El gobierno nacional lleva adelante, contra viento y marea, un proyecto de reforma de la justicia que implica un riesgoso avance de las prerrogativas del Estado -y dentro de éste, del Poder Ejecutivo- sobre los particulares y los otros dos poderes que prevé la Constitución.
Además, es una evidente desnaturalización del núcleo mismo de nuestra organización institucional y ataca sin disimulo garantías claramente reconocidas desde siempre en la legislación.