Por: Nicolás del Caño
Por estas horas presentaremos en el Congreso dos proyectos. En ellos pedimos a los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación que entreguen la nómina completa del personal que prestó servicio en las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura genocida (1976-1983), y que hoy continúan integrando esas instituciones. En estos últimos años, ha salido a la luz que gran cantidad del personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal que actuaron durante la dictadura militar sigue hoy en funciones. Las cifras impactan e indignan, y explican la impunidad que beneficia a la enorme mayoría de los partícipes del genocidio.
El secuestro y desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, a horas de que se conociera la sentencia contra el asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz, es una herida abierta que nos muestra claramente la continuidad del aparato represivo de la Bonaerense desde la dictadura hasta hoy. Cuando Julio desapareció por segunda vez, nuestra compañera del CEPRODH, Myriam Bregman y otros organismos de derechos humanos reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones. Sabían que allí pueden encontrarse los cómplices, al menos del encubrimiento de su segunda desaparición. La cifra dada a conocer en ese momento es escalofriante: 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura militar aún continuaban en funciones al año 2006.
La continuidad de estas patotas capaces de producir un secuestro como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después (10 de diciembre de 2007) cuando a punto de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal en su contra, fue encontrado asesinado con cianuro en una dependencia de la Prefectura Naval Argentina, el prefecto Héctor Antonio Febres, represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y quien tenía toda la información sobre los bebés nacidos en cautiverio en la ESMA.
Otro ejemplo es la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que se hizo pública en febrero del 2010, cuando la revista Veintitrés informó que existían más de 4 mil agentes civiles y militares que prestaron servicios en el máximo organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar. Este documento, que permaneció bajo archivo durante 27 años, reveló que varios de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia pública como sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, entre otros. El sindicalista preferido del Gobierno, el burócrata de la UOCRA, Gerardo Martínez, es uno de los incluidos en la lista de agentes de inteligencia del Ejército. César Milani, el represor designado como Cristina Fernández como Jefe del Ejército, es otro de los integrantes de esa nefasta lista del 601.
Y así podemos seguir nombrando ejemplos y denuncias donde sale a la luz que se pueden contar por miles los integrantes de estas fuerzas que fueron parte del genocidio y que hoy siguen en funciones impunemente. Estamos seguros de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no son reformables ni “depurables”, y que la continuidad de los elementos de la dictadura responde a la impunidad. Con esta certeza de que fue toda la institución, y que transcurridas décadas desde la caída de la dictadura hay miles de asesinos y torturadores en funciones, queremos que el Gobierno informe quiénes son, uno por uno, y entregue las listas completas, lo que permitiría no solo conocer a todos los que actuaron en la dictadura, sino también el destino de los compañeros desaparecidos y de los cientos de niños apropiados.
No se trata de depurar a los destacamentos armados del Estado de los capitalistas, un sinsentido cuando está en su naturaleza salvaguardar este régimen de explotación y miseria y los privilegios de una clase minoritaria que vive del trabajo ajeno. El sentido y objetivo de proyectos como estos es el demostrar como hasta los políticos burgueses más “progresistas”, como los K, al salvaguardar estas instituciones no pueden deshacerse del personal comprometido con la dictadura, ya que esto significaría la baja de la mayoría de los mandos de mayor jerarquía. Ni tampoco quieren. El ascenso de Milani es toda una confesión. A muy pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida, la pelea contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables está más vigente que nunca. Este 24 de marzo volveremos a movilizarnos para que todos ellos sean condenados, incluidos todos sus cómplices empresariales, civiles y de la burocracia sindical.