El potencial innovador de los municipios

Desde hace ya tres décadas, los municipios asumen cada vez más responsabilidades: son los primeros receptores gubernamentales de las múltiples demandas ciudadanas y los principales responsables del desarrollo local, en articulación con otros actores no estatales. Este proceso descentralizador -no siempre impulsado formalmente- ha generado, en consecuencia, impactos directos sobre sus funciones y presupuesto, y enfrenta a los gobiernos locales cotidianamente a nuevos desafíos de gestión. Temas como la seguridad, la educación o la salud públicas, así como aquellos referidos a la promoción económica o la protección social, ganan terreno en las agendas públicas locales.

A esto se suma la general escasez de recursos que suele condicionar a la mayoría de las gestiones municipales de nuestro país. Los municipios, en general, solo pueden recaudar tasas por contraprestación de servicios o por el uso del espacio público, tributos que casi nunca se ajustan por inflación o por el crecimiento de la actividad económica. Y sus arcas aun dependen en gran medida de transferencias provinciales (coparticipación) y en menor medida de transferencias nacionales.

Esta convergencia de crecientes demandas ciudadanas y restricciones presupuestarias obliga a los líderes locales a aplicar su creatividad y pensar nuevas formas de gestionar y hacer frente a los problemas sociales para responder a las demandas ciudadanas.

Como corolario de estas singulares circunstancias surge un enorme potencial innovador en los municipios argentinos, que se constituyen en auténticos laboratorios de experimentación en políticas públicas a lo largo y ancho del país. Realizar un seguimiento de iniciativas innovadoras implementadas a nivel municipal es un ejercicio muy interesante y enriquecedor que puede ilustrarnos respecto de lo que se puede lograr cuando el hombre pone en marcha su creatividad y asume nuevos desafíos.

Este ejercicio es el que propone el Premio a la Innovación en la Gestión Pública para la Equidad y el Crecimiento (www.cippec.org/premio), una iniciativa de CIPPEC que busca no solo destacar las políticas públicas innovadoras de la Argentina, sino también inspirar a todos los gestores públicos y construir un espacio de intercambio que potencie las capacidades de los tres niveles de gobierno de forma tal de estar a la altura de las demandas ciudadanas actuales. En su primera edición, el Premio recibió 49 postulaciones de políticas innovadoras de 10 provincias y 15 municipios de todo el país. En el nivel municipal, las políticas postuladas evidencian los múltiples aspectos que supone innovar en el sector público y dan cuenta de una preocupación central de las áreas metropolitanas: cómo gestionar integralmente el espacio urbano.

Algunos administraciones innovan incorporando tecnología a la gestión que ayuda a agilizar procesos y aumentar y mejorar el caudal de respuestas del gobierno a los ciudadanos. Otros integran información para la toma de decisiones tanto públicas como individuales, abren el diseño e implementación de políticas públicas a la participación ciudadana o se asocian con organizaciones sociales o empresas para impulsar políticas con alta legitimidad local. Incorporan novedosas políticas de gestión de la educación inicial o asumen proactivamente responsabilidades respecto a la gestión del riesgo para conseguir ciudades más resilientes a situaciones críticas como inundaciones u otras catástrofes. Las iniciativas son de lo más variadas.

El potencial de replicabilidad que tienen todas estas políticas es enorme y difundirlas es un aporte concreto y valioso para mejorar el debate municipal y alentar la colaboración intermunicipal. Premiar a los innovadores también genera una sana competencia y aspira a motivar a miles de funcionarias y funcionarios públicos a destacarse por su creatividad.

Intendentes en el banquillo

Los casos de Omar Goye y Horacio Tellechea, intendentes de San Carlos de Bariloche y Necochea respectivamente, se suman a la larga lista de intendentes que enfrentaron en los últimos años procesos de destitución política a pedido de los órganos legislativos locales.

Mal desempeño en el ejercicio de la función pública, sospechas de corrupción, irregularidades en la adjudicación de viviendas o en licitaciones para compras de insumos o materiales y hasta instigación al delito son algunas de las causales que se esgrimen, repetidamente, en los informes de suspensión y destitución de ejecutivos locales firmados por concejales en varias ciudades del país.

Pero ¿cuándo y cómo puede un intendente ser destituido? Desde el punto de vista normativo, y en virtud de la organización federal-multinivel de gobierno que rige en nuestro país, no existe un criterio único o regla general que pueda ser aplicada en todos los gobiernos locales.

La respuesta está en, primer lugar, en las constituciones provinciales y sus respectivas leyes orgánicas de municipalidades que regulan el régimen municipal y otorgan, o no, autonomía a sus gobiernos locales.En este sentido, el escenario es diverso según la provincia y según la condición autonómica de los municipios.

Que un municipio sea autónomo implica que puede dictar, soberanamente y sin intervención de otros niveles de gobierno (más allá del control de constitucionalidad), las normas que regulan su funcionamiento en los aspectos económico, financiero, administrativo y político-institucional. Los municipios que ejercen la autonomía pueden, entonces, tener métodos particulares de destitución. Este es el caso de San Carlos de Bariloche, que a través de su Carta Orgánica, máxima normativa local, instituyó un sistema de destitución sui generis que incluye acusación y suspensión legislativa más referéndum popular.

Por otro lado, los municipios que no son autónomos se adecúan a lo establecido por las leyes provinciales y comparten las mismas reglas con el resto de municipios de su provincia. En el caso de Necochea, la ley exige un método más simple que Bariloche, sin necesidad de referéndum popular.

Hasta aquí lo que dicta la ley, pero ¿qué encontramos detrás de estos casos? Lejos de afianzar la autonomía municipal, los casos de Bariloche y Necochea muestran la influencia que aún tienen el gobierno nacional y los provinciales sobre los gobiernos locales.

En el caso de Bariloche, el proceso fue impulsado por el gobernador provincial y un influyente senador nacional rionegrino. En el caso de Necochea, se activó una ley provincial que ya tiene media sanción y que busca debilitar el poder de control horizontal de los concejales hacia los intendentes, y convertir a la Corte Suprema de la provincia en un actor de veto que revise sus decisiones.

Si bien los procesos de destitución de intendentes son de naturaleza política, es bajo el paraguas de la autonomía local que deberían resolverse, o sea a través de sus instituciones y actores locales. Mientras la autonomía municipal es un derecho sellado en la reforma de la Constitución de la Nación de 1994 y que año a año avanza con el dictado de nuevas Cartas Orgánicas y actualización y revisión de otras, estos casos muestran con qué facilidad se puede vulnerar este derecho, ante la influencia de poderes superiores de gobierno.

Los intendentes deben ser cuestionados y juzgados si fuera necesario, pero es fundamental que se respete la autonomía del nivel local de gobierno y resguardar, en todo el proceso, la independencia institucional local. La autonomía es el reconocimiento de que el gobierno local tiene la madurez apropiada para resolver estos y muchos otros desafíos. Por ello, no deben mediar otros intereses más que los locales.

 

Escrito en colaboración con Patricio Gigli, consultor del Programa de Desarrollo Local de CIPPEC.