Emergencia

Devaluación, inflación desbocada de los productos de primera necesidad, tarifazo en el transporte, suspensiones y despidos en varios establecimientos: está claro que una vez más el Gobierno pretende que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo.

Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

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Las dietas de los diputados y los salarios de los trabajadores

En estos días se publicó la noticia de que los diputados nacionales empezaremos a cobrar desde el 1º de febrero alrededor de cincuenta mil pesos de bolsillo, ya descontadas las cargas sociales y el impuesto a las ganancias.

Si tenemos en cuenta que hoy en la Argentina la mitad de los asalariados percibe menos de cuatro mil pesos mensuales, que casi el 80% de los jubilados gana la mínima de 2.800, que las asignaciones por hijo son de 460 pesos y que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación, podemos decir que el sueldo de los diputados es una verdadera provocación. Esta se agrava porque el anuncio se hace en las vísperas del inicio de las paritarias, a las que tanto los empresarios como el Gobierno buscan poner un techo para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Una de las primeras que se vienen es la de los docentes. Una maestra que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, con nueve años de antigüedad, percibe hoy 3.835 de bolsillo por cargo, el 7,67 % de lo que a partir de febrero va a pasar a cobrar un diputado. ¿Por qué un diputado -por no hablar del resto de los funcionarios políticos- se lleva por mes trece veces más de lo que se lleva una maestra de grado? Uno de los ejes de nuestra campaña electoral en Mendoza fue “que todo funcionario político gane lo mismo que un docente”, y así debe ser.

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El apoyo al Frente de Izquierda viene de la Mendoza profunda

Ha comenzado la cuenta regresiva para las elecciones legislativas. A pesar de las trabas que el Estado y los partidos del régimen nos imponen casi a diario, hemos logrado desarrollar con mucho esfuerzo una enorme campaña militante levantando las demandas más profundas de los trabajadores y los sectores populares de Mendoza.

Del otro lado, los partidos patronales con sus campañas vacuas que en realidad esconden sus verdaderas intenciones para luego del 27 de octubre ajuste contra el pueblo trabajador y represión para quienes salgan a luchar por sus derechos. Las insustanciales campañas de los partidos tradicionales han repetido los viejos versos neoliberales que vienen de los 90. En Mendoza, el PJ y la UCR nos hablan de que la provincia necesita inversores, “seguridad jurídica”, “competitividad” para las empresas y agitan el fantasma de que las ideas de izquierda espantan la inversión. Sin embargo, la empresa Vale dejó en la calle a más de 6 mil trabajadores, chantajeando al Estado con la exigencia de exenciones impositivas para que todos nosotros le paguemos la rentabilidad de la empresa.

El verso ya conocido esconde el mensaje de que el pueblo trabajador debe hacer bien los deberes y seguir aceptando mansamente el trabajo precario, los bajos salarios, la inflación, un esquema impositivo regresivo, la falta de vivienda digna y todos los problemas que se padecen cotidianamente. A esto se suma el clamor de los candidatos patronales que al unísono responden a los grandes problemas sociales con más criminalización de la pobreza y la juventud a través de propuestas como la baja en la edad de imputabilidad. Nos acusan de utópicos y se plantean la falsa idea de una Mendoza conservadora contra la cual no podemos ir, cuando en realidad son ellos los conservadores que forman parte de una casta de políticos profesionales enriquecidos que no vive la realidad del pueblo trabajador.

Sin embargo, las únicas propuestas realistas para terminar con el trabajo precario, combatir la inflación, terminar con los salarios bajos y garantizar salud y educación de calidad para el pueblo trabajador son las que planteamos desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nosotros proponemos anular todas las leyes de flexibilización laboral para terminar en serio con la “herencia menemista”. Contra una casta de políticos profesionales que viven del Estado, por fuera de la realidad del pueblo trabajador, proponemos que todo diputado cobre igual que una maestra o cualquier trabajador. También proponemos un plan de becas para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación y la reducción de la jornada laboral para todos los jóvenes que quieran trabajar y estudiar. Muchos plantean la baja de la edad de imputabilidad y la mano dura, nosotros en cambio, queremos que los jóvenes tengan una perspectiva a futuro.

Hoy muchos hablan de frenar la inflación, pero nadie dice cómo hacerlo. Creemos que las grandes cadenas de  supermercados tienen el monopolio para incrementar los precios. Deberían abrirse los libros de contabilidad para ver cuál es la verdadera rentabilidad que tienen. A partir de impuestos a los grandes empresarios se puede, por ejemplo, aumentar presupuesto de la salud pública como hoy reclaman sus trabajadores. Además consideramos que todas aquellas personas que vivan de su salario deben tener un ingreso que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en más de $7000. Estas son algunas de las ideas que venimos expresando en nuestra campaña y que se sintetizan en la consigna de llevar por primera vez una voz de los trabajadores y la juventud de Mendoza al Congreso para fortalecer la lucha por estos reclamos.

Nuestra campaña hace pie en la Mendoza profunda que venimos recorriendo día a día y donde la simpatía y el apoyo hacia el Frente de Izquierda han venido creciendo enormemente. La de los trabajadores petroleros de Luján de Cuyo. La Mendoza de trabajadores que dejan la vida en los campos del Cordón del Plata, en la que los jóvenes empiezan a levantar la voz contra el mito de la provincia conservadora como en San Rafael o la Mendoza que cuestiona cada vez más los aparatos de los partidos tradicionales y las consecuencias de años de gobierno del PJ y la UCR.

En las agitaciones callejeras en las plazas departamentales y lugares de trabajo como el Hospital Central y los carriles industriales del Gran Mendoza hemos juntado cientos de fiscales que nos ayudarán en la tarea de defender el voto y evitar el  robo de boleta al Frente de Izquierda. A lo largo y ancho de toda la provincia se desarrollaron debates como en Tunuyán, Maipú, San Martín o San Rafael.

En esta Mendoza profunda reside la fuerza que puede llevar al Frente de Izquierda a realizar una elección histórica. Los políticos de los partidos tradicionales tienen miedo de este apoyo que estamos conquistando. Por eso han llegado las agresiones como ocurrió en Luján, donde matones a sueldo amenazaron con armas de fuego a candidatos de nuestra lista. Queremos darle a la Argentina una alternativa política propia de quienes hacen mover el país: los trabajadores.

Mendoza: el Frente de Izquierda ante una elección histórica

El mito de la “década ganada” del Gobierno de CFK se choca con una realidad ineludible. La de una Argentina donde unos pocos empresarios, fundamentalmente extranjeros, se la “llevan en pala” mientras se mantiene alrededor de un 40% de los trabajadores con trabajo precarizado o en negro, y más del 70% de los trabajadores tiene salarios por debajo del costo de la canasta familiar. Según el último dato del Indec a nivel nacional, el trabajo informal subió dos puntos y medio (comparado con 2012), afectando a 4.3 millones de asalariados.

Mendoza no sólo no escapa a estos contrastes sociales y económicos, sino que, por el contrario, los confirma. Según datos surgidos desde la Subsecretaría de Trabajo Provincial, sólo en el Gran Mendoza el empleo informal alcanza a cien mil trabajadores sobre una población económicamente activa (PEA) de trescientos noventa mil. Los datos son contundentes entre los jóvenes del Gran Mendoza: hay más de treinta mil que tienen trabajos precarios y cerca de veinte mil jóvenes que poseen entre dieciséis y veinticinco años no trabajan ni estudian, según indicaba ya una investigación del Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo en 2011.

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