La toma de los predios próximos a la Villa 20 no debiera tomarnos por sorpresa. Así como tampoco fue sorpresivo en el caso del Indoamericano hace 4 años. La Ciudad de Buenos Aires hace ya casi una década que atraviesa una crisis habitacional, reconocida por la Legislatura por las sucesivas prórrogas de la Ley Nº 1408/2004 de emergencia habitacional. Las condiciones estructurales que se presentan como escenario del conflicto hoy en Lugano no difieren sustancialmente de aquellas que dispararon la toma del Indoamericano en 2010. Según el último Censo, la Comuna 8 (V. Sodati, V. Lugano y V. Riachuelo) registra los porcentajes más altos de informalidad en la tenencia de la vivienda – casi un 20% de los hogares presentan condiciones irregulares en su tenencia, cerca del doble frente al promedio de ciudad, donde casi 200 mil personas viven en villas.

La población de la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido prácticamente estable desde 1947. Pero paradójicamente, los permisos de construcción crecieron en un 94% en la última década, concentrándose en la zona norte de la ciudad. De ahí que se habla de una ecuación de casas sin gente y gente si casas, 120 mil viviendas ociosas y 16 mil personas en situación de calle.

Se deja entrever, entonces, la falta de voluntad política en la atención de los vecinos más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Existe, de forma pronunciada desde 2007, una desarticulación en la implementación de programas de vivienda destinados para los sectores populares. Desde ese año, el ya histórico programa de urbanización de villas – creado a fines de 1980 – ha venido presentando de forma recurrente importantes niveles de subejecución. Esto implicó que el GCBA haya hecho oídos sordos frente a las diversas leyes particulares y generales que establecen la obligatoriedad de urbanizar villas. Incluso, la toma de Soldati se desarrolla en unos terrenos que debieran haber sido afectados para la urbanización de la Villa 20 según el texto de la Ley Nº 1770/2005.

Frente a las deudas pendientes y las obligaciones normativas que mantiene el GCBA respecto a las villas de su territorio, el último año la Ciudad gastó sólo $694.167,49, es decir el 24% de la partida presupuestaria que originalmente tenía prevista, y que ya de por sí es una de los más bajas en los últimos siete años. Sin embargo, esta es solo una arista del problema habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. La población que se encuentra hoy en los predios contiguos a la Villa 20 no son, como expresó el diputado nacional Federico Pinedo, latinoamericanos recién llegados que buscan usurpar tierras de la Ciudad. Ellos son ciudadanos que habitan esta Ciudad e, incluso teniendo capacidad de pago, deben volcarse a la más extrema precariedad e informalidad. Así como algunos homologaron la toma del Indoamericano a la huelga de inquilinos de 1907, los vecinos que hoy se encuentran en Lugano son aquellos que se resisten a pagar de 1000 a 1700 por alquileres informales en habitaciones de condiciones precarias.

Es imprescindible repensar el conjunto de políticas que atienden la problemática habitacional, con especial énfasis en las trabas institucionales del mercado de alquileres formal (el modo de computar los ingresos de los inquilinos y la exigencia de garantías inmobiliarias, entre otras rigideces). Estas lógicas expulsivas del mercado se vencen con más y mejor Estado. O, dicho de otra forma, con más y mejores instituciones que amparen a nuestros vecinos más desprotegidos de las condiciones leoninas a las que son sometidos cuando procuran buscar su lugar en la Ciudad.