya expresión máxima fue el abrazo de Hebe de Bonafini con el genocida Milani, a quien defiende a capa y espada; el cerrado apoyo al procesado Amado Boudou y todas y cada una de las políticas del Gobierno nacional, incluyendo el pago a la Repsol, al Club de París y la negociación con los fondos buitres.

A nadie medianamente informado se le puede esconder que las corrientes políticas de los que integramos el Frente de Izquierda estuvimos con las Madres desde 1977, mientras que los partidos que las denominaban “Las Locas de la Plaza” eran cómplices y partícipes de la dictadura. Junto a ellas, la izquierda rechazó activamente la autoamnistía de Bignone, que intentaba dejar impunes a todos los genocidas -medida apoyada por los candidatos del PJ. Al tiempo estuvimos juntos enfrentando en las calles el Punto Final y la Obediencia Debida votados en pleno por el radicalismo, y luego contra los indultos de Menem.

A la par enfrentamos junto a las Madres la mayoría de las represiones contra el pueblo trabajador ordenadas por los sucesivos Gobiernos constitucionales, y exigimos siempre la libertad de los presos políticos, mientras continuamos sin pausa la lucha por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio. La denuncia a la deuda externa y la lucha por el “no pago” también nos encontró durante décadas en la misma trinchera que las Madres, al igual que las causas de lucha del pueblo trabajador.

Mientras la izquierda siempre estuvo de este lado, las dirigencias de los partidos que el miércoles votaron al pañuelo blanco como emblema estuvieron en la trinchera del poder, la represión y la impunidad. ¿Dónde estaban si no el 20 de diciembre de 2001, cuando la Policía Federal, la misma que hoy reprime a los obreros de EMFER, sacudía a las Madres en la Plaza de Mayo para defender un Gobierno del que fueron parte muchos de los que votaron a favor de este proyecto?

No es ninguna paradoja que quienes nos abstuvimos de esta votación fuimos, en estos seis cortos meses desde que asumimos como diputados, los que llevamos a los pañuelos blancos al Congreso. Compañeras consecuentes con sus convicciones e historia de lucha como Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle participaron de varias audiencias públicas convocadas por los bloques del Frente de Izquierda. La absolución de los petroleros condenados en Las Heras; el repudio a César Milani; el apoyo al proyecto contra la criminalización de la protesta y la extinción de causas y condenas a los luchadores sociales; la solidaridad con la lucha de Alberto Lebbos por justicia para su hija Paulina, son algunas de las actividades que desarrollamos junto a ellas. Y estamos orgullosos de ello.

Un símbolo no puede esconder ni tapar una realidad. No criticamos a aquellos que apoyan este reconocimiento a la histórica lucha de Madres de buena fe. Pero creemos que el mejor homenaje a aquellas bravas Madres que supieron enfrentar de frente al terrorismo de Estado y al pacto de impunidad del PJ y de la UCR es seguir la lucha hoy junto a los trabajadores de Lear y de EMFER, por la destitución de Milani y la disolución del Proyecto X, por el no pago de la deuda externa, por el juicio y castigo a todos los culpables, por la apertura de todos los archivos de la dictadura. Hoy como ayer, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Prohibir ya los despidos y suspensiones

Hace unas semanas presentamos en el Congreso nacional un proyecto de ley que tiene por objeto la prohibición de los despidos y las suspensiones que en los últimos meses han recrudecido en fábricas y establecimientos de todo el país, siendo las terminales automotrices y autopartistas las que registran los números más preocupantes. Como venimos denunciando desde el Frente de Izquierda, el ajuste profundizado con la devaluación y los tarifazos -una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital más concentrado- es acompañado ahora por un importante aumento en los despidos y las suspensiones, pretendiendo las patronales descargar una vez más los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores.

Según informaciones periodísticas, a mediados de mayo de este año las suspensiones en la industria automotriz llegan a 14 mil trabajadores en estas condiciones, y a cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que vienen gozando de enormes beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido millonarias ganancias en los últimos años, siendo por ejemplo 2013 el año en que registraron ventas récord y enormes ganancias. Como dijo la propia Presidenta de la Nación, son parte de la clase social que “se la llevó en pala” en la última década.

Volkswagen, Citröen, Peugeot, Iveco, Fiat, Renault, Valeo, Montich, Gestamp, Ingenio Ledesma, Delphi, Calsa, Conmeca, son algunas de las empresas que ya están aplicando esta política contra sus trabajadores y son miles más los que ven en peligro sus empleos tanto del sector automotriz como de sectores que dependen indirectamente de la industria metal mecánica. También la caída de la actividad se traduce en caída de empleos en la construcción.
En la provincia de Córdoba hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. En esa provincia las empresas Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco ya están suspendiendo a miles de trabajadores.

En la Provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que cierra un turno en su planta de Villa Bosch y que dejará a 1.200 operarios suspendidos por tiempo indeterminado con reducción salarial al 65%. La autopartista Gestamp despidió a 67 obreros y militarizó la planta de la empresa ubicada en Escobar. Volkswagen de Gral. Pacheco pretende dar de baja a 720 trabajadores que “sobran” y ya dejó en la calle a decenas de trabajadores incluyendo a personal de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la planta. Asimismo, avanza con despidos encubiertos bajo la modalidad del retiro voluntario. También en Santa Fe y Mendoza se empiezan a denunciar despidos en las últimas semanas.

Debemos alertar también que, además de estos despidos y suspensiones conocidos por su repercusión mediática, hay miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no renovación de los contratos temporarios -en general de tres meses- han perdido sus empleos. Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios.

Las nuevas suspensiones  y despidos en curso son otro recordatorio de que es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización, que se mantienen en esencia desde los noventa y que durante estos años ha sido usufructuada por las patronales para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores.

Esta grave situación es acompañada en numerosos casos de ataques contra activistas que se organizan para defender sus derechos. Esto se expresa en despidos y persecución contra representantes sindicales de los trabajadores -de hecho o de derecho- que se ponen al frente de la lucha y que tiene el objetivo de impedir la organización independiente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los casos recientes de despidos persecutorios en la empresa Shell de Dock Sud, Liliana SRL de Rosario o las trabajadoras de Jumbo Cencosud (Disco) son una muestra cabal de esto. Los empresarios se ensañan con quienes organizan la resistencia de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, techos salariales, mayor productividad, flexibilización laboral, despidos y suspensiones.

Por eso presentamos el proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones, porque creemos que ante la gravedad de la situación hay que aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Por eso proponemos  prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador, en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Una vez más desde las esferas del poder político y económico se pretende que las mayorías nacionales pongan su esfuerzo al servicio de un pequeño grupo privilegiado que vive del trabajo ajeno. No lo podemos permitir.

Sobran motivos para parar el 10

Más allá del “relato”, el gobierno nacional resolvió que, una vez más en la historia, la variable de ajuste sean los trabajadores. Junto a los gobernadores y a los grupos económicos concentrados, está empeñado en descargar la crisis sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Aun con discursos de tinte electoral, la oposición de derecha encabezada por Sergio Massa y Mauricio Macri está comprometida con esta política de ajuste: devaluación, tarifazos a los servicios públicos domiciliarios (con excepción de los grandes empresarios), imparables aumentos de las naftas y de los productos de primera necesidad popular. A las pruebas me remito: ninguno de estos opositores apoyó las demandas de los maestros, que nos dieron, durante diecisiete días, una clase magistral de lucha y dignidad en la provincia de Buenos Aires.

Al igual que sus mandamases de la UIA, de las asociaciones de banqueros y de la Mesa de Enlace agropecuaria, apoyan acuerdos paritarios que implican una pérdida del salario real para los trabajadores. Para el año en curso se pronostica un aumento inflacionario promedio del 40 %. Las patronales se frotan las manos con acuerdos salariales del 30 % y en cuotas, como los que ya firmaron los dirigentes oficialistas de la UOM y de la UOCRA. Los capitalistas ganan, los trabajadores pierden. Tan sencillo como trágico, si no se lo enfrenta y derrota.

La convergencia política entre el kirchnerismo y la oposición de derecha no se reduce solo a esto. Complementariamente, la presidenta de la Nación habló el primero de marzo de promover una ley antipiquetes, apoyando a Sergio Berni, que se la pasa demonizando a mi persona y a mis compañeros, como el diputado Christian Castillo. Como no podía ser de otra manera, la bancada del PRO aplaudió a rabiar esa parte del discurso. Pocas semanas después, el Frente Renovador de Massa “primereó” al Gobierno y anunció la presentación de un proyecto de cercenamiento del derecho de protesta. Todos estos actores políticos apoyaron el increíble fallo de un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires que intentaba obligar a los maestros a que cesen de ejercer su derecho a la huelga para defender la educación pública. Si aceptáramos que porque se afectan intereses de terceros una huelga es ilegal, quedaría directamente abolido este derecho constitucional, ya que por naturaleza un paro siempre afecta otros derechos.

Es en este marco que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocan a un paro nacional para el próximo jueves 10. Los innegables lazos de estos dirigentes con políticos como Massa demuestran que sus intereses están detrás de una sucesión presidencial opuesta a los intereses de los trabajadores. Por eso, a meses de iniciado el ajuste, promueven un paro aislado y “dominguero”.

Por el contrario, los dirigentes antiburocráticos nucleados en el Encuentro Sindical Combativo llaman a un paro activo, con piquetes y movilizaciones, reclamando un verdadero plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste y los tarifazos contra el pueblo. Allí están mis compañeros del PTS como Javier Hermosilla de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, junto con el “Perro” Santillán, el “Pollo” Sobrero y centenares de referentes que día a día enfrentan a las patronales y a la burocracia sindical en sus lugares de trabajo.

Uno de los puntos que levantan los convocantes al paro es el de la “inseguridad”. En  los últimos días nos fuimos enterando de linchamientos que repudiamos con todas nuestras fuerzas. El tema de la inseguridad debe enfocarse hacia sus verdaderos responsables: la asociación mafiosa entre el poder político, el judicial y las Policías que ampara y alienta el narcotráfico, los desarmaderos, el sistema de robos, la trata de personas. La campaña de oficialistas y de la oposición patronal contra el pequeño delito los oculta y encubre. Rechazamos la persecución y estigmatización de los jóvenes pobres.

Como le dijimos al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el recinto de la Cámara de Diputados, hacemos responsable al Gobierno nacional de cualquier tipo de provocación o represión que viole el legítimo derecho de protesta y movilización que tienen los trabajadores que decidan ir al paro este próximo jueves.

Sobran motivos para parar el 10. Por un salario mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, indexado mensualmente según la inflación real. Tres mil pesos de emergencia para todos. Paritarias sin techo. La eliminación del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y suspensiones, como sostenemos en el proyecto de ley que presentamos en Diputados. Contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral. Por el triunfo de las luchas de los docentes en nueve provincias. Contra el ajuste y los tarifazos. Por la absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas por haber participado de una pueblada en el marco de un conflicto laboral. Contra la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los más de cinco mil luchadores populares. Por el rechazo a toda legislación represiva y antihuelga que promueve tanto el oficialismo como la oposición patronal.

El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que apoya y llama a todas las organizaciones sindicales a la huelga, incluyendo aquellas conducidas por dirigentes oficialistas. Los diputados nacionales, provinciales y concejales del FIT de todo el país nos sumamos para, como dijimos en la campaña electoral, fortalecer la lucha de los trabajadores y de la juventud. Para que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.

Que el Gobierno entregue las listas

Por estas horas presentaremos en el Congreso dos proyectos. En ellos pedimos a los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación que entreguen la nómina completa del personal que prestó servicio en las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura genocida (1976-1983), y que hoy continúan integrando esas instituciones. En estos últimos años, ha salido a la luz que gran cantidad del personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal que actuaron durante la dictadura militar sigue hoy en funciones. Las cifras impactan e indignan, y explican la impunidad que beneficia a la enorme mayoría de los partícipes del genocidio.

El secuestro y desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, a horas de que se conociera la sentencia contra el asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz, es una herida abierta que nos muestra claramente la continuidad del aparato represivo de la Bonaerense desde la dictadura hasta hoy. Cuando Julio desapareció por segunda vez, nuestra compañera del CEPRODH, Myriam Bregman y otros organismos de derechos humanos reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones. Sabían que allí pueden encontrarse los cómplices, al menos del encubrimiento de su segunda desaparición. La cifra dada a conocer en ese momento es escalofriante: 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura militar aún continuaban en funciones al año 2006.

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Emergencia

Devaluación, inflación desbocada de los productos de primera necesidad, tarifazo en el transporte, suspensiones y despidos en varios establecimientos: está claro que una vez más el Gobierno pretende que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo.

Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

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Las dietas de los diputados y los salarios de los trabajadores

En estos días se publicó la noticia de que los diputados nacionales empezaremos a cobrar desde el 1º de febrero alrededor de cincuenta mil pesos de bolsillo, ya descontadas las cargas sociales y el impuesto a las ganancias.

Si tenemos en cuenta que hoy en la Argentina la mitad de los asalariados percibe menos de cuatro mil pesos mensuales, que casi el 80% de los jubilados gana la mínima de 2.800, que las asignaciones por hijo son de 460 pesos y que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación, podemos decir que el sueldo de los diputados es una verdadera provocación. Esta se agrava porque el anuncio se hace en las vísperas del inicio de las paritarias, a las que tanto los empresarios como el Gobierno buscan poner un techo para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Una de las primeras que se vienen es la de los docentes. Una maestra que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, con nueve años de antigüedad, percibe hoy 3.835 de bolsillo por cargo, el 7,67 % de lo que a partir de febrero va a pasar a cobrar un diputado. ¿Por qué un diputado -por no hablar del resto de los funcionarios políticos- se lleva por mes trece veces más de lo que se lleva una maestra de grado? Uno de los ejes de nuestra campaña electoral en Mendoza fue “que todo funcionario político gane lo mismo que un docente”, y así debe ser.

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El apoyo al Frente de Izquierda viene de la Mendoza profunda

Ha comenzado la cuenta regresiva para las elecciones legislativas. A pesar de las trabas que el Estado y los partidos del régimen nos imponen casi a diario, hemos logrado desarrollar con mucho esfuerzo una enorme campaña militante levantando las demandas más profundas de los trabajadores y los sectores populares de Mendoza.

Del otro lado, los partidos patronales con sus campañas vacuas que en realidad esconden sus verdaderas intenciones para luego del 27 de octubre ajuste contra el pueblo trabajador y represión para quienes salgan a luchar por sus derechos. Las insustanciales campañas de los partidos tradicionales han repetido los viejos versos neoliberales que vienen de los 90. En Mendoza, el PJ y la UCR nos hablan de que la provincia necesita inversores, “seguridad jurídica”, “competitividad” para las empresas y agitan el fantasma de que las ideas de izquierda espantan la inversión. Sin embargo, la empresa Vale dejó en la calle a más de 6 mil trabajadores, chantajeando al Estado con la exigencia de exenciones impositivas para que todos nosotros le paguemos la rentabilidad de la empresa.

El verso ya conocido esconde el mensaje de que el pueblo trabajador debe hacer bien los deberes y seguir aceptando mansamente el trabajo precario, los bajos salarios, la inflación, un esquema impositivo regresivo, la falta de vivienda digna y todos los problemas que se padecen cotidianamente. A esto se suma el clamor de los candidatos patronales que al unísono responden a los grandes problemas sociales con más criminalización de la pobreza y la juventud a través de propuestas como la baja en la edad de imputabilidad. Nos acusan de utópicos y se plantean la falsa idea de una Mendoza conservadora contra la cual no podemos ir, cuando en realidad son ellos los conservadores que forman parte de una casta de políticos profesionales enriquecidos que no vive la realidad del pueblo trabajador.

Sin embargo, las únicas propuestas realistas para terminar con el trabajo precario, combatir la inflación, terminar con los salarios bajos y garantizar salud y educación de calidad para el pueblo trabajador son las que planteamos desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nosotros proponemos anular todas las leyes de flexibilización laboral para terminar en serio con la “herencia menemista”. Contra una casta de políticos profesionales que viven del Estado, por fuera de la realidad del pueblo trabajador, proponemos que todo diputado cobre igual que una maestra o cualquier trabajador. También proponemos un plan de becas para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación y la reducción de la jornada laboral para todos los jóvenes que quieran trabajar y estudiar. Muchos plantean la baja de la edad de imputabilidad y la mano dura, nosotros en cambio, queremos que los jóvenes tengan una perspectiva a futuro.

Hoy muchos hablan de frenar la inflación, pero nadie dice cómo hacerlo. Creemos que las grandes cadenas de  supermercados tienen el monopolio para incrementar los precios. Deberían abrirse los libros de contabilidad para ver cuál es la verdadera rentabilidad que tienen. A partir de impuestos a los grandes empresarios se puede, por ejemplo, aumentar presupuesto de la salud pública como hoy reclaman sus trabajadores. Además consideramos que todas aquellas personas que vivan de su salario deben tener un ingreso que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en más de $7000. Estas son algunas de las ideas que venimos expresando en nuestra campaña y que se sintetizan en la consigna de llevar por primera vez una voz de los trabajadores y la juventud de Mendoza al Congreso para fortalecer la lucha por estos reclamos.

Nuestra campaña hace pie en la Mendoza profunda que venimos recorriendo día a día y donde la simpatía y el apoyo hacia el Frente de Izquierda han venido creciendo enormemente. La de los trabajadores petroleros de Luján de Cuyo. La Mendoza de trabajadores que dejan la vida en los campos del Cordón del Plata, en la que los jóvenes empiezan a levantar la voz contra el mito de la provincia conservadora como en San Rafael o la Mendoza que cuestiona cada vez más los aparatos de los partidos tradicionales y las consecuencias de años de gobierno del PJ y la UCR.

En las agitaciones callejeras en las plazas departamentales y lugares de trabajo como el Hospital Central y los carriles industriales del Gran Mendoza hemos juntado cientos de fiscales que nos ayudarán en la tarea de defender el voto y evitar el  robo de boleta al Frente de Izquierda. A lo largo y ancho de toda la provincia se desarrollaron debates como en Tunuyán, Maipú, San Martín o San Rafael.

En esta Mendoza profunda reside la fuerza que puede llevar al Frente de Izquierda a realizar una elección histórica. Los políticos de los partidos tradicionales tienen miedo de este apoyo que estamos conquistando. Por eso han llegado las agresiones como ocurrió en Luján, donde matones a sueldo amenazaron con armas de fuego a candidatos de nuestra lista. Queremos darle a la Argentina una alternativa política propia de quienes hacen mover el país: los trabajadores.

Mendoza: el Frente de Izquierda ante una elección histórica

El mito de la “década ganada” del Gobierno de CFK se choca con una realidad ineludible. La de una Argentina donde unos pocos empresarios, fundamentalmente extranjeros, se la “llevan en pala” mientras se mantiene alrededor de un 40% de los trabajadores con trabajo precarizado o en negro, y más del 70% de los trabajadores tiene salarios por debajo del costo de la canasta familiar. Según el último dato del Indec a nivel nacional, el trabajo informal subió dos puntos y medio (comparado con 2012), afectando a 4.3 millones de asalariados.

Mendoza no sólo no escapa a estos contrastes sociales y económicos, sino que, por el contrario, los confirma. Según datos surgidos desde la Subsecretaría de Trabajo Provincial, sólo en el Gran Mendoza el empleo informal alcanza a cien mil trabajadores sobre una población económicamente activa (PEA) de trescientos noventa mil. Los datos son contundentes entre los jóvenes del Gran Mendoza: hay más de treinta mil que tienen trabajos precarios y cerca de veinte mil jóvenes que poseen entre dieciséis y veinticinco años no trabajan ni estudian, según indicaba ya una investigación del Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo en 2011.

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