Por estas horas presentaremos en el Congreso dos proyectos. En ellos pedimos a los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación que entreguen la nómina completa del personal que prestó servicio en las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura genocida (1976-1983), y que hoy continúan integrando esas instituciones. En estos últimos años, ha salido a la luz que gran cantidad del personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal que actuaron durante la dictadura militar sigue hoy en funciones. Las cifras impactan e indignan, y explican la impunidad que beneficia a la enorme mayoría de los partícipes del genocidio.
El secuestro y desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, a horas de que se conociera la sentencia contra el asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz, es una herida abierta que nos muestra claramente la continuidad del aparato represivo de la Bonaerense desde la dictadura hasta hoy. Cuando Julio desapareció por segunda vez, nuestra compañera del CEPRODH, Myriam Bregman y otros organismos de derechos humanos reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones. Sabían que allí pueden encontrarse los cómplices, al menos del encubrimiento de su segunda desaparición. La cifra dada a conocer en ese momento es escalofriante: 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura militar aún continuaban en funciones al año 2006.